En la discusión que abarca muchos años relacionada con la Mutilación Genital Femenina (MGF), que no es cuestión distinta a la extirpación del clítoris o parte de él sin ningún propósito científico, no se ha llegado a nada trascendental. Se afirma que esta práctica cubre 94 países y en Colombia (único en el contexto latinoamericano) ocurre en las comunidades emberas que tienen asiento especialmente en Risaralda. De acuerdo con Equality Now, afecta en el mundo a 230 millones de mujeres y niñas y no vacila esta ONG de calificar tan nefasta actitud como violencia de género, étnica y sexual, pidiendo luchar por su erradicación. La movilización para erradicar la MGF tiene solicitudes numerosas para que el tema se inserte en las diversas agendas que tratan aspectos feministas, más teniendo de presente las realidades sociales y económicas de esta etnia maltratada.
Decir que esta aparición proviene de la cultura autóctona para poner una mampara que la invisibilice, es atentar contra la vida y la salubridad, máxime si se realiza en condiciones y sitios faltos de higiene y contaminados. Los emberas defensores sostienen que la intervención es una “curación” para que no se desarrolle el tejido propio y la mujer sea fiel. A eso dice Juliana Domenico de la Confederación de la Gran Nación Emberá (CONNPEC) que la “cura” tiene la pretensión equivocada para que las féminas no sean “promiscuas” y si “deseables para contraer matrimonio”, y agrega en declaración periodística: “el miedo a esto implica a muchas familias a seguir con la práctica, aunque se sientan incómodas con eso”. Independiente de este mito, su manipulación sin cuidado quirúrgico es causa de infecciones, hemorragias que pueden inducir a la muerte, ulceración vaginal y conlleva malestares corpóreos y mentales. En Colombia están en trámite dos proyectos; y el reciente es gracias a la preocupación de la Representante a la Cámara Carolina Giraldo, quien con sus colegas Jénnifer Pedraza, Alexandra Vásquez y la senadora Angélica Lozano, enfrentan este fenómeno que algunos en religión denominan iniquidad anticristiana.
Es bueno saber que las comunidades emberas las componen cinco familias en 19 departamentos y no todas operan la modalidad de “cura” ni la tienen en condición de “práctica cultural” y la han rechazado desde que se supo en 2007 la muerte de una recién nacida chamí en jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, que ha sido un hecho para despertar conciencia que sin duda será decisivo en la aprobación de la ley por el bien de la población indígena y en general haga brillar las mejores concepciones de la esencialidad femenina. Ese es el espíritu que anima la sensibilidad sociológica y patriótica de la congresista Carolina Giraldo. Ella ha venido haciendo causa y equipo con la CONNPEC (Nación Emberá), con Juliana Doménico, destacada dirigente de tal organización; Equality Now, entidades europeas y norteamericanas que combaten la MGF en el globo terráqueo. Es de primordial razón comprender que el proyecto presentado no tiene carácter punitivo, entre otras cosas la mujer embera no lo toma como un delito sino algo acondicionado desde la lejanía como una costumbre fijada en creencias y efectos distintivos, aunque Claudia Pergamo de la comunidad katío explica que no es tradición en su grupo. La ambientación es de modo preventivo en una pedagogía que eleve conceptualmente el respeto, la dignidad y la salud de las mujeres sometidas a algo contrario a los Derechos Humanos; ello es urgente. En la concurrencia del magisterio apreciativo hay campo educativo y social que va a necesitar recursos importantes. He aquí un fértil y sostenible apoyo por parte del Ministerio de la Igualdad, en el caso que corrija su improductividad. Además, como lo dice la Representante Giraldo, este es un tema de agenda pública que requiere prontitud y obligatoriedad.
El 6 de febrero se celebró el Día Internacional de Tolerancia Cero Contra la Mutilación Genital Femenina, y el siguiente 7 se presentó el proyecto de ley ya referenciado, siendo estas circunstancias motivos simbólicos en la decisión inquebrantable de proteger la integridad y la vida de niñas y mujeres.
