María trabajó 35 años como enfermera en Bogotá. Cotizó regularmente, aportó al sistema y se pensionó hace dos años. Hoy vive con cierta dignidad: paga el arriendo, cubre sus tratamientos médicos y tiene un pequeño margen para salir a caminar.
En cambio, Pedro—un comerciante informal que nunca pudo mantener cotizaciones constantes—llega a los 68 años con la incertidumbre del mañana. Sabe que, aunque el Congreso aprobó la reforma pensional bajo la Ley 2381 de 2024, eso no garantiza que un Estado con recursos limitados le asegure una vejez tranquila. María y Pedro son dos caras de una misma realidad que interpela a Colombia y a toda América Latina.
Colombia y América Latina: una región con asimetrías pensionales
La Ley 2381 de 2024 introdujo avances importantes: fortalece la cobertura de los adultos mayores más vulnerables, amplía los subsidios a quienes no logran pensionarse y mejora la articulación entre ahorro individual y régimen solidario. Sin embargo, la norma no resuelve del todo la fragilidad estructural: Colombia sigue rezagada frente a sus pares latinoamericanos en monto, cobertura y sostenibilidad.
Para ilustrar, miremos el dato comparativo de Statista (2024): mientras Uruguay garantiza una jubilación mínima cercana a los 475 USD mensuales, en Colombia esta apenas ronda los 341 USD. Esa brecha evidencia que, aunque la reforma trajo mejoras, el país todavía está lejos de ofrecer pensiones que aseguren calidad de vida.
El bono demográfico se invierte y la natalidad se desploma
Uno de los mitos más peligrosos es creer que las ecuaciones demográficas naturales sostendrán el sistema pensional. La realidad es otra: el bono demográfico se está invirtiendo. En lugar de tener muchos jóvenes activos y pocos adultos mayores, la región (y Colombia en particular) empezará a tener cada vez más jubilados con menos cotizantes.Según cifras oficiales, en 2024 nacieron 445.011 bebés en Colombia, un 13,7 % menos que en 2023 y 32,7 % menos que en 2015. La tasa global de fecundidad cayó a 1,1 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1). Esto significa que en pocos años habrá proporcionalmente menos trabajadores financiando más pensiones.
A nivel regional la tendencia es similar: la tasa de natalidad en América Latina cayó a niveles históricos, alrededor de 15 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2022. El futuro no pinta mejor si no se toman decisiones de política pública que acompañen a la reforma.
Mi reflexión
Dado este panorama, desde mi visión y experiencia en el tema de políticas públicas se me ocurren algunas líneas de acción (algunas más urgentes que otras):
- Reforzar el ahorro voluntario incentivado, especialmente entre los trabajadores independientes, con beneficios fiscales que lo hagan atractivo
- Diseño de regímenes híbridos que combinen cuentas individuales con solidaridad colectiva, de modo que no toda la carga recaiga en las cotizaciones obligatorias
- Políticas de fertilidad responsable con soporte social, como subsidios a maternidad/paternidad, crianza, educación infantil, horario laboral flexible — no necesariamente para revertir radicalmente la natalidad, pero sí para aminorar el impacto de su descenso
- Migración seleccionada (dentro de marcos seguros y legales) como mecanismo complementario, para incorporar población activa
- Ajustes en la edad de jubilación, indexados a la esperanza de vida real y con salvaguardas para trabajos pesados o grupos vulnerables
No basta con aprobar una reforma pensional. Cuando el crecimiento demográfico se detiene —o se invierte—, los sistemas que dependen del volumen de cotizantes se tensionan al extremo. Colombia debe reconocer que ni la ley 2381 ni los ajustes técnicos son suficientes si no se acompañan de una estrategia demográfica y de política social integral.
Fernando Sánchez Prada
Fuentes: Statista (jubilación mínima en Latinoamérica); DANE y Presidencia (445.011 nacimientos en 2024, -13,7 % vs 2023, -32,7 % vs 2015); El Tiempo (tasa global de fecundidad en Colombia, 1,1 hijos por mujer); SBS (tasas de natalidad históricas en América Latina).
