LA VERDAD SALDRÁ, AL FINAL A LA LUZ.

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Uno de los pilares de nuestra democracia es el principio de transparencia, en él se funda la confianza mutua entre gobernantes y ciudadanos. Los gobernantes juran cumplir y defender la Constitución y la Ley, y desempeñar fielmente sus funciones, lo que conlleva la obligación de informar verazmente todo lo relacionado con los asuntos y decisiones que son de interés de la comunidad. No pueden ocultar o tergiversar información relevante en la toma de decisiones que afectan nuestros derechos, o manipular la ley para favorecer sus intereses. Cuando se difunde o se informa falsamente sobre las decisiones o el acatamiento de la ley, se afecta de manera grave el Estado de derecho

Lo anterior, viene aconteciendo hace ya mucho tiempo en nuestra ciudad, cuando los alcaldes han ocultado y acomodado los fundamentos legales para la toma de importantes decisiones, ocasionando graves daños al patrimonio público, y nuestros derechos. Una de ellas y que ha generado graves daños a la economía de hogares y empresas, fue la desastrosa actualización catastral para la vigencia 2021. No es sino mirar el aumento y ruinoso estado de la cartera del impuesto predial para sacar conclusiones.

Recientemente el alcalde Salazar Peláez, convocó una licitación pública, para la escogencia del concesionario del servicio de alumbrado público, y la iluminación ornamental y navideña del municipio. Durante el trámite del proceso se presentaron serias observaciones por parte de proponentes, veedores, y organismos como Procuraduría y Secretaría de Transparencia de la Presidencia, sin que las mismas hayan sido objeto de fundadas y serias respuestas. Finalmente, este proceso se adjudicó a la firma costeña UNION TEMPORAL ILUMINA PEREIRA representada por Humprey Enrique García Ballesteros, por un plazo de 25 años.

El pasado 5 de mayo, antes de su adjudicación, radiqué petición ante la alcaldía, solicitando la suspensión del proceso licitatorio, pues para tramitar esta concesión, se estaban utilizando los acuerdos municipales 32 del 2000 y 29 de 2015, los cuales perdieron su vigencia el 19 de mayo de 2019, en cumplimiento de la Ley 1819 de 2016, y su Decreto reglamentario 943 de 2018, o sea, desde esa fecha nos cobran alumbrado sin que exista el Acuerdo respectivo, y por consiguiente no podía concesionarse su prestación.

Recibí respuesta el 5 de junio por parte de la secretaria de Infraestructura, DIANA YANETH Osorio, donde sobre la existencia de acuerdo de tarifas, expresa: “Nos permitimos indicar que este aspecto fue ampliamente discutido e ilustrado en el numeral 4° del presente documento, con lo cual, basta con recordar que actualmente las tarifas del Impuesto de Alumbrado Público se encuentran establecidas en el Acuerdo No. 029 de 2015, el cual se encuentra vigente y no requiere modificación alguna. Así las cosas, se concluye que las peticiones formuladas por el peticionario son improcedentes, motivo por el cual el municipio se NIEGA a acceder a estas”.

No satisfecho con esa respuesta, procedí a ampliar la petición, incluyendo otros aspectos relevantes, que comentaremos en otra columna, y radiqué nueva petición el 11 de junio, recibiendo respuesta este 26 de junio, esta vez por parte de la secretaria Jurídica SANDRA ASTRID LOPEZ, en la que afirma lo siguiente: “En tal sentido, sus pretensiones primera y segunda de la solicitud presentada; con las que pide la revocatoria expresa de los acuerdos 032 de 2000 y 029 de 2015, son por completo procedentes y necesarias. Y en esa medida se dará inicio inmediato al correspondiente trámite administrativo, tendiente a la creación y presentación ante el Concejo Municipal del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se surta la revocatoria de los acuerdos respectivos y se armonice el impuesto de alumbrado público, con base en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018”.

En síntesis: Esta alcaldía convocó y adjudicó la concesión del servicio de alumbrado público, entre otras fallas, sin el Acuerdo de tarifas respectivo, y ahora, ya adjudicado, va a tramitar un nuevo Acuerdo de tarifas, lo cual es completamente ilegal. Procederemos a presentar las demandas ante la justicia administrativa, solicitando se suspenda y revoque esta espuria contratación. De igual manera presentaremos ante los organismos de control, las demandas disciplinarias y penales, para que se investigue y sancione a los responsables de esta flagrante violación de la ley. Por más que pretendan ocultar con falsedades y evasivas el cumplimiento de la ley, la verdad deberá salir al final a la luz.