La Corte Constitucional lo dijo con claridad desde hace más de tres décadas, el Banco de la República no es un club de tecnócratas aislados del país real.
Es un servicio público esencial, y su Junta Directiva tiene la obligación de velar no solo por la estabilidad de precios, sino también por el empleo y el bienestar de los colombianos.
La práctica muestra otra cosa.
Cada vez que la inflación se dispara por choques externos —el precio de los alimentos, la energía, el clima—, la respuesta automática ha sido de subir las tasas de interés.
La receta ortodoxa enfría la economía, encarece el crédito y golpea directamente a los trabajadores y a las pequeñas empresas.
Se protege la meta del 3% anual, pero se sacrifica el derecho al trabajo.
La sentencia C-050 de 1994 fue contundente, la autonomía del Banco no significa indiferencia social.
La política monetaria tiene efectos directos sobre la producción y el empleo, y la Junta Directiva debe responder por ellos.
La Corte recordó que la Constitución no consagra la estabilidad de precios como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar el bienestar general.
Hoy, el debate es más urgente que nunca.
Mientras el Gobierno reclama políticas que acompañen la recuperación del empleo, el Banco insiste en blindarse tras su autonomía.
Pero la autonomía no es un escudo contra la Constitución.
La Corte ya trazó el camino, el Banco debe equilibrar inflación y empleo, porque ambos son derechos fundamentales de la ciudadanía.
La pregunta no es técnica, es política y ética: ¿puede un banco central seguir actuando como si su único deber fuera con los mercados, ignorando el mandato constitucional de proteger el trabajo?
La respuesta es obvia: no.
La Junta Directiva debe escuchar lo que la Corte dijo hace años y asumir que cada decisión de política monetaria es también una decisión sobre el destino laboral de millones de colombianos.
El Banco de la República no puede seguir escondiéndose detrás de cifras frías. La Corte Constitucional ya habló. Ahora falta que la Junta escuche.
