Este próximo 16 de mayo se cumplen 30 años de expedición del Acuerdo 30 de 1996, por el cual se transformó la antigua “Empresas Públicas de Pereira” en cinco sociedades por acciones (incluyendo Multiservicios para gestión administrativa), que sigue siendo recordado como el punto de quiebre que permitió, no solo su privatización, sino que con ella la injerencia política en la administración y control de los servicios públicos. Lo que inició como una reestructuración bajo el mandato de Juan Manuel Arango, terminó facilitando actos de corrupción y entrega de recursos públicos a manos privadas mediante concesiones, y corrupción contractual.
Una de las gerencias más funestas en una de las más importantes empresas, fue la ejercida por María Irma Noreña en Aguas y Aguas. Fueron muchas las actuaciones y decisiones tomadas en esta administración que causaron daños profundos a su patrimonio, a la buena marcha de la entidad, y a la comunidad, todas en la más absoluta impunidad. Uno de tantas fue la suscripción del Convenio No. 186 de 2010 con el Ministerio de Vivienda para ejecución del programa “Todos por el Pacífico” COMPONENTE CHOCÓ, suscrito el 6 de agosto de 2010.
El plazo convenido para ejecutar este proyecto fue de 59 meses, su entrega debió ocurrir el 13 de noviembre de 2015. Tras la suscripción de 11 Otrosíes y múltiples suspensiones, el plazo de ejecución real se extendió hasta el 20 de junio de 2023 para cubrir las fases de cierre y justificación. En agosto de 2022 se declaró el incumplimiento del contrato y el consecuente siniestro de la póliza expedida por Seguros Liberty. El plazo real de ejecución fue de 254 meses, demora sustancial que afectó todos los componentes del programa. Además, se presentaron retrasos significativos en la entrega de diseños técnicos y la no terminación de las obras de infraestructura en varios municipios al cierre de la fase de ejecución.
Entre los muchos atrasos en la Gestión de Gerencia Integral que realizó Aguas y Aguas en estos 15 años están entre otros: Informes mensuales de gestión que acumularon un retraso de 20 meses a partir de enero de 2020. El Informe compilatorio 2016 presentó demora de 20 meses. En el Seguimiento mensual del programa, los informes de 2019 y 2020 se entregaron con 8 meses de atraso. En el Componente Técnico y Diseños de redes existentes (Acandí y Capurganá) se registró retraso de 10 meses. Los diseños de acueducto y alcantarillado (Unión Panamericana y Río Quito), entregados con 6 meses de demora. En entrega y terminación de obras, finalizado el plazo de ejecución del programa (21 de septiembre de 2022), no se recibió la totalidad de las obras en Istmina, Nóvita y Medio Baudó. Y el diagnóstico de Bahía Solano, fue entregado con 4 meses de retraso.
Los incumplimientos en la entrega de productos derivaron en descuentos aplicables por más de $1.035 millones para Aguas y Aguas, superando el límite de $900 millones previsto para la cancelación del contrato. Este programa se financió con recursos de cooperación internacional y aportes nacionales, por valor inicial de $103,663 millones, divididos así: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: $72,720 millones; Nación: $30,972 millones, y rendimientos financieros (mayo 2022): $37,670 millones.
Por la gerencia integral del programa Aguas y Aguas recibió un pago total de $11,821 millones. Este monto corresponde al valor total ejecutado y efectivamente pagado a la entidad al cierre de los registros financieros, durante los 15 años de ejecución. El porcentaje de ejecución fue 66.5%, y el valor total final del contrato, tras diversas modificaciones y adiciones presupuestales, de $17,126 millones, y un saldo no ejecutado de $5,305 millones, no pagado a la empresa. Aunque se tramitaron actas adicionales, la Cooperación Española determinó que no era viable realizar nuevos pagos mientras estuviera en curso el proceso de declaratoria de incumplimiento contra Aguas y Aguas de Pereira.
El hecho de que Aguas y aguas solo recibiera cerca del 70% del valor total, se debe a que el pago de los productos estaba condicionado a su entrega a satisfacción, Debido a los retrasos acumulados en informes y la no terminación de obras en municipios del Chocó, el Ministerio no procedió con el pago del 30% restante del contrato. En la actualidad la Contraloría General de la República adelanta una Auditoría a este proyecto sin que conozcamos su resultado. Se rumora que hay embargo de bienes a funcionarios y exfuncionarios de la empresa. Las pérdidas para la comunidad del Chocó son incuantificables, y qué decir de las de Aguas y Aguas sosteniendo burócratas y mediocres en esta gerencia. Les seguiré comunicando otros resultados de esta corrupción que no cesa.
Esperamos que Aguas y Aguas aplique lo que les enseñó Ángel Becassino y haga audiencia pública y muestre estos resultados.
