Nada positivo deja el año que termina, antes, por el contrario, mucho que lamentar. Los colombianos de bien, la Colombia honesta y trabajadora que por fortuna somos la inmensa mayoría, fuimos testigos de excepción de la mano tendida del Gobierno a la criminalidad, en la que sin tapujos, en minuciosa selección, sacó de las cárceles a sus peores delincuentes y los premió con el pomposo título de gestores de paz, codeándose sin recato alguno en tarimas del delito con procesados criminales como lo hiciera Petro en Medellín, el pasado 21 de junio en La Alpujarra. No nos cansaremos de repetir que la corrupción es endémica de nuestra clase política, haciéndose más visible desde el proceso 8.000 que expuso el financiamiento del narcotráfico en campañas. Pero lo que hemos presenciado este año en desfalcos al Estado, auspiciados y dirigidos desde la Casa de Nariño por el propio Petro y su cohorte de funcionarios deshonestos que, como en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), empresa criminal que saqueó decenas de miles de millones de pesos para la compra del Congreso de la República en busca de la aprobación de los proyectos de ley sometidos a su consideración, operación que tiene bajo las rejas a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes; Iván Name y Andrés Calle junto a los exministros de Hacienda y del Interior; Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, no tiene parangón alguno. Si en campaña Petro prometió acabarla, ahora hay que entenderla como acabarla de “perfeccionar” y someterla a su entero control. Los fraudes de los pasaportes en la Cancillería, los millonarios contratos de Ecopetrol, la compra de los aviones Gripen a Suecia, los sobrecostos en la Agencia Nacional de Tierras, el contrato de Mindefensa con los helicópteros y la pérdida de 13 millones de dólares, el aumento del gasto público en más de 200 billones de pesos sin que exista una sola obra de infraestructura que lo justifique, la reciente opaca venta de títulos de deuda pública (TES) por 23 billones de pesos, amén de muchísimos más, hablan por sí solos de la alta corrupción y del desgreño administrativo que a manos rotas caracteriza a este desvergonzado Gobierno. Cada fallo proferido en contra de sus decisiones por alguna de las altas Cortes, es atacado y desacatado por Petro, que pese al juramento prestado de respetar la Constitución y las Leyes, entiende y cree que los órganos Legislativo y Judicial están subordinados a su dirección y caprichos. El caso de la UNGRD es la huella dactilar de este Gobierno, dirigida por el entonces Director de la Presidencia de la República y amigo íntimo de Petro, Carlos Ramón González, quien fue sacado por la propia Cancillería y solicitado su asilo en Nicaragua, el mismo que el país sorprendido vio bailando, muy orondo y tranquilo en la embajada colombiana en Managua, en reciente fiesta navideña. Muy claro lo dijo el exministro Velasco en la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá: “Señora magistrada, debo confesar algo de suma importancia que tiene que ver con el encargo que recibí por 30 días en la UNGRD en el año 2023. La doctora Laura Saravia me pidió nombrar en la dirección de esa entidad al señor Olmedo López, pues eran instrucciones precisas del señor Presidente, hecho que yo no acepté”. Más claro, no canta un gallo.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
Un balance de gobierno marcado por una absoluta corrupción,enquistada en cada paso que con total desfachatez impuso como si fuera el dueño de Colombia,nuestro País vio pasar la peor presidencia que con desacatos e incumplimiento de la Constitución y la entrega a la delincuencia narcotraficante sin ningún escrúpulo,que vergüenza .
La izquierda no gobierna
La izquierda destruye
Para quedarse en el poder