Solamente vergüenza es la que no tiene la derecha y sus adláteres para defender sus privilegios mal habidos, al punto de querer bajarle el salario mínimo a quienes se esfuerzan por llevar el pan a sus hogares. Aun con los menesterosos mentales en contra del aumento —la inmensa mayoría, gente de a pie—, el gobierno se encuentra en manos del único presidente de la historia que ejecuta la totalidad de las demandas sociales de sus electores, al menos hasta donde la delincuencia mafiosa, corrupta, asesina e inoperante, enquistada en el edificio del Estado, no lo impida mediante artilugios legales.
Una oposición enlistada dentro de los clanes regionales del país, carente de ideología y sin estar a la altura de las circunstancias políticas para administrar de manera eficiente, desinteresada en generar proyectos e impulsar debates, salvo cuando durante años tocaba repartir la tajada a partes iguales.
Desde luego, el “conocido negocio” del vaciamiento hubiera continuado sin interrupciones si no hubiera llegado Petro a impedirlo, como cabeza de una administración caracterizada por enviar a la cárcel a oficialistas u opositores al incurrir en delitos de corrupción comprobada, derivándolos a la justicia.
De hecho, dicha acción la realiza a sabiendas de que los altos tribunales están cooptados por intereses mafiosos que, mientras omiten la condena de un criminal de lesa humanidad, narcotraficante y ligado a grupos paramilitares de la talla de Álvaro Uribe Vélez, “curiosamente” dejan en libertad a exfuncionarios cuestionados para después salir a tildar de bandido al gobierno.
Es la misma calumnia de quienes, de forma reciente, negaron estar en contra del incremento del 23 % del salario mínimo, cuando existen innumerables registros filmográficos y sonoros, así como el testimonio de ciudadanos tras instalar el debate en la sociedad, demostrando así la veracidad de los hechos. Pero la mayor gravedad reside en que los colombianos sigan creyendo más en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la radio, en lugar de “ahorrarse tiempo” comprobando las evidencias, aunque no las quieran ver. Esto es como si tuviera lugar un accidente en la vía pública y el vecino de la esquina mandara al de la vuelta a darle una de tantas versiones de lo sucedido, con tal de “evitar la fatiga”, rehusarse a ver más allá o sentirse conforme porque el veredicto se ajusta a su modo de pensar.
De allí la llamativa reacción del jefe natural del Centro Democrático, quien, luego de acusar a Gustavo Petro de pretender acabar con los “pobres empresarios”, sale ahora a decir, en nombre de la colectividad política a la cual pertenece, “nunca haber estado contra los aumentos”. Igual una de sus principales abanderadas, la candidata presidencial Paloma Valencia, afirmando con resignación que “no es conveniente revocar lo ya concedido a los trabajadores”, como si recibir un sueldo digno se tratara de limosna. ¿Será que la senadora olvidó cuando, hace pocos meses, votó a favor de vetar la reforma pensional y la de salud, además de oponerse de manera rotunda a los aumentos destinados a la tercera edad, mientras se gana alrededor de 52 millones de pesos mensuales?
¿Alguien podría olvidar las difundidas imágenes del falso representante de los afrodescendientes, Miguel Polo Polo, celebrando junto a su bancada, golpeando el pupitre del Congreso como una ardilla y a los gritos, el hundimiento de las distintas leyes impulsadas desde el Poder Ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los colombianos?
Lo cierto es que los números gobiernan al mundo. Según Albert Einstein, “el idioma con el cual Dios hizo el mundo”. Para no ser menos, la derecha opositora sabe de la cercanía de las próximas elecciones y de la, así sea tardía, necesidad de apartarse de las medidas impopulares adoptadas. Conocen los números negativos en materia de preferencias del electorado, de candidatos incapaces de sumar, de politiqueros impresentables que se abrogan su representación contra el mejor gobierno de la historia de Colombia para llevarse lo que no pueden robar desde hace más de tres años. La única administración poseedora de un legado imborrable, tanto en materia de democracia, paz y libertades como de justicia social, garantizando la estabilidad económica, la transparencia y la equidad, con un presidente cuyo paradigma excede las fronteras del país y se ha convertido en referente mundial.
Dejando de lado las presiones del poder y las decisiones tomadas a espaldas del pueblo, si este decide volver a elegir a sus verdugos de toda la vida, en lugar de dar continuidad a quien hace posible el desarrollo colectivo e individual, se sabrá el próximo 8 de marzo; más precisamente, el 31 de mayo, aunque perder las conquistas logradas sea un lujo inconcebible e imposible de permitirse.
Amenaza solapada
Hace unos días, los medios masivos con los cuales cuenta la extrema derecha dieron a conocer las palabras del economista, político, exviceministro de Hacienda y exdirector del Departamento de Prosperidad Social del gobierno de Juan Manuel Santos, Bruce Mac Master.
El actual presidente de la Asociación Nacional de Industriales había sugerido a los empresarios despedir a los empleados que no devolvieran la suma del aumento concedido, especulando con trasladar las presiones de las altas esferas al comprensible temor de los trabajadores de perder su fuente de empleo. Sin embargo, olvidó un pequeño detalle: el presidente de la República sigue siendo Gustavo Francisco Petro Urrego, elegido para transformar el país en favor de la gente y no para administrarlo como si fuera una finca.
Por supuesto, este exacerbado empresario puede permitirse dichas alocuciones porque su nombre no será sometido a consideración de la ciudadanía en los comicios venideros. No se le puede negar, eso sí, el hecho de ser otro de los representantes de los sectores que financian o garantizan la continuidad, al interior del Congreso —compra de voluntades mediante—, de quienes hoy, desde sus bancas, se dedican a tumbar las leyes promovidas por el gobierno a cambio de salarios exorbitantes e injustificados. Porque, a pesar de insinuar lo contrario, mañana harían lo mismo en un eventual gobierno de Iván Cepeda Castro. Pero, como dice el saber popular, “la culpa no es del marrano, sino del que le da de comer”: la gente, con el voto, cambiando la lechona, el “puestico” o el contratico a cambio de cuatro años de miseria y carestía.
Tal vez, en ese sentido, resulte conveniente neutralizar políticamente a los parásitos —no como lo hicieron ellos desde tiempos inmemoriales, eliminando físicamente a sus contradictores o desplegando un verdadero arsenal de violencia social—, sino a la inversa: del mismo modo en que desechan cuanto no los proyecta ni les otorga ganancias, ojalá el pueblo deje de mantener, con su bolsillo, a quienes son capaces de quitarle la comida de la boca. Más bien deberían asumir que han perdido la partida, porque les resultará menos conveniente que la presencia masiva del pueblo en las calles autoerigirse como sus verdaderos enemigos, a pesar de no ser un secreto para nadie.
No por asuntos personales, sino de “negocios”. En este caso, el de poder vivir con dignidad sin sentirse obligados a marcharse al exterior porque el país no ofrece las oportunidades necesarias para prosperar. Nunca más el antro de otras épocas, donde la militancia se volvió la mendicancia de cada día, desbordando los directorios y las oficinas gubernamentales para pedirle al politiquero de turno que les ayudara a bajar el puntaje o a encontrar trabajo al familiar desocupado, sin olvidarse del cartelito que colgar en la ventana.
Carlos Alberto Ricchetti
