Bogotá vuelve a mirar de frente uno de sus capítulos más oscuros. El tristemente célebre carrusel de la contratación, símbolo de corrupción y de la manipulación de la obra pública, regresa a las portadas con la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Este lunes 2 de marzo de 2026, el alto tribunal confirmó parcialmente la condena contra Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), hallada responsable del delito de cohecho propio en el entramado de irregularidades que favorecieron al Grupo Nule.
La Corte absolvió a Pardo en lo relacionado con la licitación 006 de 2008, al considerar que los testimonios apuntaban más hacia la actuación autónoma de otro exfuncionario, Inocencio Meléndez Julio. Sin embargo, en lo referente a las obras de valorización previstas en el Acuerdo 180 de 2005, la Sala fue contundente: las pruebas demostraron que Pardo aceptó compromisos económicos a cambio de adjudicar contratos de manera ilegal.
La sentencia describe un “plan criminal” que manipuló la contratación del IDU y que dio origen al escándalo que aún hoy se recuerda como el carrusel de la contratación. Por ello, la exfuncionaria fue condenada a 108 meses de prisión, además de una multa equivalente a 99.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Con esta decisión, el fantasma del carrusel vuelve a rondar la opinión pública. Lo que parecía un capítulo cerrado revive en la memoria colectiva como recordatorio de que la corrupción, aunque silenciosa por momentos, siempre termina saliendo a la luz.
