Con claridad se puede afirmar, por las alarmas que se han disparado, que los corredores e intersecciones previstos en el lado de Risaralda en condición de peajes causados por el recolector Cerritos II, se hallan en entredicho. Y no es para menos. La preocupación, transcurridos cuatro años de haber comenzado el proceso, después de muchas reuniones, aclaraciones, discusiones que dividieron a la dirigencia y llegar finalmente unidos a apoyar la decisión de los gobiernos departamental y nacional en la determinación de optar el plan denominado “Vías del Samán”, y la creación de un comité interadministrativo público (IP), con manejo del recaudo en fiducia por Findeter y la coordinación de Invías, contando con un grupo técnico ad honorem dirigido por Felipe López, y las asociaciones de ingenieros de Risaralda, que de manera permanente han prestado un eficaz apoyo. Además, los gremios, la Cámara de Comercio y Vigía Cívica, constituyeron una Veeduría Ciudadana presidida por el ingeniero Luis Fernando Mejía, que con rigor, esmero y seriedad ha venido actuando con los responsables oficiales y contratistas en el ámbito pertinente.
Hay otro tema que es la fuente financiera originada en el Peaje de Cerritos II, que cuenta para este programa con algunos recursos en caja y ante su importancia estratégica se elevó el término de concesión de 16 a 25 años. Lo que entusiasmó la constitución de la IP fue el interés de vinculación crediticia a la Fiducia de varios bancos con lo que las obras serían coetáneas en los distintos frentes: 11 kilómetros de la nueva calzada Cerritos- La Virginia, 13 kilómetros de doble La Romelia- El Pollo, tres intersecciones entre ellas la de Galicia que actualmente con desfase se viene adelantando en jurisdicción de Risaralda, sin contar las del Norte del Valle.
Lo grave es la seguidilla de relevos directivos en el Ministerio del Transporte y en su agencia Invías, que en gran parte ha causado trastornos en el buen acontecer de la propuesta. Existe un aspecto fiscal a considerar: los estimativos se elevan poniendo en riesgo su ejecución; ejemplo es el corredor La Romelia- El Pollo que de una partida de $210 mil millones, y que ya debía estar en construcción, se calcula ahora en $900 mil millones. De ahí que el diputado Durguez Espinosa diga que en ese orden solo alcanza para 4 kilómetros. El presupuesto total inicial fue de 1.2 billones de pesos. Hay que añadir algo más en el caso de Galicia: no hay fecha cierta de entrega, independiente de la parálisis de meses que se vivió en razón de una tutela ambiental. Se habla de que aún faltan por resolver allí diligencias prediales. Si se descuida la única labor constructiva que hoy existe (así sea a medias), corre peligro de quedar inconclusa. No está por demás decir que prácticamente el Gobierno central ha entrado en modo preparativo de la política electoral, siendo por ello la existencia administrativa baja y enredada. Y conste que aquí las erogaciones salen del apalancamiento del peaje y no del presupuesto nacional. Es vital que los gobernadores Dilian Francisca y Juan Diego activen sus baterías cívicas para salvar de la cuerda floja una iniciativa pública que tiene plante propio, continuo y sostenible de los ciudadanos por el uso de las vías que transitan y que de acuerdo con la ley 105 que regula lo de los peajes, el 50 por ciento se utiliza en el sector que lo produce y el otro 50 en las zonas de influencia, pero sin ambages el desarrollo Vías del Samán es más notorio y positivo en lugares del Valle, y en Risaralda la problemática ha llevado al mandatario Patiño a expresar que el departamento “no va a recibir cunchos de plata… donde se paga un peaje costoso y no se ven las obras respectivas”. También se queja el gobernante que el Comité Consultivo no se ha reunido y exige su pronta intervención. La posición del señor gobernador merece el respaldo firme de la ciudadanía departamental. Los congresistas que siempre han estado atentos a la suerte del territorio, deben redoblar esfuerzos y hacer valer las dignidades que ostentan al servicio de la causa común, y sobre todo en este instante agónico.
Al expresar la necesidad de reunir la Junta rectora es para determinar el estado del proyecto, de exigir seriedad y darles a las poblaciones las explicaciones propias, pues, su malestar radica en no saberse nada de tan importante proyecto.
Jaime Cortés Díaz
