Durante años, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas ha sido presentada como la gran deuda ambiental de la región. En los últimos meses, el discurso oficial ha vuelto a cargarse de optimismo: CONPES aprobado, compromiso de recursos nacionales, vigencias futuras avaladas por el Concejo de Pereira. Todo suena a punto de partida definitivo, pero conviene detenerse un momento y separar la retórica gubernamental de la realidad técnica y contractual del proyecto.
El CONPES aprobado en septiembre de 2025 es, sin duda, un hito relevante. Declara la PTAR como prioridad nacional y habilita la concurrencia de la Nación con cerca del 60 % del costo total estimado. Sin embargo, hay que decirlo sin rodeos: el CONPES no es un contrato, no inicia obras y no gira recursos automáticamente. Es un instrumento de política pública, válido por 10 años, que abre la puerta, pero no garantiza que se cruce el umbral.
Algo similar ocurre con las vigencias futuras aprobadas por Pereira. Son un requisito indispensable para demostrar capacidad fiscal y cumplir las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional, sin ellas, el proyecto no podría avanzar; con ellas, apenas se habilita el trámite. Nada de esto implica el comienzo de la obra y resulta llamativo que este sea el estado del proyecto cuando los alcaldes de Dosquebradas y Pereira ya transitan la mitad de sus periodos y el Plan de Desarrollo de esta ciudad lo tenga como proyecto estratégico, con una meta del 77% en la ejecución de los procesos para su construcción, al finalizar el cuatrienio.
Hoy la PTAR está en una zona gris: ya no es una promesa abstracta, pero tampoco una obra en marcha. Persisten al menos tres hitos críticos que siguen sin concretarse. Primero, el cierre financiero definitivo, con cifras cerradas y riesgos asignados; segundo, la firma del Convenio de Uso de Recursos (CUR) entre la Nación y las entidades territoriales, donde se definan responsabilidades, aportes exactos y plazos vinculantes; tercero, la apertura de la licitación pública internacional, junto con la contratación de la interventoría. Sin estos pasos no hay contratos, no hay maquinaria y, sobre todo, no hay obra.
Muchas poblaciones menores y casi todas las demás capitales colombianas que descargan sus aguas residuales al río Cauca ya las tratan en sus PTAR, con excepción de Pereira y Popayán, que ya cuenta con acta de inicio para la construcción de la suya. Entonces Pereira y Dosquebradas siguen siendo la excepción incómoda: los vecinos que ensucian el río mientras los demás intentan limpiarlo.
Por eso, más que celebrar comunicados, es momento de exigir claridad. Desde la Corporación VIGÍA Cívica planteamos preguntas simples, pero ineludibles: a la Alcaldía de Pereira y a Aguas y Aguas, ¿existe ya un cierre financiero firmado y con cifras definitivas?, ¿el Ministerio de Vivienda está conforme con el presupuesto calculado? Al Ministerio de Vivienda, ¿cuándo se suscribirá el CUR y qué entidad asumirá la responsabilidad contractual? Y a Dosquebradas y Serviciudad, ¿cuál es su compromiso financiero exacto y en qué acto administrativo quedó formalizado?
Si de verdad se quiere que esta planta sea la obra ambiental más importante de la región, el siguiente paso no puede ser otro anuncio vacío. Debe ser la publicación de documentos firmados, cronogramas verificables y procesos contractuales abiertos al escrutinio ciudadano. Ahí empieza la verdadera ejecución. En ese punto la comunidad debe tener claro que el control ciudadano dejará de ser opcional para volverse imprescindible.