En Colombia, la Constitución de 1991 estableció un principio que parecía incuestionable, toda norma expedida por autoridad competente goza de presunción de legalidad y debe cumplirse de inmediato.
La práctica política y social reciente ha comenzado a desdibujar ese mandato.
Gobernadores, empresarios, gremios y ciudadanos han optado por aplazar el cumplimiento de decretos y leyes, bajo el argumento de esperar la validación de la Corte Constitucional.
Lo que está en juego no es solo la aplicación de un decreto de emergencia económica o el ajuste del salario mínimo, sino la vigencia misma del Estado social de derecho frente a una creciente cultura de “obediencia selectiva”.
El presidente, facultado por la Constitución, puede declarar estados de excepción cuando el orden económico o social se ve gravemente perturbado.
Los decretos expedidos en ese marco tienen fuerza de ley y deben aplicarse de inmediato.
Pero la reacción de algunos gobernadores frente al decreto que incrementó impuestos al licor y al tabaco muestra una tendencia preocupante, la insubordinación institucional.
Alegan invasión de competencias tributarias y riesgo de contrabando.
Empresarios y gremios, por su parte, han encontrado en la demora de las Cortes una oportunidad para aplazar costos y resistir medidas que consideran lesivas.
Los ciudadanos, finalmente, se suman a esta dinámica, cumpliendo solo lo que consideran justo o conveniente.
Los protagonistas de la resistencia
– Gobernadores: Su negativa a aplicar decretos vigentes vulnera el principio de unidad estatal.
– Empresarios: Prefieren esperar el fallo judicial antes de asumir cargas económicas, convirtiendo la inseguridad jurídica en estrategia.
– Gremios: Organizan la oposición colectiva, reforzando la idea de que las normas son negociables.
– Ciudadanos: Adoptan una obediencia parcial, debilitando la cultura de respeto a la ley y legitimando la desobediencia civil.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado son los árbitros de la legalidad, su demora en pronunciarse ha dejado un vacío que legitima la práctica de esperar antes de cumplir. Ese silencio judicial alimenta la incertidumbre y erosiona la confianza en las instituciones como garantes de seguridad jurídica.
Impacto en la gobernabilidad
– Autoridad debilitada: El gobierno pierde capacidad de mando cuando distintos actores deciden qué cumplir y qué ignorar.
– Fragmentación institucional: Se instala un “federalismo de facto” contrario al diseño unitario del Estado.
– Inseguridad jurídica: Empresas y ciudadanos carecen de certeza, afectando inversión y planeación económica.
– Crisis de legitimidad: El Ejecutivo pierde autoridad política y las Cortes credibilidad por su silencio.
– Riesgo de desobediencia generalizada: Si las élites desobedecen, los ciudadanos comunes se sienten legitimados para hacer lo mismo.
Colombia atraviesa una crisis de gobernabilidad marcada por la tensión entre el principio de legalidad y la práctica de la conveniencia. La desobediencia institucional y social, sumada al silencio de las Cortes, amenaza con transformar el Estado social de derecho en un Estado de incertidumbre.
El dilema es claro, o se reafirma la obligatoriedad inmediata de las normas, o se consolida una cultura de inaplicabilidad que erosiona la cohesión nacional y la legitimidad democrática.
Recomendaciones urgentes
– Pronunciamientos rápidos de la Corte Constitucional para despejar dudas jurídicas.
– Acciones disciplinarias contra autoridades que promuevan la desobediencia.
– Diálogo social para mitigar impactos económicos y políticos.
– Campañas de pedagogía constitucional que refuercen la obligatoriedad de las normas vigentes.
Colombia parece debatirse entre dos caminos, el de la legalidad firme, que garantiza cohesión y orden, y el de la ilegalidad institucionalizada, que convierte la ley en un asunto de conveniencia.
La pregunta que queda flotando es si el país seguirá siendo un Estado social de derecho o si terminará convertido en un Estado de conveniencia, donde cada actor decide qué cumplir y qué ignorar
Javier Ríos Gómez
