A propósito de la celebración del día de la «pereiranidad» ocurrido el pasado 26 de septiembre, fecha del onomástico del poeta Luis Carlos González Mejía, continúo con el análisis del componente político de nuestro civismo que ya había iniciado en la pasada columna.
La llegada del centenario de la refundación de la ciudad, en 1963, le dio un nuevo brío a los afanes de progreso que vivía la ciudad. Alcaldes visionarios y una comunidad entusiasta sacaron adelante —para celebrar la efeméride— grandes obras como la Universidad Tecnológica, la avenida 30 de agosto, los juegos deportivos nacionales, el «Bolívar desnudo», el coliseo mayor, la ampliación del aeropuerto y su nueva terminal de pasajeros, entre otras.
Todo este entusiasmo, aunado a la evidente demostración de que éramos capaces de enfrentar los más difíciles retos, avivó los afanes separatistas hasta la llegada de la independencia político-administrativa en 1967 cuando Pereira, ufana y altanera, se alzó en Colombia como una nueva capital de departamento.
Sin embargo, en los años finales del siglo pasado la armonía entre lo público y lo privado se rompió y la nueva Constitución de 1991 clavó en ella su puñal artero al prohibir que entidades privadas recibieran y administraran recursos públicos, una decisión aupada por la perentoria necesidad de eliminar los auxilios parlamentarios que se habían convertido en el mayor foco de corrupción del país. En las últimas décadas se ha hecho evidente el creciente divorcio entre los dos estamentos ciudadanos (público y privado), circunstancia que, entre otras, contribuyó al deterioro de lo que hemos denominado el civismo pereirano. Muchas otras decisiones de esa Carta Magna fueron cruciales en la transformación de nuestra sociedad y abismaron la relación entre lo público y lo privado. Cobra cada día más vigencia e importancia el debate sobre el papel que jugó la figura político-administrativa de la elección de alcaldes y gobernadores en esta crisis.
Adicionalmente, otros elementos de la modernidad y nuevas visiones han atentado contra ese espíritu cívico al violentar algunas de las características de la idiosincrasia de nuestras gentes como son la solidaridad y la tolerancia. Muchas de las organizaciones sociales y comunitarias de antaño son «cadáveres ambulantes» que sobreviven (porque la mortandad fue estrepitosa) solamente por afanes politiqueros alimentados por ánimos disgregacionistas implícitos en conceptos como la estratificación socioeconómica.
Por fortuna hay aún en la ciudad otras muchas entidades sociales sin ánimo de lucro que luchan con denuedo por mantener vivo ese civismo, pero sobre todo por cultivar las virtudes sobre las que recae: la solidaridad, la fraternidad y el librepensamiento. Más de cien organizaciones hacen parte de esa red que un colectivo ciudadano denominado Orgullo Pereirano, con el apoyo de la Universidad del Área Andina y de otras entidades, pretende identificar y diagnosticar para potenciar su papel y de ser posible construir con ellas un «hub» que integre sus afanes cívicos. Pero por ahora es importante resaltar el lamentable distanciamiento —cada vez mayor— entre este ejército de entidades solidarias —con origen en la esfera privada— y las entidades de gobierno local.
Excelente..,Así es.., muchas gracias