La actualización catastral rural en Dosquebradas, tras catorce años de rezago, ha desatado una tormenta social que no puede minimizarse como un simple ajuste técnico. El salto abrupto en los avalúos, lejos de reflejar de manera equilibrada la realidad productiva del campo, ha puesto en jaque a numerosos pequeños y medianos propietarios que hoy ven comprometida su permanencia en la tierra. Se trata de un fenómeno que, más allá de su legalidad formal, interpela la justicia material del sistema tributario territorial.
El argumento oficial se ampara en la implementación del Catastro Multipropósito, concebido como herramienta para corregir distorsiones históricas del sistema administrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, la forma como se ha ejecutado en este caso concreto deja dudas profundas: incrementos súbitos, metodologías y una desconexión evidente entre el valor catastral y la capacidad productiva de los predios rurales. En términos sencillos, se está gravando riqueza potencial, no ingresos reales.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Protestas, bloqueos y debates en el Concejo Municipal obligaron a las autoridades a abrir espacios de diálogo. Como medida transitoria, se acordó suspender el cobro por tres meses para los casos más críticos y explorar alivios como descuentos por pronto pago que, conforme a la ley, pueden alcanzar hasta el 60%. No obstante, esas decisiones, aunque alivian momentáneamente la presión, no resuelven el problema estructural.
Conviene precisar que el manejo catastral en esta zona fue delegado al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) mediante un convenio interadministrativo. Esta figura jurídica implica la transferencia de competencias desde el nivel nacional o municipal hacia una entidad territorial asociativa, que actúa como gestor catastral con autonomía técnica para la formación, actualización y conservación del catastro. En este contexto, el AMCO ha señalado que atenderá las reclamaciones de más de 180 propietarios, aunque se presume que la cifra real de inconformes podría ser mayor entre los once mil predios registrados.
Desde una óptica jurídica más rigurosa, el reconocido líder cívico y jurista James Fonseca plantea reparos de fondo que ameritan atención: “1. El aplazamiento del cobro que hace el municipio de Dosquebradas solo difiere la exigibilidad del tributo, pero deja vivo el angustioso plazo de 60 días para objetarlo. 2. Tengo dudas sobre la capacidad jurídica del municipio para modificar el avalúo que sirvió de base al cobro del impuesto, primero porque lo produjo una entidad distinta que es el AMCO, y podría decirse que el reavalúo atenta contra el interés público. Seguramente habrá casos que tengan beneficios del incremento de sus predios, por ejemplo, los propietarios de los terrenos que deben adquirirse para la construcción de la segunda calzada entre La Romelia y El Pollo. Aquí estaríamos ante actos particulares y concretos que crean derechos individuales, que solo se pueden modificar o revocar con anuencia de estos o por orden judicial. El AMCO tendría la misma inhabilidad para modificar el avalúo en cuestión, porque involucra derechos individuales. Asimismo, hay un punto adicional: la resolución del AMCO que adoptó el reavalúo dice que no tiene recursos y remite a la revisión individual de cada predio, lo que invierte la prueba, pues obliga al propietario inconforme a probar la inexactitud del avalúo, en lugar de ser el AMCO quien pruebe la corrección de sus procedimientos.
“Pero -agrega Fonseca- en el fondo queda una situación aberrante: el propietario que no pueda pagar un abogado que conozca el tema y un equipo técnico para demostrar la inexactitud del avalúo frente al valor real de su predio, está condenado a pagar un impuesto ruinoso que se incrementa cada año.”
Esto revela tensión crítica entre legalidad y equidad, si genera exclusión, desarraigo y desigualdad. El desafío es armonizar la sostenibilidad fiscal con la justicia tributaria. De lo contrario, una política diseñada para ordenar el territorio podría terminar expulsando a quienes históricamente lo han sostenido.
