Por JORGE CARDONA
Dos fallos de segunda instancia estremecieron el mundo judicial y político esta semana, el primero fue la condena contra el general en retiro Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias y el segundo, el fallo contra Santiago Uribe Vélez, hermano y socio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por delitos de lesa humanidad, al comprobarse que conformó el grupo paramilitar conocido como “los doce apóstoles”, a través del cual se cometieron múltiples masacres y desapariciones en Antioquia.
Lo paradójico del caso, es que apenas hace poco más de un mes, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente, revocando el fallo de primera instancia proferido en su contra, decisión aplaudida por una gran mayoría de colombianos; esperamos en consecuencia, que esos mismos ciudadanos que recuperaron su confianza en la justicia, respeten con vehemencia estos fallos que demuestran la experticia y el conocimiento superior y la aplicación de diversas miradas e interpretaciones que tienen los tribunales encargados de revisar procesos judiciales frente a los tramitados en primera instancia por un solo juez.
Frente al fallo del General Palomino, las pruebas son contundentes, no daban opción a interpretaciones, recaudadas a través de una valiente fiscal que tuvo la gallardía de grabar el delito, frente al cual el tribunal no pudo concluir nada diferente a que el alto oficial había utilizado su cargo para persuadir a la fiscal en aras de evitar la captura de un amigo delincuente.
Por su parte, son múltiples los fallos judiciales que promovieron la investigación de Santiago Uribe Vélez, por haber sido mencionado por diferentes confesos paramilitares por su participación en crímenes de lesa humanidad, pero siempre estuvo amparado bajo el manto de impunidad que rodeaba a su hermano, también pendiente de la resolución de un recurso extraordinario de casación por el delito de manipulación de testigos.
Estos fallos judiciales demuestran que el crimen no paga, que la vergüenza y estigmatización a la que el delincuente somete a su familia no es dimensionada cuando se tiene la ilusa convicción de que no pasará nada; pero el sistema judicial colombiano, una vez más nos confirma que debemos confiar en el, que está congestionado y son muchos los procesos que no pueden ser investigados o prescriben antes de ser fallados, pero que con funcionarios diligentes y un respaldo institucional se puede aplicar justicia.
Los índices de impunidad en los delitos cometidos en Colombia superan el 93%, y ello no necesariamente significa que identificado el culpable, pueda ser sancionado efectivamente con pena privativa de la libertad por falta de captura efectiva, situación que eleva la impunidad a niveles dramáticos; para poner un ejemplo, en delitos de corrupción, la impunidad es del 98%, lo que significa que el funcionario público sólo tiene un 2% de probabilidades de responder por sus actos; o por ejemplo en procesos de homicidio donde el porcentaje es cercano al 70%, lo que significa que un homicida tiene solo el 30% de posibilidades de ser identificado y condenado, sin embargo, es posible que no sea capturado como consecuencia de su crimen.
La alternancia del poder entre los diferentes partidos y gobiernos, trae como resultado que los poderosos puedan también ser investigados, judicializados y condenados, independiente del respaldo de su estructura política y burocrática, por cuanto sucede lo que algún día el columnista Antonio Caballero denominó “el jinete de tigre”, haciendo alusión a las razones por las cuales los gobernantes siempre necesitaban conservar el poder, en la medida en que cuando lo perdieran, se asimilaba a bajarse del tigre, caso en el cual el tigre se los devoraba.
Pues bien, el tigre sobre el que cabalgaron Palomino y Uribe Vélez amedrentando abiertamente a sus adversarios y opositores se los ha comido, la soledad del poder los dejó desamparados y a merced de sus delitos, abiertamente expuestos como los delincuentes que siempre fueron y que hábilmente supieron capotear a través de la comisión de otros delitos.
La justicia no solo cumple una función sancionadora, también sirve de ejercicio ejemplarizante, para demostrar a la comunidad en general que nadie es intocable, que todos estamos sometidos al imperio de la ley y que cada día los medios tecnológicos y científicos facilitan la recaudación de pruebas necesarias para la declaratoria de responsabilidad de los procesados.
Lo significativo de la condena contra Santiago Uribe Vélez, es que por los mismos hechos varios jueces, han solicitado la vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien también se le han estado desbaratando las murallas de la impunidad; en fin, se repite la historia de otro jinete de tigre que no ha podido desmontarse, porque el día en que lo haga, el tigre también se lo comerá, tal y como ha estado ocurriendo con los últimos episodios procesales.
Jorge Cardona
