La seguridad se ha convertido, nuevamente, en la preocupación central de los colombianos. Los informes recientes del Ministerio de Defensa, junto con reportes de organismos nacionales e internacionales (OEA), muestran un panorama que exige decisiones urgentes; el país enfrenta un deterioro en múltiples frentes del orden público y de la convivencia ciudadana. Las cifras son elocuentes. La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se mantiene como una de las expresiones más graves de la crisis. Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número de asesinatos de estos actores; desde 2016 se cuentan más de 1.500 víctimas, y solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron al menos 157 denuncias más de asesinatos. A ello se suman los reportes de la Defensoría del Pueblo que evidencian una tendencia sostenida de ataques contra quienes ejercen representación poblacional. Pero el fenómeno no se limita a la victimización de liderazgos. En varias regiones persisten homicidios, secuestros, extorsiones y amenazas que buscan quebrar la gobernabilidad local. Estas prácticas se han intensificado, impulsadas por grupos narcotraficantes y economías ilícitas que determinan decisiones comunitarias, territorios y procesos políticos.
En paralelo, la inseguridad urbana, por la delincuencia común, incrementa hurtos, extorsiones y secuestros-exprés; se mantiene como preocupación en la vida diaria de la ciudadanía, afectando a distintos sectores que sienten desprotección institucional y judicial.
A estas circunstancias se suma la incertidumbre en torno a las mesas de diálogo con estructuras ilegales que no han mostrado voluntad real de desarme ni negociación efectiva. Múltiples análisis coinciden en que a la desordenada apuesta de la “paz total”, esta ya se marchitó y la violencia se ha fortalecido, mutado y escalado en variadas formas.
El escenario regional tampoco es ajeno. La dinámica en la frontera con Venezuela, donde operan armadas redes criminales transnacionales, refuerza la percepción de que la violencia no se circunscribe a lo interno, sino que responde a estructuras que actúan a ambos lados del límite. Frente a este panorama, la seguridad nacional no puede ser un tema secundario ni sujeto a debates coyunturales. Debe ser la prioridad del Estado. Ello implica fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública, proteger a líderes sociales y comunidades, recuperar territorios, garantizar fuerte presencia social.
El contexto político tampoco puede ignorarse. Expertos han advertido que la persistencia de lugares con control armado genera certezas de manipulación electoral y presión sobre comunidades, hecho que ya ha sido señalado en regiones donde la violencia y las disputas por el apoderamiento territorial aumentan en periodos preelectorales. El proceso que se avecina debe desarrollarse bajo condiciones de transparencia y sin presiones criminales. La democracia se debilita cuando el miedo sustituye la libertad del voto. En un informe, la Defensoría del Pueblo dijo: “La preocupación central no es la realización de la jornada electoral. La preocupación central es la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones, que ignore el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”.
Ahora corresponde a los candidatos presidenciales asumir un compromiso claro: la seguridad no como consigna, sino como acción inmediata de quien llegue. El país demanda políticas coherentes, liderazgo y estrategias sostenidas contra las economías ilícitas y las organizaciones que amenazan la convivencia.
La nueva etapa que Colombia espera construir de estabilidad, progreso y confianza, solo será posible si la seguridad deja de ser un diagnóstico reiterado y se convierte en una política de Estado eficaz. Sin orden, no hay democracia; sin protección a la ciudadanía, no hay futuro nacional posible, ni libertad que valga.
