La informalidad laboral y empresarial ha sido una característica persistente en la economía colombiana, afectando tanto el desarrollo económico como la calidad de vida de sus ciudadanos. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), en 2023 la tasa de informalidad laboral en Colombia alcanzó el 56% a nivel nacional y el 43% en las principales áreas urbanas. Este fenómeno, común en muchos países en desarrollo, presenta múltiples causas y consecuencias que requieren un análisis detallado para diseñar políticas públicas efectivas y sostenibles. No es una situación exclusiva de Colombia, países en iguales condiciones de desarrollo que el nuestro posee similares tasas de informalidad.
La informalidad en Colombia es resultado de una combinación de factores relacionados con la oferta y la demanda laboral, así como con aspectos regulatorios. Desde la oferta, el bajo nivel educativo, la falta de acceso a formación de calidad y la preferencia por trabajos flexibles dificultan la inserción en el mercado formal. Desde la demanda, la baja productividad empresarial, los altos costos de formalización y las barreras burocráticas impiden que muchas empresas operen legalmente. Además, la rigidez de la legislación laboral y los altos impuestos a la nómina generan incentivos para que tanto empleadores como empleados eludan la formalidad.
El informe ESPE 108 del Banco de la República destaca que la informalidad también varía por regiones y sectores económicos. Mientras que en ciudades como Bogotá y Medellín la tasa es inferior al 35%, en lugares como Sincelejo y Riohacha supera el 65%. Esto indica que las economías más desarrolladas, con mayor valor agregado y acceso a mercados financieros, tienden a generar más empleo formal.
Consecuencias de la Informalidad
La informalidad laboral y empresarial tiene impactos mixtos, es decir no todo es malo. Por un lado, permite a los trabajadores acceder rápidamente al mercado laboral, generando ingresos y evitando el desempleo: garantizan el pan diario, pero al estar en condiciones de informalidad sacrifican incluso su seguridad social. Para las empresas, operar informalmente reduce costos operativos al eludir impuestos y regulaciones que además es un delito. Los costos sociales y económicos de la informalidad son elevados, Trabajadores sin protección social, sin acceso a pensión ni seguro médico, vacaciones pagas y debido descanso; sin posibilidad de acceso a sistema pensional, cubrimiento de riesgos profesionales y acceso a cajas de compensación familiar, que son los temas laborales que mas se sacrifica en la informalidad. Este es el famoso “rebusque”. Baja productividad empresarial, al limitar el acceso a crédito y dificultar la inversión en tecnología; mientras al empresario le siga siendo rentable usar mano de obra informal y barata no se genera la necesidad de mejorar su productividad y mucho menos invertir en tecnología que mejoren los procesos laborales. Menor recaudación de impuestos, lo que reduce la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y programas sociales; La desprotección social de los trabajadores informales representa un desafío crítico para el Estado, ya que crea un desequilibrio financiero en los sistemas de salud, pensiones y asistencia social. En un modelo sostenible, estos sistemas se financian a partir de las contribuciones de los trabajadores y empleadores formales, pero cuando una gran parte de la población no cotiza, se genera una brecha fiscal que debe ser cubierta con recursos del presupuesto público. En el sector salud, por ejemplo, los trabajadores informales no contribuyen al régimen contributivo, lo que aumenta la presión sobre el régimen subsidiado, financiado con impuestos generales y transferencias del Estado. Esto reduce los recursos disponibles para mejorar la calidad y cobertura del sistema, afectando tanto a los cotizantes como a los beneficiarios del régimen subsidiado. En el caso de las pensiones, la baja cantidad de aportantes al sistema de seguridad social genera un déficit estructural, obligando al gobierno a destinar fondos adicionales para garantizar pensiones mínimas a quienes no lograron cotizar lo suficiente. Este fenómeno es insostenible a largo plazo, ya que la población envejece y el número de cotizantes no crece al mismo ritmo, lo que podría derivar en una crisis del sistema de pensiones. Además, el alto nivel de informalidad incrementa la demanda de subsidios y programas sociales, como Familias en Acción o el Ingreso Solidario, generando una carga fiscal adicional para el Estado. Este escenario limita la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, educación y desarrollo económico, perpetuando un ciclo de dependencia del gasto social. En definitiva, la informalidad laboral no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también drena los recursos públicos, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas de protección social y obligando al Estado a buscar soluciones urgentes para ampliar la base de cotizantes y reducir la carga sobre el presupuesto nacional.
El informe del Banco de la República, que acaba de ser presentado y que fue elaborado con el análisis de más de 20 académicos expertos en el tema, señala que la informalidad exacerba la volatilidad del PIB, dificultando la efectividad de la política monetaria y generando ciclos económicos más inestables. Un sector informal amplio reduce el consumo y la inversión, afectando el crecimiento a largo plazo. La informalidad aumenta la inestabilidad económica porque los trabajadores y empresas informales tienen ingresos fluctuantes y menor acceso a crédito, lo que reduce su capacidad de consumo e inversión. Esto hace que el PIB crezca de manera irregular y dificulta la efectividad de la política monetaria, ya que una gran parte de la economía no responde a medidas como cambios en las tasas de interés. Como resultado, los ciclos económicos se vuelven más volátiles y el crecimiento a largo plazo se ve afectado, ya que el sector informal no contribuye de manera estable al desarrollo productivo del país.
Desafíos para la Formalización
Uno de los principales retos en la lucha contra la informalidad es que las políticas tradicionales no han logrado resolver el problema de fondo. Medidas como el aumento del salario mínimo o las regulaciones más estrictas pueden empeorar la situación, pues generan más barreras para la formalización. Por ejemplo, el informe “Nuevas evidencias de la informalidad laboral y empresarial en Colombia de BanRep” al cual se hace referencia muestra que un salario mínimo elevado, en relación con la productividad de ciertos trabajadores, aumenta la informalidad, especialmente entre jóvenes y personas con baja formación.
Además, la informalidad no afecta a todos por igual. Las mujeres han mostrado una reducción en su tasa de informalidad gracias al auge del teletrabajo y el acceso a herramientas de formación virtual. Sin embargo, los trabajadores más jóvenes y aquellos con menor educación siguen enfrentando dificultades para acceder al empleo formal.
Impacto de Políticas Públicas
Colombia ha implementado varias estrategias para reducir la informalidad, algunas con efectos positivos. La Ley de Primer Empleo (2010) y la Reforma Tributaria (2012) incentivaron la contratación formal, mientras que el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) ayudó a sostener empleos durante la pandemia. Sin embargo, la falta de seguimiento y fiscalización ha limitado su impacto. Se necesita mas que programas una política de estado estratégica para el tema.
El informe del Banco de la República sugiere que reducir los impuestos a la nómina podría ser una estrategia efectiva para fomentar la formalidad y mejorar la productividad. En otros países, esta medida ha permitido que más empresas ingresen al sector formal, generando empleo de mejor calidad y aumentando la recaudación fiscal a largo plazo.
Para enfrentar la informalidad, es crucial adoptar un enfoque integral que contemple la Reducción de costos de formalización, simplificando trámites y eliminando barreras burocráticas. Incentivos fiscales para empresas que generen empleo formal y cumplan con estándares laborales; combinado con sanciones severas que castiguen la informalidad laboral. Programas de capacitación laboral, especialmente en sectores con alta demanda y baja oferta de trabajadores calificados; Colombia debe tener una política publica educativa que esté articulada a su política pública de empleo, son dos cosas que van de la mano. Fortalecimiento de la fiscalización y sanciones efectivas para empresas que operan ilegalmente; no es posible que mientras se satanice al sector público de ser el causante de la corrupción, el sector privado y productivo tenga trabajadores informales, eso es corrupción de la que pocos hablan. Acceso a crédito y financiamiento para pequeños empresarios, facilitando su transición a la formalidad, facilitando el capital de trabajo que es el que permite que los empleadores cumplan a tiempo con sus obligaciones.
El estudio concluye que la informalidad laboral y empresarial sigue siendo un desafío estructural para Colombia. A pesar de los avances en su reducción, las políticas actuales aún no han logrado transformar el panorama laboral del país. Combatir la informalidad no solo requiere regulaciones más flexibles e incentivos adecuados, sino también un cambio en la mentalidad empresarial y en la percepción de los trabajadores sobre los beneficios de la formalización. La solución debe ser integral, combinando educación, financiamiento, fiscalización y medidas que impulsen el crecimiento económico con equidad y sostenibilidad. Colombia es un país de microempresarios y emprendedores pequeños a los cuales no se les puede exigir cumplir las mismas condiciones y cargas; talvez ahí esta el detalle.
Si deseas ampliar la información, el estudio es público y se puede consultar en: https://investiga.banrep.gov.co/es/espe/espe108
Si deseas consultar y leer más artículos del autor te invitamos a visitar: https://econo-logia.blogspot.com/
Juan David Hurtado Bedoya.- Ingeniero Ambiental y Economista
Abriendo los concursos para que el personal que trabaja con tercerizaciones de supuestas cooperativas pueda ser nombrado formalmente. Y dejen de quedarse los dueños de esas pseudocooperativas con buena parte del dinero