El Pacto Histórico anunció el despliegue de un ejército de al menos 125.000 testigos electorales, uno por cada mesa de votación, como parte de su estrategia para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Para ello, el movimiento lanzó su propia plataforma de inscripción y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría ampliar los plazos de registro.
A 17 días de los comicios, el partido encendió las alarmas sobre lo que considera irregularidades en la organización del proceso electoral. El representante Gabriel Becerra, integrante del Comité Político y secretario general de la Unión Patriótica, expuso públicamente los cuestionamientos dirigidos a la Registraduría Nacional y al CNE.
Entre las denuncias figuran:
- Desacuerdos con el diseño del formulario E14, acta oficial para el conteo de votos.
- Reparos a las instrucciones que, según el movimiento, estarían recibiendo los jurados de votación para orientar a los electores sobre el tarjetón de las consultas presidenciales, mecanismo en el que el Pacto decidió no participar tras la exclusión de su candidato Iván Cepeda.
- Preocupaciones por la seguridad de los datos de sus militantes en la plataforma del CNE destinada a la inscripción de testigos.
- La destrucción de murales y pasacalles de campaña en distintos territorios del país.
En su comunicado, el Pacto Histórico llegó incluso a advertir sobre una posible “injerencia extranjera indebida” en los comicios, señalando —sin aportar pruebas— que el gobierno de Donald Trump podría actuar en su contra.
Finalmente, Becerra confirmó que el movimiento no acompañará ninguna consulta interpartidista el 8 de marzo:
“No vamos a participar en la consulta y ese es un derecho legítimo que ejercemos, no porque seamos sectarios ni porque no queramos la unidad, sino porque ante la exclusión tenemos el derecho a participar con nuestra propia consulta, que es eligiendo a nuestros senadores y representantes a la Cámara”.
