¡PAREN LA CONCESIÓN…!

El Ingeniero Carlos Alfredo Crosthwaite ha presentado una solicitud al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, donde pide la revocatoria inmediata del proceso que actualmente se tramita para entregar en concesión el servicio de alumbrado público de la ciudad.

El documento cuestiona el uso inadecuado del Estudio Técnico de Referencia (ETR), refiriéndose a la actualización elaborada por GENSA en 2024, el cual, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018, debió servir como fundamento para ajustar las tarifas del impuesto de alumbrado público y no para justificar una concesión.

También denuncia una gestión incorrecta de los recursos del impuesto de alumbrado público en 2024, al no reinvertirse ni devolverse a los contribuyentes generando excedentes que no deberían existir. Y advierte que el Acuerdo 032 de 2000, que fijó para Pereira las tarifas actuales del impuesto, está derogado de facto por no haber sido actualizado conforme a la Ley 1819 de 2016, lo cual, en concepto del peticionario, impide legalmente suscribir una concesión basada en tarifas obsoletas.

Complementando los argumentos del Ingeniero, desde la Corporación VIGÍA Cívica advertimos que el artículo 7 del Decreto 943 de 2018 exige que esas tarifas se fijen a partir de un estudio técnico actualizado cada cuatro años, lo que, para Pereira, debió hacerse en 2024 y no se hizo, por lo que el cobro que ahora se factura puede ser declarado ilegal, mediante una acción de nulidad, que acarrearía la obligación de reembolsar dinero a los contribuyentes.

Además, los entes de control, especialmente la Contraloría y la Procuraduría deberían investigar la evasión de la obligación, que le impone al Municipio el Artículo 5 del Decreto 943 de 2018, de publicar el Estudio Técnico de Referencia de su alumbrado público y sus actualizaciones, en su web oficial, para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de los usuarios.

Ni el estudio de Právne Consulting Group de 2018, ni la actualización que le hizo Gensa en 2024, están publicados en web de la alcaldía de Pereira. Están ocultos y esa condición subrepticia ha facilitado que desde el Municipio se diga, sin fundamento, que el documento de Gensa recomienda la concesión como mejor posibilidad para la prestación del servicio de alumbrado público para Pereira, cuando lo cierto es que elegir la concesión no partió de un análisis comparativo riguroso y documentado, como debió ser una decisión que involucra recursos superiores al medio billón de pesos y prestación del servicio por más de 20 años.

Además de posibilitar que esa inexactitud haya hecho carrera, ese ocultamiento es la causa de que las opciones de prestación del servicio, diferentes a la concesión, que eventualmente pudieron ser de mayor provecho para la ciudad, no se hayan tenido en cuenta ni por el Consejo Municipal ni por la ciudadanía.

Y, además, ha facilitado que los pereiranos desconozcan el sombrío diagnostico contenido en la página 229 del estudio referido: «Con las tarifas actuales del Impuesto de Alumbrado Público el resultado de las proyecciones es negativo, por lo cual se requiere incrementar en un 4,9% el valor de la facturación y mantener la eficiencia del recaudo con el comportamiento actual.». El estudio presenta a continuación una propuesta de tarifas incrementadas “que permita garantizar la ejecución de las inversiones en materia de infraestructura, y desarrollos tecnológicos en los escenarios de 15 a 25 años.”

Entonces cabe preguntarse: ¿ocultar otras posibilidades de manejar el alumbrado público de Pereira y la necesidad de incrementar las tarifas del servicio, tuvo el propósito para favorecer la opinión ciudadana frente a la concesión?

Por todo lo expuesto, adherimos a la petición de detenerla, presentada por el Ingeniero Crosthwaite, pues consideramos muy grave que se otorgue cuando, de acuerdo con el diagnostico transcrito, originado en una empresa consultora contratada por el Municipio, carece de cierre financiero.