miércoles, febrero 4, 2026

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Cuando se ha anunciado la adjudicación de la concesión que por los próximos 25 años manejará el alumbrado público de Pereira, podría decirse que, adaptando la sentencia bíblica, “todo está consumado”, pero, en realidad el daño se produjo desde el momento mismo en el que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y los concejales de la ciudad, un día festivo, en la noche, en una sesión casi furtiva, impusieron a los pereiranos la concesión de su sistema de alumbrado público.

Un negocio innecesario, por decir lo mínimo, dado que los recursos para la modernización del alumbrado público de la Ciudad están asegurados pues provienen de fuente de destinación específica y FINDETER o cualquier banco privado podrían financiar la operación con ese respaldo y el Municipio conservaría el manejo del servicio ahorrándose lo que obtendrá el concesionario. Todas las grandes ciudades del país, con excepción de Barranquilla, lo han modernizado así.

Cuando el Concejo Municipal de Pereira autorizó la concesión desde la Corporación VIGÍA Cívica dijimos: «La actitud genuflexa de los cabildantes fue, además, irresponsable al otorgar, sin análisis y sin escuchar a la comunidad, una autorización en blanco para que el alcalde comprometa, en una concesión, una suma que podría superar $600.000 millones de pesos en los próximos 20 años, del Impuesto de Alumbrado Público, que pagamos los pereiranos de todos los estratos socio -económicos.

Sin molestase en examinar, siquiera someramente, las otras siete fórmulas para la prestación del servicio, contenidas en el estudio de Gestión Energética S.A. (GENSA), de 2024, por el que el Municipio pagó una gruesa suma de dinero y que contiene sendas matrices DOFA sobre cada una de ellas. Opciones que, desde la Corporación VIGÍA Cívica, relacionamos a cada uno de los concejales en cartas que enviamos a sus correos electrónicos el pasado 28 de octubre, advirtiéndoles de la existencia de las matrices DOFA, que el gobierno de la ciudad les había ocultado.», de manera que el acto de adjudicación del pasado 29 de mayo de 2025 fue sólo para darle vida jurídica al asunto.

Como VIGÍA Cívica, en agosto de 2023 y en una columna de prensa titulada “En guardia por el alumbrado público” advertimos: «Las inmensa sumas de dinero que genera el impuesto de alumbrado público, atraen a grandes contratistas para meterse en el de las ciudades colombianas, ejemplo de los cuales podría ser el Sr. Hilsaca, nombrado en el escándalo de los financiadores de la campaña presidencial y de quien Dinero.com afirma que: «concentra más de la cuarta parte de las concesiones para operar este servicio público en el país». Por todo lo anterior, en Pereira debemos estar en guardia.»

Ahora, American Lighting S.A.S, una de las empresas del conglomerado de la familia Hilsaca, se ha quedado con la mayor parte de la concesión del alumbrado público de Pereira, pues tiene el mayor porcentaje en el Consorcio Ilumina Pereira, que es ya el adjudicatario de ese servicio en la ciudad.

Los antecedentes del grupo Hilsaca, conformado, entre otras empresas por la ya nombrada American Lighting y AGM Desarrollos, son reveladores, pues varios de sus contratos con distintos municipios del país se han asociado con financiación de campañas electorales.

La revista Semana, el 21 de abril de 2014, publicó: «El mapa de otras quince concesiones en Bolívar, incluidos municipios de la relevancia de Turbaco, Arjona y Carmen de Bolívar, coincide en buena medida con el meridiano de la financiación de las campañas políticas por parte de Hilsaca. No obstante, hay quienes creen que este “argumento cartográfico” es simplista porque el empresario, por controvertido que sea, no ha hecho nada distinto a lo que hacen sus competidores, según se refleja en los libros de campaña registrados en el Consejo Nacional Electoral.»

Aunque algo extenso, vale la pena transcribir un fragmento de La Silla Vacía que en octubre de 2021 y con el título: “El emporio Hilsaca se quedó con el alumbrado público de Neiva”, publicó: «Los ruidos de Hilsaca como financiador de campañas en ciudades donde se ha ganado los contratos del alumbrado público no son nuevos. Esa fue la misma hipótesis que se planteó en Cúcuta en 2016 cuando sus empresas se quedaron con el negocio en esa ciudad.

Aunque el empresario ha desmentido que su crecimiento empresarial obedezca a las relaciones políticas que ha tejido, él mismo le reconoció a Semana, en 2005, que sí ha patrocinado aspiraciones políticas y que para esa fecha no recordaba cuántas. Y hay por lo menos una evidencia concreta en que un alcalde al que el “Turco” le financió parte de la campaña le entregó una concesión.

Es el caso del entonces alcalde de Cartagena, Alberto Barboza, a quien el “Turco” le aportó a su campaña, y quien en 2005 le entregó a Caribe Verde, otra de las empresas del empresario, la concesión del relleno sanitario en esa ciudad

Tampoco es novedad que los procesos de contratación que ganaron sus empresas hayan sido cuestionados. En 2018, la Procuraduría destituyó al exalcalde de Ocaña, Norte de Santander, Jorge Sánchez Osorio, porque favoreció directa y voluntariamente a AGM Desarrollos con la adjudicación del contrato de concesión del alumbrado público en 2013.»

Entre 2019 y 2023 ha habido referencias en al menos cinco departamentos colombianos a empresas del grupo Hilsaca que obtuvieron contratos tras aportes registrados, o no, a campañas políticas locales, generando cuestionamientos por eventuales conflictos de interés y por clientelismo.

La historia muestra que los financiadores de campañas políticas, muchas veces, persiguen gratificaciones económicas a través de obtener contratos de sus patrocinados y en tales casos su retribución sale de los recursos públicos involucrados en esos contratos.

Ahora, American Lighting S.A.S, una de las empresas de ese grupo, tiene el mayor porcentaje del consorcio Iluminamos Pereira, al que se le adjudicó la concesión del alumbrado público de la Ciudad. Entonces cabe preguntarse: ¿Habrá algo detrás de la concesión de Pereira?

 

1 COMENTARIO

  1. Obvio que si esta adjudicación se realizó casi unilateralmente, sin el debidamente proceso y sin tener en cuenta los estudios que habían adelantado los cabildantes, se trata de un pago de favores electorales, nada raro que Mauricio Salazar e Irma Noreña ejerzan ese tipo de prácticas, pues ya son reconocidos por eso y además de frente a la ciudadanía que no se escandaliza ni siquiera con la publicidad que hacen con fondos del Estado, para financiar la campaña de Irma al Senado

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