JUAN LADRÓN DE GUEVARA PARRA
Las balas son de los otros. Los cuerpos destruidos por la metralla no son nuestros. Las montañas manchadas de sangre no son nuestro paisaje. La balacera en las calles verticales de los barrios populares no resuena en nuestro oído.
Aquí no nos asusta el fusil del insurgente. El pasamontañas nos resulta extraño. La motosierra paramilitar, una imagen ajena. La pistola del niño sicario, un sinsentido.
Esas imágenes, esas historias, las sentimos lejanas. Algo que pasa allá. En la manigua asfixiante, en el páramo gélido, en los recovecos geográficos de un país que solo aparece, breve y peligroso, en las pantallas noticiosas o en los editoriales de los periódicos, pero que nos resulta extraño.
Pero la violencia, con sus letras tétricas, habita también la piscina del club, los campos de golf, los pasillos y los halls de la exclusividad. No es ajena a los trajes a la medida ni a los cócteles. La violencia se pasea, erguida y arrogante, por las oficinas desde donde se decide quién tiene tierra, de quién es el poder, quién tiene la voz más fuerte y quién posee la capacidad de convertir sus intereses particulares en los intereses de quienes van y vienen por este país.
Pierre Bourdieu mostró que el poder no necesita recurrir siempre a la violencia física para imponer su autoridad. Puede operar de maneras mucho más discretas: mediante la distribución desigual de los capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos; a través de instituciones, relaciones y redes; pero también consiguiendo que un determinado orden social parezca natural, legítimo e incluso inevitable. Los conceptos de campo, habitus, capital y violencia simbólica permiten observar esas formas menos visibles de dominación. SciELO Colombia
Colombia ofrece una historia particularmente fértil para observar el problema desde esta perspectiva.
La historiografía ha mostrado el papel de los conflictos entre grupos de poder en las guerras civiles del siglo XIX. Buena parte de estas disputas estuvo relacionada con el control del Estado y de los recursos políticos. La historia republicana colombiana se acostumbró demasiado pronto a dirimir diferencias mediante la guerra. Estudios históricos han caracterizado, precisamente, el siglo XIX colombiano como un periodo marcado por sucesivas guerras civiles en las que participaron y se enfrentaron sectores de las élites políticas. Cambridge
La violencia de mediados del siglo XX llevó esa tradición de confrontación política a una escala de destrucción mucho mayor. El informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala la importancia de las disputas por el poder y por el dominio del aparato estatal en la trayectoria de la violencia bipartidista. Entre 1946 y 1958, la confrontación entre liberales y conservadores alcanzó una dimensión masiva y dejó profundas consecuencias sociales y políticas. Centro de Memoria Histórica
Pero, a pesar de las historias de despojo, desolación y muerte que acompañan la memoria de tantas familias, hay una pieza que usualmente no se muestra completa en este rompecabezas: las ideas que hicieron posible la violencia también fueron producidas desde las cúpulas del poder.
Un estudio sobre las élites colombianas entre 1936 y 1949 examinó editoriales de periódicos, debates parlamentarios y documentos de la jerarquía eclesiástica para reconstruir las formas en que distintos sectores de las élites interpretaron la violencia y el conflicto político. Revistas UNAL
Las balas necesitan un escenario. Y ese escenario también se construye con palabras. Una sociedad que considera justo que un sector de la ciudadanía merezca más privilegios que otro. Una sociedad en la que una parte de la población es catalogada como peligrosa. En la que el ejercicio de la protesta puede ser caracterizado como una amenaza terrorista. En la que la pobreza es percibida como una falla individual. En la que la concentración de la tierra aparece como el resultado natural de un sistema de méritos heredados. En la que una porción de la sociedad termina siendo considerada propietaria legítima de la nación.
Ahí comienza a operar la violencia simbólica. Para Bourdieu, una parte del ejercicio del poder consiste en imponer las categorías mediante las cuales interpretamos el mundo. La violencia simbólica funciona precisamente porque no siempre se reconoce como violencia: las jerarquías terminan incorporándose como sentido común, como aquello que parece obvio, normal o inevitable. SciELO Colombia
En Colombia habría que preguntarse cuánta de nuestra vergonzosa desigualdad histórica ha podido reproducirse como hierba mala porque, como sociedad, hemos aprendido a considerarla natural.
La cuestión no consiste en afirmar que existe una élite colombiana homogénea que lleva décadas produciendo toda suerte de violencias. Las élites son diversas, compiten entre ellas y han defendido proyectos políticos diferentes. El asunto es otro: qué ocurre cuando quienes poseen mayores volúmenes de capital económico, político, social o simbólico ocupan posiciones desde las cuales pueden definir las reglas y conseguir que sus intereses particulares aparezcan como intereses generales.
En el contexto colombiano, la historia de la violencia tampoco puede separarse de los conflictos agrarios y de las dificultades para transformar la estructura de la propiedad de la tierra. El informe ¡Basta ya! identifica las desigualdades agrarias y los problemas asociados a la distribución y tenencia de la tierra como elementos relevantes para comprender las transformaciones de la violencia política. Centro de Memoria Histórica
La articulación entre poder económico, poder político y violencia ha demostrado, además, una enorme capacidad de adaptación. En determinadas regiones del país, diferentes investigaciones han estudiado las relaciones entre paramilitarismo, intereses económicos, apropiación de tierras y desplazamiento. Otros trabajos académicos han analizado la tolerancia de determinados sectores de las élites políticas frente a la represión paramilitar en contextos específicos de lucha contrainsurgente. Estas investigaciones no permiten convertir a las élites en un actor homogéneo, pero sí obligan a examinar las relaciones entre poder económico, poder político y violencia en contextos concretos.
En este punto no se trata de redactar una lista de culpables. Se trata de cambiar la perspectiva. ¿Quién puede ejercer la violencia?
La narrativa dominante suele concentrarse en los actores armados: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, redes delincuenciales, fuerzas armadas. Y es cierto que todos ellos han desempeñado papeles fundamentales en la historia del conflicto colombiano. Pero detenerse allí resulta insuficiente si queremos comprender cómo se reproduce una sociedad atravesada por desigualdades profundas.
También debemos preguntarnos quién tiene la capacidad de definir las reglas. Quién puede convertir su discurso en sentido común. Quién tiene acceso privilegiado a las instituciones. Quién puede transformar el capital económico en capital político. Quién consigue que sus intereses sean reconocidos como los intereses del conjunto de la sociedad.
El poder, como se ha dicho, no es solamente un asunto de armas o de coacción. Puede ejercerse desde el plano jurídico y administrativo, mediante la propiedad, un apellido, un medio de comunicación, una iglesia, una universidad, una red de relaciones. Pero alcanza su forma más eficaz cuando todo aquello termina pareciendo normal e inevitable.
El eco de los bombardeos sobre campesinos inermes, las balas que silencian a poblaciones indígenas, la mordaza de terror impuesta a la infancia que crece en medio del conflicto, la expulsión a fuerza de fusiles de comunidades afrocolombianas no se agota en los hombres que ejecutan esas acciones siniestras. Ellos son los verdugos. Los hombres que disparan. Los que ejecutan la orden. Pero esa es la respuesta sencilla. La pregunta difícil de enunciar —y todavía más difícil de responder— es otra:
¿Quién construyó el país en el que disparar llegó a presentarse como algo necesario, legítimo o inevitable? Ahí empieza otra historia de la violencia en Colombia.
Una historia que no transcurre solamente en las montañas, en las trochas o en los barrios donde las balas siembran cadáveres También transcurre en los lugares donde se decide quién puede disparar, quién debe obedecer y, sobre todo, quién tiene el poder de hacer que la violencia de unos parezca un exceso y la de otros, una necesidad. Y esa historia, durante demasiado tiempo, ha permanecido en la sombra
JUAN LADRÓN DE GUEVARA PARRA
