En la pasada columna se expresó que la soberanía, en su concepto inicial en la existencia de los Estados, ha cambiado notablemente en la contemporaneidad por variadas causas en las que la intocabilidad ha dejado de ser el único o supremo elemento constitutivo y se ha vuelto más volátil por razones políticas de interdependencias, negocios, juzgamientos, derechos humanos, seguridad pública y territorialidad, con existencia de entidades internacionales reguladoras que obligan a acatar intereses surgidos y sometidos fuera de los límites fronterizos.
El poder reside, en su avance histórico, en el pueblo o en la nación, con declaración en democracia y Estado de derecho. La soberanía conlleva a la protección de sus ciudadanos, y en contrario, esa responsabilidad se puede ver limitada en caso de violaciones señaladas por la “comunidad internacional”, la cual debe propender por la dignidad humana en condición de fundamento universal.
En una edición de Britannica se dice que “la soberanía moderna es más un rol de autogobierno responsable y cooperación dentro de un sistema global, que un poder absoluto e indiscutible”.
Hoy, más que extinguirse, la soberanía se ha vuelto un campo de disputa. Persiste como bandera, pero se negocia como herramienta. Ya no es únicamente autoridad territorial: es también deuda, comercio, jurisdicción, narrativa y fuerza. Y en esa mutación, el reto central para las sociedades es comprender qué decisiones siguen siendo propias y cuáles ya operan bajo el arrastre de poderes externos que, sin ocupar físicamente un suelo, gobiernan sus opciones reales.
En el caso de Venezuela, la discusión contemporánea sobre soberanía se vuelve reveladora, porque no se trata solo de presiones externas, sino de una tensión interna: cuando el poder se sostiene mediante mecanismos de usurpación institucional, la soberanía deja de ser expresión del pueblo y se convierte en una herramienta de control. Así, lo que formalmente se presenta como “defensa de la soberanía” puede operar, en la práctica, como blindaje del régimen frente a la ciudadanía, desconociendo el mandato democrático y subordinando derechos fundamentales a la permanencia de una élite política. Esta fractura explica porqué organismos regionales han desarrollado criterios para reaccionar frente a alteraciones graves del orden constitucional, como lo prevé la Carta Democrática Interamericana, porque la soberanía no es solo territorio: es legitimidad, representación y deber de garantía hacia la población.
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DIÁLOGO. La visita solicitada por el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump en Washington ha generado lecturas diversas entre opinadores públicos y periodistas de opinión. Algunos han señalado que el encuentro no fue del todo exitoso y que dejó sobre la mesa compromisos exigentes para estabilizar y fortalecer la relación bilateral, lo cual, en todo caso, resulta conveniente para Colombia en el mediano y largo plazo.
Más allá de esas interpretaciones, es importante reconocer que el comportamiento del mandatario colombiano fue prudente y respetuoso frente a las dudas iniciales sobre posibles gestos o palabras que pudieran interpretarse como desacatos diplomáticos. Tales temores no se materializaron y, por el contrario, el desarrollo del encuentro trajo alivio a amplios sectores ciudadanos que esperaban una interacción institucional y constructiva.
Algunas apreciaciones críticas parecen responder más a percepciones de duda que a la realidad observable del intercambio entre ambos gobiernos. Lo esencial, en este momento, es insistir en la necesidad de mantener y profundizar unas relaciones bilaterales sólidas y estables que contribuyan a la paz, a la seguridad y a la economía del país. Perseverar en ese propósito no solo es conveniente, sino estratégico para el bienestar nacional.
