Algo anda profundamente mal cuando en la política el que grita más fuerte parece llevar la razón. No se trata solo de un cambio en las formas; hay una erosión de fondo. El debate en Colombia —como en muchas democracias contemporáneas— se está vaciando de ideas y llenando de gritos, descalificaciones e insultos. Lo que debería ser un diálogo enriquecedor entre posturas distintas se ha convertido en un ring, en una competencia de agresividad donde gana quien lanza el agravio más sonoro, no quien presenta el mejor argumento.
Este fenómeno resulta alarmante, no solo por lo que revela sobre la clase política, sino por las consecuencias que genera en la sociedad. La vulgaridad y la ofensa, lejos de ser condenadas, suelen ser aplaudidas. Se confunden con franqueza, con autenticidad, incluso con coraje. Pero no. Decir groserías desde una posición de poder no es un acto de valentía: es una muestra de irresponsabilidad. No equivale a hablar “sin filtros”, sino a desechar el respeto como regla básica del juego democrático. Se dinamita el mínimo común ético sobre el cual podría construirse una conversación pública significativa.
El presidente Gustavo Petro lo ejemplificó con crudeza cuando, en un acto de evidente descontrol verbal, llamó “hp” al presidente del Senado. En Colombia no hace falta traducir esas siglas para entender la gravedad del insulto. Fue un ataque directo, sin matices ni contexto que lo justifique. Y como suele ocurrir cuando se juega en el terreno de la ofensa, la respuesta no tardó en llegar: Vicky Dávila, periodista y hoy precandidata presidencial, replicó con la misma moneda —y con la misma sigla—: “Aquí el único hp es Petro”. Resultado: dos figuras públicas de alto perfil rebajadas al nivel de cualquier riña callejera, protagonizando una escena más digna de un programa de chismes que de una democracia seria.
El problema va mucho más allá de este episodio puntual. No se trata únicamente de que se insulten entre ellos. Lo hacen desde espacios de poder, arrastrando al resto del país a ese mismo terreno de confrontación primaria. Cada vez que una figura pública normaliza la agresión verbal, legitima esa forma de comunicación. Transmite el mensaje de que insultar también sirve como herramienta para hacer política. Y con el tiempo, ese mensaje cala hondo en la ciudadanía: se contamina el lenguaje público, se deteriora la cultura política y se vuelve cada vez más difícil construir consensos.
Lo preocupante radica en cómo esta forma de hacer política se ha instalado sin apenas resistencia. Se ha vuelto común aceptar la política a los madrazos: una práctica que no apela a la razón, sino al grito; que no busca convencer, sino aplastar al contrario; que confunde el liderazgo con la capacidad de humillar. En esa dinámica, el país entero pierde. Pierde la posibilidad de escuchar ideas distintas. Pierde el respeto por las instituciones. Pierde incluso el lenguaje como puente hacia el entendimiento.
Porque insultar no demuestra fortaleza. Lo que verdaderamente refleja carácter es la capacidad de sostener ideas con firmeza, de argumentar sin caer en la bajeza, de debatir sin destruir. Hablar con respeto no equivale a ser tibio, ingenuo o débil frente al adversario. Implica comprender que cada palabra, sobre todo cuando proviene del poder, tiene un peso inmenso. Y ese peso puede edificar puentes… o abrir grietas irreparables.
Hoy, sin embargo, parece que lo importante no es la solidez de una idea, sino cuántos “likes” o retuits genera. La grosería se ha convertido en estrategia política: genera ruido, escándalo, atención mediática. Pero es pan para hoy y caos para mañana. El corto plazo se impone sobre la responsabilidad a largo plazo. El show reemplaza al contenido. Y con ello se desvanece la posibilidad de una política que piense en el bien común y no en el próximo titular.
La política necesita menos espectáculo y más sustancia. Menos gritos y más argumentos. Menos protagonismo individual y más construcción colectiva. Gobernar no consiste solo en tomar decisiones: también implica saber cómo se habla, cómo se escucha y cómo se representa a un país entero, incluso —y sobre todo— a quienes no piensan igual.
Este no es un llamado a discursos fríos, calculados o vacíos de pasión. Es un llamado urgente a recuperar la altura del debate. A tramitar las diferencias con inteligencia, no con rabia. A disentir sin recurrir al insulto ni deshumanizar al otro. Cuando desde el poder se enseña que gritar, ofender y humillar forma parte del juego, no debería sorprendernos si el resto de la sociedad termina jugando igual. Y ahí no solo se rompe el diálogo: se fractura el tejido democrático.
El respeto no es un lujo. Tampoco un capricho de quienes “hablan bonito”. Es una condición indispensable para que la política funcione como herramienta de transformación y no como espectáculo de destrucción. No, insultar no es un acto de valentía. Representa el síntoma más evidente de una política que ha renunciado al argumento. Y cuando los argumentos se agotan, lo único que queda es la violencia. Primero la verbal. Después, quizás, la otra. Y ese, en cualquier democracia, es el signo más grave de todos.
Juan Fernando González Giraldo
