Colombia vive desde 1991 bajo una Constitución que se proclama social, garantista y económica.
Si escarbamos en sus pilares económicos podríamos preguntar si realmente nuestra carta magna está diseñada para la justicia social o para blindar los intereses del mercado.
Hoy día generan más ruido que certezas dos instituciones que han marcado el rumbo económico del país, el Banco de la República y la descentralización fiscal.
El Banco de la República desde 1991 fue establecido como una institución con autonomía e independencia: patrimonial, técnica y administrativa, con el fin de evitar la injerencia e influencia del gobierno y de la política.
En los años noventa, eso era sensato, proteger la estabilidad de la unidad monetaria, el peso colombiano, evitar la inflación galopante, atraer inversión y contribuir al crecimiento económico.
En el contexto actual, el actual gobierno, que busca expandir el gasto social y enfrentar las desigualdades estructurales, la autonomía del Banco se le ha convertido en barrera para conseguir el cambio económico progresivo, razón que justifica manifestando que, a pesar de la caída significativa de la inflación, la Junta Directiva del Banco de la República persiste en mantener la tasa de interés de intervención o de política monetaria elevada, asfixiando el crédito productivo, ralentizando la economía y asegura que este enfoque técnico del banco, conserva privilegios al sector financiero y limita la política redistributiva.
La descentralización fiscal que prometía revitalizar la democracia local y fortalecer la autonomía territorial, tres décadas después, muchos municipios siguen en estado de dependencia económica crónica del gobierno central, no obstante que la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) en 2024 intentó corregir el rumbo, mostrando la realidad que regiones con baja capacidad tributaria permanecen rezagadas, mientras otras aprovechan la descentralización para reproducir redes de poder político.
La Constitución de 1991 no impuso un modelo económico, pero sí edificó una institucionalidad que favorece la tecnocracia sobre la deliberación democrática.
En otras palabras, las decisiones clave sobre cómo manejar la economía no siempre se discuten abiertamente entre ciudadanos o en el Congreso, sino que las toman organismos especializados con criterios técnicos y las decisiones se discuten y deciden entre todos, en espacios políticos abiertos.
Colombia necesita abrir el debate sobre qué tipo de política económica permite y restringe nuestra Constitución, cómo podemos re equilibrar los poderes técnicos con la urgencia democrática y si es viable seguir gobernando bajo una arquitectura diseñada para otros tiempos.
Es hora que el país asuma, que la discusión constitucional no puede limitarse al terreno jurídico, porque lo económico también exige revisión, debate y acción pública.
