1.359 MILLONES: LA USUAL FORMA DE “INVERTIR” TUS IMPUESTOS

Porque aquí el escrúpulo no falta… para robar lo público.

Para la construcción de 18 viviendas en el municipio de Pueblo Rico, el Sistema General de Regalías (SGR) destinó $3.076 millones para cubrir obras, interventoría e intermediación de la entidad ejecutora. Como tal, fue designado el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social FONPACIFICO, un reconocido “contratadero” especialista en adjudicaciones directas —a dedo—, esquivando la licitación pública y, con ella, los principios de libre concurrencia y transparencia, hoy casi extintos.

El 26 de octubre de 2023 FONPACIFICO suscribió el contrato No. 088 de 2023 con la firma Ingeniería y Proyectos Sostenibles S.A.S., representada por la ingeniera ambiental Paola Andrea Buitrago Espinosa, por un valor de $2.718 millones. Para la interventoría, celebró el contrato IT-021-2023 con el ingeniero Liberth David Guzmán, quien poco después cedió el contrato al ingeniero Hernán Darío Castaño López, por $357 millones. Las obras iniciaron el 13 de diciembre de 2023 con un plazo de doce meses. Tras aprobar el plan de inversión, el 7 de marzo de 2024 se autorizó y entregó el anticipo de $1.359 millones al contratista.

Lo curioso es que, apenas cinco días después, el interventor firmó un acta de suspensión de un mes, alegando irregularidades en el proceso constructivo. Luego vinieron cuatro actas más que prolongaron la suspensión hasta el 12 de octubre de 2024, bajo el argumento de que no se superaban los problemas detectados. Alertado, el DNP envió la Subdirección de Control y Seguimiento al SGR, que constató deficiencias graves en la obra.

FONPACIFICO designó como supervisor al ingeniero civil Jheferson Andrés López, quien concluyó que “el plan de inversión del anticipo fue mal invertido”. De las 18 viviendas previstas, solo se levantaron 4, sin cumplir estudios, diseños ni normas técnicas. El incumplimiento fue total y el anticipo quedó sin respaldo real. Las cuatro casas debieron demolerse; su costo, estimado en $150 millones, no sería reconocido. Recordemos: el anticipo entregado ascendió a $1.359 millones.

Tras múltiples oficios ignorados por el contratista, el 1 de noviembre de 2024 FONPACIFICO anunció la apertura de un proceso sancionatorio y citó audiencia para el 30 de diciembre. En respuesta, la representante legal pidió liquidar el contrato y prometió devolver el anticipo. Pero, como era de esperarse, nunca se presentó a firmar el acta ni apareció el dinero. En la propia acta de terminación y liquidación, FONPACIFICO se preguntó: ¿dónde está el resto de los recursos girados como anticipo?

La comunidad merece otras respuestas: ¿Qué ingeniero civil avaló la propuesta y dirigió las obras, como lo exige el artículo 20 de la Ley 842 que regula la profesión? ¿Qué mecanismo se usó para seleccionar a la firma constructora? ¿Cómo se eligió al interventor, por qué se permitió la cesión del contrato y cuál es su responsabilidad en este fracaso?

Un dato inquietante: al consultar el portal PACO, la empresa Ingeniería y Proyectos Sostenibles aparece con 45 contratos adjudicados de forma directa en Risaralda, Quindío, Valle. Antioquía y Choco, que suman $15.393 millones, durante los años 2022, 23 y 24. Entre ellos, uno en Dosquebradas por $4.631 millones, también “a dedo”.

Frente a esto surge una pregunta insistente: ¿hasta cuándo la comunidad —y en particular los gremios de arquitectos e ingenieros, en su mayoría capaces y honestos— seguirá guardando un silencio cómplice ante estas atrocidades cometidas a plena vista?

No pregunto por los organismos de control. Son figuras decorativas que rara vez actúan contra los verdaderos responsables. Prefieren perseguir a los débiles y a quienes, con riesgo personal, nos atrevemos a denunciar.

El caso de Pueblo Rico no es una excepción, sino un reflejo de la manera en que se siguen “invirtiendo” los recursos de todos. Millones destinados a mejorar la vida de las comunidades terminan convertidos en contratos amañados, obras inconclusas y bolsillos llenos. Y mientras tanto, las preguntas elementales siguen sin respuesta: ¿dónde está la plata?, ¿quién responde?, ¿quién protege a los ciudadanos del saqueo sistemático?

Hasta que estas preguntas no se respondan con hechos y sanciones ejemplares, el círculo vicioso del despilfarro y la impunidad continuará devorando nuestros impuestos. Mientras los recursos públicos se convierten en botín de unos pocos, las comunidades siguen esperando viviendas dignas y soluciones reales. No se trata solo de $1.359 millones extraviados: se trata de la vida, la confianza y la esperanza de un pueblo. Si seguimos callando, el saqueo será eterno; si hablamos y exigimos, aún hay futuro.