Bogotá D.C., jueves 26 de marzo de 2026.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario de una fundación universitaria en Bogotá, y a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, por su presunta responsabilidad en la expedición y utilización de títulos universitarios falsos.
De acuerdo con los elementos probatorios, Gutiérrez Martínez habría certificado de manera irregular que Guerrero Jiménez cumplía los requisitos para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, pese a que no había completado el plan de estudios ni las obligaciones académicas exigidas. Con base en esa documentación, el 1 de julio de 2025 se emitieron dos diplomas fraudulentos que posteriormente fueron utilizados por Guerrero Jiménez para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.
La Fiscalía señaló que la acusada habría consignado información falsa en la plataforma oficial SIGEP de la Función Pública, induciendo en error a los verificadores de requisitos. Por estos hechos, Gutiérrez Martínez fue imputado por falsedad ideológica en documento público, mientras que Guerrero Jiménez enfrenta cargos por fraude procesal. Ninguno aceptó los cargos.
Un problema con eco global
El caso colombiano se suma a una tendencia internacional que preocupa a organismos multilaterales y universidades en todo el mundo: la proliferación de títulos falsos y acreditaciones académicas fraudulentas. En países de Europa, Asia y América Latina se han detectado redes que comercializan diplomas sin validez, afectando la confianza en los sistemas educativos y debilitando la credibilidad institucional.
La UNESCO y la OCDE han advertido que la falsificación de títulos no solo vulnera la calidad académica, sino que también pone en riesgo la transparencia en el acceso a cargos públicos y privados, generando impactos económicos y sociales de gran alcance.
Colombia bajo la lupa
Con este proceso judicial, Colombia se suma a los esfuerzos internacionales por blindar la educación superior y garantizar que los títulos universitarios respondan a estándares reales de formación. El caso marca un precedente en la región y envía un mensaje claro: la falsificación académica no es un delito menor, sino una amenaza a la confianza pública y a la memoria institucional de los sistemas educativos.
