El 22 de octubre de 2019, la Procuraduría General de la Nación expidió una providencia aplicando medida cautelar de suspensión provisional del cargo al entonces alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, por el término de tres meses. Esta medida se tomó debido a que el alcalde estaba utilizando su cargo para participar y promover la campaña electoral de su candidato a la alcaldía, Carlos Maya, y otros, para las elecciones celebradas el 27 de octubre del mismo año. La decisión de la Procuraduría estuvo sustentada en una denuncia que hiciera Luis Carlos Rúa, quien en ese entonces fungía como contratista de la alcaldía. Rúa tomó la valiente y osada decisión de investigar todo este entramado de corrupción y violación del código penal montado en esa alcaldía, especialmente cuando se creó el famoso aplicativo Kontacto.
El aplicativo fue diseñado por un contratista de esa alcaldía, y su dirección y control estaban conformados por «Mariscales, lanzadores y receptores». Se logró tener acceso a su servidor gracias a la colaboración de la ONG de Informática Forense Sueca Qurium. Su base de datos estaba conformada por 55.000 referidos, a cargo de 1.100 personas, entre contratistas y funcionarios de la alcaldía de Pereira y la gobernación. La obtención de al menos 30 referidos debía provenir de miembros de la familia, personas cercanas o vecinos a los miembros de esta organización criminal.
En una investigación realizada entonces, sobre 3.000 contratos de la alcaldía, se encontró que 2.400 titulares de estos estaban en Kontacto (el 80% de los contratistas), además de 440 contratistas de la gobernación de Risaralda y 212 funcionarios de esa alcaldía. Se evidencia, entonces, el uso del presupuesto y la función pública al servicio de una campaña electoral. Estos fueron los resultados: el 14 de octubre de ese año, pocos días antes de las elecciones, en una reunión celebrada en el establecimiento La Ruana del Camino, el candidato y después alcalde de esta capital, Carlos Maya, ante sus compinches, expresó de manera concluyente: «¿Si tenemos 50 mil votos en las urnas a nombre nuestro, de quién es la alcaldía?». Estos eran los referidos inscritos en Kontacto. La historia nos cuenta que Carlos Maya fue elegido alcalde mediante este aplicativo, gobernó estas tierras, y vivimos una época de altos impuestos, saqueo y corrupción a gran escala.
Pero como lo maléfico y siniestro hace carrera entre nosotros, ante la ausencia de justicia y una sociedad tolerante y cómplice, hoy la ciudad vive una situación similar y más perversa. La esposa del alcalde Salazar Peláez y su hijastra Franyela son candidatas al Congreso de la República, y desde hace muchos meses, por fuera del calendario electoral, sin control alguno sobre los millones que se gastan en esta actividad electoral y sin conocer su origen, se denuncia por parte de funcionarios y algunos contratistas de la alcaldía, Aguas y Aguas, Aseo de Pereira y otras dependencias, que son obligados a asistir a reuniones en la oficina 215, ubicada en el segundo piso del centro comercial Antonio Correa, y al Despacho del alcalde de Pereira.
Una vez presentes en estos lugares, son despojados de sus celulares. A estas reuniones asisten acompañados por altos funcionarios de cada una de las dependencias donde laboran, para confirmar su presencia. Acto seguido, son instruidos para llenar unas hojas con datos de 60 personas, o referidos, que deben conseguir para que voten por la fórmula María Irma-Franyela del partido de La U. Debe anotar nombre, identificación, teléfono, ocupación o profesión, dirección, barrio y firma, o sea, todos los datos personales. Se cuenta que son contactados y, si alguno de los referidos niega votar por esta malévola fórmula, los responsables son amenazados y deben garantizar la total fidelidad del referido.
La ciudad vive tenebrosos momentos con este mandatario, y la gente no quiere razonar. Seguir practicando y tolerando este tipo de aprovechamiento del cargo para fines perversos destruye la moral y la ética de los servidores públicos de la administración. Su regla de oro es «todo vale». Una reseña de los delitos penales, sin contar los disciplinarios, en los que están incurriendo son: constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante, tráfico de votos, financiación prohibida, delitos informáticos, participación en política y otras prohibiciones especiales.
A esta administración le sobra desvergüenza; poco les importa comportarse de manera descarada, audaz o sin escrúpulos. Se comportan con impudicia, sin mostrar remordimiento o vergüenza. Los conocemos de autos, en nada se diferencian de los anteriores. Es imperativo que la ciudadanía y las autoridades actúen ante esta grave situación.
