Corría el año 2000 y me encontraba en mi segundo periodo como Concejal de Pereira. En una charla que hoy resulta profética con el entonces Secretario de Planeación, el desaparecido ingeniero José Jorge López, dialogábamos sobre el proyecto que se convertiría en nuestro primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Ante un documento tan extenso y técnico, la pregunta fue inevitable: ¿Podemos esperar realmente avances en la planificación, calidad de vida, uso razonable del agua y un espacio público digno?
La respuesta del ingeniero López fue la sentencia de lo que hemos padecido en estos 26 años: “Si no existe un eficiente control y vigilancia para su estricto cumplimiento, nada avanzaremos; por el contrario, retrocederemos”. Hoy, la realidad nos golpea. Los avances en materia de ordenamiento son mediocres. Las aspiraciones de movilidad, vivienda digna, salvaguardia ambiental y espacio público se quedaron en el papel, devoradas por una politiquería que convirtió la norma en una sugerencia opcional para el mejor postor.
Lo que percibimos a diario es un asalto al territorio. En las últimas semanas han proliferado en redes sociales videos que muestran operativos de la CARDER, junto a la Fiscalía y la Policía, en el área rural de Pereira. Estas imágenes exponen cómo en suelo agrícola y zonas de protección ambiental, donde está terminantemente prohibido construir, se adelantan parcelaciones y viviendas de lujo. Propietarios inescrupulosos operan sin licencias, creando auténticas empresas criminales de estafa y daño ecológico, sabiendo que la autoridad suele llegar cuando el impacto es irreversible.
El núcleo del problema es estructural. Durante las décadas de vigencia de los distintos POT, la ciudad ha carecido de una dependencia de Control Físico y Urbano robusta. No contamos con personal técnico de carrera ni con herramientas tecnológicas —como monitoreo satelital— para velar por la calidad de las obras. Por el contrario, la mayoría de los funcionarios de esta oficina están vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
Esta interrupción contractual es el caldo de cultivo de la ineficiencia: de los doce meses del año, se pierden tres o cuatro en la parálisis de la renovación de contratos. Se rompe la memoria institucional y se diluye la responsabilidad. Cuando un contratista finalmente conoce el territorio y detecta la infracción, su contrato expira y el proceso administrativo queda en el limbo. Esta debilidad no es accidental; es una herramienta política para decidir, según el interés de turno, a quién se sanciona y a quién se le permite seguir.
La situación es crítica. Se estima que más del 60% de las actuaciones urbanísticas en nuestra jurisdicción se ejecutan sin licencia. Esto no es solo un problema de trámites; es un riesgo de vida. La construcción informal carece de dirección técnica y respeto por las normas de sismo-resistencia, además de violar las garantías laborales de los obreros. Esta anarquía alimenta un circuito de corrupción donde las oficinas de control físico, inspecciones de policía y algunas curadurías parecen haber montado un peaje de ilegalidad.
Mientras la autoridad ambiental denuncia daños en el campo, en el casco urbano los atropellos son monumentales. Ya nadie en la administración municipal da cuenta, por ejemplo, del edificio construido en la carrera 9 con calle 19, donde la estructura se apropió descaradamente del retiro obligatorio. En el sector de Álamos, dos construcciones avanzan violando el retiro de fachada, robándose el espacio que nos pertenece a los peatones. Es común ver cómo zonas verdes, andenes y antejardines se convierten en estacionamientos privados ante la mirada impávida, y cómplice, de control físico e inspectores.
Hemos permitido que el derecho a la ciudad se subaste. El negocio no solo está en la construcción, sino en la omisión de la vigilancia. Los únicos perdedores son los ciudadanos del común, aquellos que sí cumplen la ley y ven cómo su entorno se degrada y su espacio público desaparece. La ausencia de control físico es el dispositivo más efectivo para el crimen organizado. Si no rescatamos la autoridad técnica sobre el territorio, Pereira seguirá retrocediendo hasta que el interés privado termine por enterrar definitivamente el bien común.
