Por: Javier Ríos Gómez
Durante generaciones, la política fue concebida como una vocación ética, una herramienta para servir al bien común y un ejercicio noble de liderazgo.
Gobernar implicaba representar intereses colectivos, tomar decisiones con sentido de responsabilidad social y, en muchas ocasiones, asumir el poder como un deber más que como un privilegio.
En Colombia, este ideal tuvo vigencia durante décadas, la representación política se ganaba por méritos, por trayectoria, por el respeto ciudadano.
Muchos líderes, especialmente en los orígenes republicanos, ofrecían sus servicios al Estado sin esperar compensación alguna, impulsados por un sentido de pertenencia y compromiso con el país.
El panorama ha cambiado de forma radical, la política, que alguna vez fue sinónimo de servicio público, ha derivado en uno de los negocios más rentables de la economía nacional.
Hoy, lo que predomina es una estructura perversa que convierte el acceso al poder en una estrategia de acumulación de riqueza mediante la captura del Estado.
Este fenómeno no surgió de manera abrupta, fue el resultado de un deterioro progresivo del sistema político, marcado por la sustitución del mérito por el clientelismo, por el debilitamiento de los partidos como plataformas ideológicas y por la conversión de las campañas en simples inversiones financieras.
La política dejó de ser una competencia de ideas para convertirse en una competencia de capital.
Surgieron entonces las llamadas “empresas políticas”, estructuras con funcionamiento casi corporativo, diseñadas para maximizar ganancias a partir del ejercicio del poder, donde cada voto se convierte en una transacción, los contratos en recompensas y los cargos públicos en fichas negociables dentro del engranaje de una maquinaria electoral.
El presupuesto público —recurso colectivo por definición— se convirtió en un botín, la carrera política dejó de ser una vocación y pasó a ser una operación empresarial con altísima rentabilidad y bajo riesgo penal.
En este esquema, los intereses colectivos son desplazados por las agendas privadas y el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en instrumento de lucro.
La corrupción, más que una excepción, se ha normalizado como parte del paisaje institucional y ya no escandaliza. Se ha naturalizado hasta convertirse en un método de enriquecimiento sistemático, aceptado tácitamente por una parte del electorado que ha caído en el escepticismo y la resignación.
Pese a las normas, los controles y los discursos de transparencia, las campañas siguen siendo financiadas con recursos opacos. Contratos amañados, sobornos disfrazados y conciencias compradas alimentan el círculo vicioso del poder por el poder.
Los datos son elocuentes, muchos funcionarios llegan al poder con patrimonios modestos y lo abandonan con fortunas que no resisten el más mínimo análisis de origen.
La política como negocio supera, en términos de retorno, cualquier emprendimiento legal.
Una paradoja que deja al descubierto una falla estructural, el poder público está siendo utilizado como plataforma de acumulación ilícita y lo más inquietante, los ciudadanos lo saben, pero lo toleran.
La abstención electoral supera regularmente el 50%, y una parte significativa de quienes votan lo hacen por los mismos perfiles que han demostrado ineficiencia o corrupción.
La frase popular “más vale malo conocido que bueno por conocer” se ha convertido en una sentencia autoimpuesta que perpetúa el círculo de mediocridad y saqueo institucional.
No obstante, entre las grietas del sistema, emergen liderazgos nuevos, propuestas ciudadanas y movimientos que reivindican la ética pública, la preparación y el interés colectivo.
Estos esfuerzos solo tendrán impacto real si el cambio trasciende las urnas, necesitándose una transformación cultural profunda que revalorice la política como instrumento de construcción social, no como herramienta de acumulación individual.
La política como negocio, no es solo un síntoma de corrupción, es evidencia de un sistema cooptado por intereses particulares y aunque la solución no es simple ni inmediata, la historia enseña que ningún régimen es permanente cuando la ciudadanía decide cambiar el rumbo.
Colombia debe asumir el riesgo de creer en la honestidad, en el mérito y en una visión de país que priorice lo colectivo sobre lo individual.
Como lo advirtió José Martí, “La política es el arte de cuidar los destinos del hombre” y tal vez ha llegado el momento de recuperar esa esencia.
¡Excelente! «Donde hay dinero y poder, todos son del mismo partido o religión «. Todos hacen oposición hasta que llegan los contratos o nombramientos a familiares o a ellos mismos. No importa la corriente política.
Es una triste realidad ver como los presupuestos de los entes territoriales se convirtieron en un botín, en donde pululan métodos para expoliarlo, una tragedia. Pereira tiene de solo recursos propios más de $400.000 millones por año, una maravilla si se aplican de manera racional, pero no, hay un alcalde derrochón que se está gastando solo en unas fiestas más $13.000 millones de pesos. Pero no hay para mejorar la infraestructura de los colegios. Una tragedia la que vivimos
Aquí tienes un comentario académico que articula la importancia de resignificar el quehacer político desde la perspectiva que planteas y en diálogo con el artículo que compartiste:
—
**Comentario académico**
Resignificar el quehacer político en Colombia exige un ejercicio de memoria histórica y de conciencia crítica que permita diferenciar, con claridad, a los líderes comunitarios comprometidos con las soluciones reales de sus territorios de aquellos “políticos profesionales” que han reducido la gestión pública a una plataforma de enriquecimiento personal. El artículo presentado expone, con rigurosidad, cómo la política ha transitado de ser una vocación ética orientada al bien común, hacia un modelo empresarial sustentado en el clientelismo, la captura del Estado y la normalización de la corrupción como práctica cotidiana.
En este contexto, el poder ligado al manejo de recursos públicos ha terminado, con demasiada frecuencia, en el robo sistemático y la mentira institucionalizada, erosionando la confianza ciudadana y alimentando el escepticismo electoral. Este deterioro ha sido reforzado por un marketing político que fabrica figuras mediáticas aptas para las redes sociales, pero desconectadas de las realidades y urgencias de las comunidades de base. Tal fenómeno explica el repudio generalizado hacia la clase política tradicional y la pérdida de prestigio de la actividad pública como ejercicio noble.
Es imperativo rescatar el liderazgo de base, aquel que no conoce la tecnocracia del saqueo, sino el clamor genuino de las gentes, y que es capaz de generar procesos de transformación y resistencia mediante ejercicios de democracia directa. Dicho liderazgo se opone a la lógica del “poder por el poder” y se orienta hacia la acción colectiva y el fortalecimiento del tejido social, incluso frente a un Estado parcialmente cooptado por la politiquería.
El llamado es a fomentar un **progresismo ético** que actúe como antídoto contra las dinámicas perversas del sistema, y que no se limite a la alternancia en el poder, sino que transforme las relaciones entre ciudadanía, instituciones y territorio. Colombia atraviesa un momento propicio para repensar esta relación: la aparición de nuevas propuestas y liderazgos comunitarios debe ser acompañada de una ciudadanía vigilante, capaz de aguzar la crítica y trascender la mera participación electoral hacia una acción social sostenida y trascendente.
La resignificación de la política no es una tarea romántica, sino un imperativo histórico: o se recupera su sentido de servicio y construcción colectiva, o se perpetúa un modelo en el que la administración pública seguirá siendo un botín, y no una herramienta para garantizar derechos y promover el bienestar común.
«La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos». Sostuvo, con razón, Louis Dumur
Un detonante de esta corrupción y saqueo de las rentas públicas fue la elección popular de alcaldes y gobernadores. La noble tarea de profundizar la democracia y dar sentido al mandato popular, es la gran cruz que pesa sobre nuestra sociedad. Se eligen alcaldes y gobernadores mediocres, producto de los ríos de dinero de las campañas electorales. Difícil, muy difícil salir de este atolladero. Para la muestra, los que habitan y mal gobiernan el palacio de la calle 19 con carrera 7.
Que buen comentario, vale la pena divulgarlo en todos los medios de comunicación. Hay tiempo para rescatar líderes políticos sin principios individuales y tener buenos administradores de esta empresa llamada estado colombiano. Aplauso para estos generadores de excelentes comentarios. Vamos para adelante