Pereira, 13 de febrero de 2026.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en coordinación con la Policía de Carabineros, suspendió actividades de minería ilegal en la vereda San Andrés, municipio de Santa Rosa de Cabal, en el centro-occidente de Colombia.
Durante la inspección, el equipo técnico halló tres túneles rudimentarios construidos sin permisos ni licencias ambientales, donde se utilizaban herramientas manuales como taladro percutor, palas y zarandas para la extracción de oro. El material estéril producto de la explotación estaba siendo arrojado sobre la franja forestal protectora de la quebrada San Andrés, generando sedimentación y alteración del cauce natural.
El profesional especializado de la CARDER, Jorge Iván Delgado, explicó: “Son túneles realizados sin título minero ni licencia ambiental. Se encontró un canalón donde lavaban el material para buscar oro, además de elementos como palas y zarandas con los que desarrollaban la actividad”.
Ante la evidencia, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata de cualquier intervención sobre los recursos naturales y decomisó preventivamente los elementos utilizados.
Un desafío con resonancia internacional
La acción de la CARDER refleja un dilema presente en varios países de América Latina, África y Asia: la delgada línea entre la minería artesanal y la minería ilegal.
Minería artesanal: se caracteriza por el uso de herramientas manuales y técnicas rudimentarias. Puede ser legal si cuenta con título minero, licencia ambiental y permisos.
Minería ilegal: se realiza sin autorización, aunque emplee métodos manuales o de pequeña escala. Sus impactos ambientales y sociales —como sedimentación de fuentes hídricas y deforestación— la convierten en una amenaza para la sostenibilidad.
En el caso de Santa Rosa de Cabal, aunque las técnicas empleadas son propias de la minería artesanal, la ausencia de permisos y el daño ambiental directo hacen que se clasifique como minería ilegal.
Contexto global
La Organización Internacional del Trabajo y la ONU han señalado que millones de personas dependen de la minería artesanal para subsistir, pero advierten qué, sin procesos de formalización y control ambiental, estas prácticas pueden derivar en graves afectaciones ecológicas y sociales.
La suspensión en Risaralda se suma a los esfuerzos internacionales por diferenciar y regular la minería artesanal, evitando que se confunda con la minería ilegal, y promoviendo alternativas sostenibles para las comunidades que dependen de esta actividad.
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