Autopistas del café.
En agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció en Manizales, que esta concesión entregada al sector privado (Argos-Odinsa) por espacio de 30 años, no iría más una vez se cumpliera su plazo (febrero/27), por tanto, las vías nacionales en el Eje Cafetero, volverían a quedar a cargo de la nación. Inmediatamente, el gobernador de Risaralda, los alcaldes de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa, así como parlamentarios como Alejandro García y el Comité Intergremial, le solicitaron a la Ministra del transporte mediante comunicación escrita, que “prorrogue tal concesión”, es decir, que siga el abuso con la gente de la región, sus transportadores, productores, y en general los usuarios de las vías.
Pero la respuesta les llegó hace apenas unos días, con la visita realizada por el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, quien definitivamente advirtió que “empieza el proceso de reversión” del patrimonio público a cargo de la nación, puesto que esta concesión termina en febrero de 2027.
Son siete (7) peajes en escasos 188 kilómetros, es decir, en promedio, un (1) peaje cada 27 kilómetros. Todo un negocio para los concesionarios, pues a lo largo de estos casi 30 años, han recaudado aproximadamente 10 billones de pesos, si nos basamos en las cifras proporcionadas por la Doctora Lina María Arango, una de las personas que más ha batallado contra este abuso.
Pero no basta el solo anuncio, es necesario hacerle seguimiento político y ciudadano al proceso de terminación de la concesión. Se requiere por ejemplo, que sean levantados varios de dichos peajes, que las tarifas rebajen sustancialmente, y ante todo, que su administración esté a cargo de la nación, pues nada se habría logrado si el recaudo sigue por cuenta de los privados.
Otro punto que advierte la Doctora Arango, es que debe rechazarse el otro proyecto en el que vienen trabajando febrilmente ARGOS y ODINSA, dueños de la concesión, y es la llamada Iniciativa Privada IP – Conexión Centro, y la pretendida concesión que vendría de la Paila (Zarzal) a Calarcá, con lo cual buscan prolongar su negocio por otros 30 años.
Todo este modelo de negocio privado con el patrimonio público en materia de vías nacionales, se ejecuta a partir de la ley 1508 de 2012 expedida en tiempos de Juan Manuel Santos, en el que aparentemente los privados ponen la plata y ejecutan las obras viales, pero en realidad es la gente la que a punta de peajes, paga con creces dichas obras. Con dicha ley, de ñapa, los concesionarios quedan al margen de rendir cuentas públicas acerca de inversiones y recaudos, lo cual es inaudito, pues se trata de un patrimonio público explotado por privados en perjuicio de la ciudadanía, golpeando la economía de la región.
Respecto de esta ley (1508/12), no se trata de reformarla con paños de agua tibia, no, debe ser derogada, estableciendo unas reglas radicalmente distintas en materia de vías nacionales y su administración. Quién dijo que el Estado no puede hacerlo.
Como aspirante a la Cámara de Representantes por Risaralda en la lista del PACTO POR RISARALDA, adquiero el compromiso de trabajar arduamente con todas las fuerzas vivas de la región, empezando por nuestro Departamento, para ponerle fin a los negociados con lo público, que se propicia con la ley 1508 de 2012.
Reducción de precios de los combustibles
Y la otra noticia con que nos sorprendió el presidente, es que empezarán a rebajar los precios de la gasolina y el Diesel, puesto que ya se saneó el hueco fiscal que irresponsablemente dejó el inepto Iván Duque de alrededor de 70 billones de pesos. Saneado el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles y un dólar estabilizado y con tendencia a seguir bajando, lo lógico es que los precios de tales combustibles también bajen y eso es lo que el presidente del cambio Gustavo Petro ha anunciado.
Con todos estos cambios, tiembla la derecha electoralmente. El cambio debe seguir sin duda alguna.
Fernando Arias Cardona.