El debate político de los últimos 4 años en el país ha girado en torno a la probidad profesional y académica de los funcionarios nombrados en cargos de alto nivel del estado, pasando por embajadas, ministerios, departamentos administrativos etc, hasta la discusión ética sobre la falsificación o compra de títulos para justificar cargos que le digan sí, sin chistar, al caudillo de turno de la casa de Nariño.
Esta discusión surge debido a que la líder indígena Aida Quilcué Vivas, escogida por el candidito a la presidencia Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial, no tiene el nivel de estudios ideal para que, en caso de ausencia del presidente titular, deba asumir el manejo del país, con los altos niveles de responsabilidad y toma de decisiones que ello implica.
Entre el nutrido grupo de candidatos a la presidencia y los cuatro más probables que saquen alta votación, se encuentran las duplas Cepeda- Quilcué, Valencia – Oviedo, De la Espriella- Restrepo y Fajardo- Bonilla, las demás se quemarán en primera vuelta y no vale la pena si quiera mencionarlas. Decía que, entre estas cuatro primeras opciones, tres vicepresidentes tienen nivel de doctorado en áreas como economía y educación; la única que no llega siquiera a un bachillerato terminado es la señora Quilcué, elegida no por sus méritos académicos y profesionales sino por su adhesión y activismo sin condiciones a la ideología de Cepeda.
Entonces la polémica por la elección de la fórmula se centró en los estudios de la líder del CRIC, inmediatamente las hordas de la extrema izquierda salieron a blandir la vieja confiable del racismo estructural, el clasismo económico o la discriminación por género, la excusa es que la señora no tuvo los privilegios y posibilidades de los otros para estudiar y que eso no es problema, que porque los indígenas tienen su propia cosmovisión y sistema educativo y que eso basta para manejar este país altamente complejo, diverso y grande.
No señores petristas, no señores indígenas, no señores activistas, no señoras feministas, el debate no es por su etnia, ni por su origen humilde, la crítica no es por cómo se viste o porque hable en su lengua propia, no, ese no es el debate, acá el dilema serio y que debería ser una exigencia que se meta en la constitución, es exigir unos máximos de educación y formación en manejo del estado y administración de lo público, que logre la eficiencia y los resultados prometidos en los planes de gobierno, que no se vea encartada como la actual vicepresidente Francia Márquez con un ministerio que no supo construir lleno de activistas y con poca técnica de ejecución presupuestal, que hizo que se declarara la inexequibilidad de tal cartera, aun cuando la vice Francia aduce ser abogada y se presume que sabe del manejo del estado.
O acaso queremos más casos como los de la señora Guerrero, o el embajador en México, o una embajadora en Inglaterra que no habla inglés, o embajadores que se vuelven refugiados en republicas bananeras por ser descubiertos llevando coca en su equipaje, o funcionarios de diversa índole que como bien lo dijo Guarumo, corran la línea ética.
¿De cuándo acá, exigir que una persona tenga la formación adecuada para desempeñar un cargo es clasismo o discriminación?, en cualquier empresa del sector privado o incluso a los funcionarios públicos, se les exige esa formación para su desempeño, en el sector oficial, incluso además de demostrar los títulos adquiridos legalmente , se les somete a un concurso de méritos vía examen, y para escalar salarialmente, en cada nivel de formación logrado se piden especializaciones, maestrías, doctorados, es decir no se la ponen tan fácil como se la pusieron a Francia y a la Quilcué, eso sin contar con los exámenes anuales de desempeño, y otra serie de arandelas que se exigen para trabajar como servidores del estado.
Y sin embargo, aún cuándo se pasan todos los filtros, los pocos que lo logran, no llegan al rango salarial ni prestacional de un congresista, un presidente y un vicepresidente, que en todo caso, son funcionarios públicos, así hayan sido puestos ahí por votación.
No es aceptable tal asunto, y en ese sentido se hace necesaria una reforma constitucional que ponga unas exigencias más altas a quiénes aspiran a ocupar el más alto cargo de la nación, el presidente y el vicepresidente de la república deben poseer las más altas calidades intelectuales, profesionales y éticas para el desarrollo de su función.
Así las cosas, si solo basta con tener votos, cerremos las universidades y colegios, quitemos la obligatoriedad de la educación y lancémonos todos sin saber cómo hacerlo a gobernar este país, pues ahora resulta que ser profesional es peor que ser rico.
Apague y vámonos
