La violencia que acongoja al país, alimentada por el narcotráfico en condición de raíz y motor de la economía subterránea, se incrementa con el reclutamiento forzado infantil y de adolescentes en las filas y campamentos de las estructuras que disfrazan su acción criminal con denominaciones patrióticas, a la vez que refuerzan la capacidad de fuego, de inteligencia, de terrorismo, de dominación territorial y comunitaria en tendencias crecientes, lo cual ha hecho sonar las alarmas en especial las del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, quien ha pedido al Gobierno reforzar la lucha contra este flagelo que destruye a las familias de las víctimas, coloca a los forzados en “carne de cañón”, los corrompe, los abusa sexualmente y los matricula en esclavismo.
No solo van a sus casas para arrebatarlos sin consideración, también los contactan a través de videos en frenesí de grandeza y poder que dan las armas en las que los chicos y chicas pueden disparar 40 proyectiles en menos de 4 minutos. A esto le agregan una forma fácil de conseguir dinero que sus progenitores no están en capacidad de darles, fiestas y música de su gusto. El incremento ha sido del 1000 por ciento en reclutamiento de menores en los últimos cuatro años, lo que representa una cifra por encima de 400 en 2024 que crispa los nervios convirtiéndose asimismo en un factor que ha aminorado en gran escala la capacidad de la Fuerza Pública de combatir a los grupos ilegales tanto en sus desplazamientos como en las unidades campamentarias, pues, han captado apoyo en la orden gubernamental de no atacar a beligerantes o sitios en donde se encuentren niños, niñas o adolescentes ya que eso haría incurrir a los militares en “delitos de guerra” y repugna al Derecho Internacional Humanitario. Esto hizo que se maniatara a las tropas y a la aviación para enfrentar focos predeterminados. Los facinerosos entendieron la consigna para aumentar el reclutamiento de manera desmedida sin que los dispositivos del Estado puedan golpear rotundamente. Entonces, introducir menores en las organizaciones generadoras de violencia, les sirve de escudo protector ocultando que ellas, por engaño o amenaza, al colocarlos en peligro son las verdaderas autoras de crímenes de guerra y por lo tanto cabezas de juzgamiento en los tribunales internacionales; en cambio las armas de la República van legalmente hacia puntos determinados como “objetivos militares”.
Al respecto, Campbell dice: “el reclutamiento de menores de edad es una de las violaciones más graves a los derechos humanos”, y en consecuencia exige al gobierno impulsar las medidas de prevención y protección. Los victimarios aprehenden en mayor cantidad en el Cauca y temen que en el Catatumbo se escalará este diabólico plan. Las poblaciones indígenas y campesinas son muy golpeadas por tales delitos. Los depredadores observan su provisión en razón de instrumentalización y no de respeto humano; son de todos los coloridos: disidencias Farc, Estado mayor y principalmente ELN y Clan del Golfo. Muchos dolientes esperan que el nuevo Papa, León XIV, haga un pronunciamiento fuerte condenando esta sevicia y pidiendo a la comunidad mundial su solidaridad con el pueblo de Colombia en la lucha por la dignidad de la infancia.
Lo dicho por la ONU consolida la reiterada preocupación de la Defensoría del Pueblo que señala que al término del año pasado ese organismo en sus 42 regionales registró 409 casos frente a 342 en 2023, y aclara que “es importante precisar que el subregistro impide cuantificar con exactitud la magnitud del problema, así como presuntas responsabilidades”. Lo cierto es que de lo reportado allí el 61 por ciento son masculinos y el 39 féminas, desagregado así: 51 por ciento indígenas, 27 sin grupo étnico, 16 sin información y 6 por ciento afrocolombianos.
Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP denuncia que cada 48 horas es reclutada una persona menor. Cuando existían las FARC-EP “forzaron el ingreso de 18,667” de ese etario y la práctica siguió en otras agrupaciones. La Fiscalía de la JEP ha manifestado que “la continuidad de este crimen de guerra constituye una violación de las garantías de no repetición y un obstáculo para la construcción de la paz”.
Jaime Cortés Díaz
