Jaime Cortés Díaz
El reajuste del salario mínimo decretado por el Gobierno sobrepasando expectativas, por no haber alcanzado empresarios y trabajadores en la mesa de concertación un acuerdo, vuelve a poner de manifiesto problemas estructurales de completitud económica y de competitividad.
El aumento de aproximadamente 22,7% para 2026, que eleva el salario mínimo a 1,75 millones de pesos mensuales, representa más del doble del incremento del 9,54% registrado en 2025 cuando el salario pasó de 1.300.000 a 1.423.500 pesos, una cifra que también había sido decretada sin consenso y sin contar, como ahora, con resultados de los índices de productividad laboral e inflación esperada. Este salto porcentual, muy superior a la inflación proyectada para 2026 estimada en torno al 3,5–4%, tiene consecuencias que exceden, con mucho, el simple aumento nominal. Recuérdese que en 2017 el Consejo de Estado declaró inconstitucional el alza del período anterior por ausencia de esas mediciones.
El primer impacto tangible es sobre el costo real del empleo. El salario base no es la única carga para el empleador: auxilio de transporte, cotizaciones a seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y otros beneficios, de modo que el aumento efectivo del valor laboral supera ampliamente el 22,7% nominal. Para las micro y pequeñas empresas, con márgenes limitados, este crecimiento no planificado de los ítems laborales significa estrechar liquidez, reducir contrataciones y, en algunos casos, buscar fórmulas para externalizar o informalizar actividades.
El concepto de mínimo vital es un nominativo social para justificar el alza decretado, pero hoy no compensa la falta de una política integral que impulse productividad y empleo formal. Mientras casi 6 de cada 10 trabajadores se desempeñan en la marginalidad, el salario mínimo sigue beneficiando principalmente a quienes ya están dentro de la formalidad, dejando excluida a una mayoría silenciosa que no accede a protección social ni a condiciones laborales dignas.
Desde una perspectiva macroeconómica, los efectos son mixtos. Un ingreso superior para empleados formales puede sostener la demanda agregada, pero en un contexto de tasas de interés elevadas para controlar la inflación, este estímulo puede convertirse en presión adicional sobre los precios, afectando a los consumidores y contrarrestando buena parte del incremento salarial. Además, el impacto fiscal es significativo, tal el gasto público en nóminas, pensiones y programas indexados al salario mínimo se encarece, reduciendo el espacio maniobrable en un país con déficit sostenido.
El aumento, asimismo, tensiona la escalade remuneraciones. Cuando el mínimo se acerca a sueldos medios, se producen efectos de compresión salarial con empleados más calificados, viéndose reducido el diferencial de sus ingresos. Esto puede desincentivar la formación profesional y dificultar la creación de empleos de calidad, justo cuando la economía necesita mejorar su productividad y tecnología.
No puede soslayarse el actual contexto político-electoral. Esta decisión desbordada se produce en el último tramo de Gobierno, que introduce un sesgo de agitación populista, que no se basa en criterios técnicos ni de sostenibilidad económica. Al mismo tiempo, los hogares enfrentan alzas simultáneas en alimentos, servicios públicos, peajes y otros precios arrastrados que erosionan el poder adquisitivo del salario real, aun cuando la cifra nominal crezca significativamente. La falta de acuerdo entre las partes convierte al presidente en árbitro obligatorio, y deja al desnudo la fragilidad de las decisiones fundamentales lo cual erosiona la cultura del diálogo social.
Ante el ocaso de la concertación, pero dada su amplitud y sus efectos en una economía de baja productividad, alta informalidad y estrechos márgenes fiscales ponen en evidencia la urgencia de políticas que vayan más allá de porcentajes y cifras nominales; que promuevan formalización, productividad, inversión y empleo decente y así, finalmente, el salario mínimo sea verdaderamente una herramienta de inclusión y no apenas un paliativo coyuntural.
