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El 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció por decreto el incremento del salario mínimo para 2026, fijándolo en $2.000.000 mensuales (incluyendo auxilio de transporte). La decisión, tomada tras el fracaso de la concertación entre empresarios y sindicatos, se justificó bajo el concepto de “salario mínimo vital”, un giro discursivo que busca garantizar ingresos suficientes para cubrir una canasta básica digna.
La medida, de carácter histórico por su magnitud —un aumento nominal cercano al 23% frente al total de 2025— abre un debate que trasciende lo técnico y se instala en el terreno de los derechos sociales, la sostenibilidad macroeconómica y la productividad empresarial.
Aumento nominal y aumento real
El incremento decretado es contundente en términos nominales. la verdadera pregunta es cuánto representará en términos reales. Con una inflación anual de referencia en 2025 de 5,3%, el aumento real proyectado supera el 15%. No obstante, el efecto final dependerá de la inflación que se cause en 2026, porque si los precios se aceleran por la indexación de tarifas y contratos, el beneficio real podría diluirse.
Impacto microeconómico
– Hogares: Para los trabajadores que devengan el mínimo, el aumento significa un alivio inmediato en el bolsillo y una mayor capacidad de consumo. La narrativa oficial lo vincula con la posibilidad de cubrir una canasta vital, estimada en alrededor de $2,900.000 para un hogar de cuatro personas.
– Empresas: Las Mipymes, que concentran gran parte del empleo en Colombia, enfrentarán un incremento sustancial en sus costos laborales. Esto puede derivar en ajustes de nómina, reducción de contratación o mayor informalidad si la productividad no acompaña el alza.
– Precios: Al estar indexadas múltiples tarifas al salario mínimo (arriendos, seguros, copagos ,servicios), el aumento se trasladará a otros costos de vida, afectando incluso a quienes no ganan el mínimo.
Impacto macroeconómico
– Inflación: El Banco de la República ha advertido que incrementos elevados del mínimo presionan la inflación por costos y expectativas. El reto será evitar que el aumento nominal se traduzca en una espiral de precios.
– Demanda agregada: En el corto plazo, el consumo interno puede dinamizarse, especialmente en sectores de comercio y servicios. Sin embargo, si la productividad no crece, el impulso puede convertirse en un freno para la inversión y el empleo formal.
– Cuentas fiscales: El alza impacta remuneraciones públicas y topes salariales, aumentando la rigidez del gasto estatal y obligando a replantear la política fiscal.
Posiciones de Ortodoxos vs heterodoxos
– Ortodoxos: Defienden que el salario debe ajustarse según inflación y productividad. Consideran que un aumento excesivo puede elevar desempleo e informalidad.
– Heterodoxos: Sostienen que un salario vital es un derecho y que mayores ingresos dinamizan la economía, reducen pobreza y fortalecen la cohesión social. Para ellos, el costo de la canasta básica debe ser el referente principal.
El salario mínimo tradicional busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. El salario vital, en cambio, apunta a cubrir el costo de una canasta básica digna, alineado con estándares internacionales y con la Constitución colombiana. Este cambio de enfoque implica pasar de un cálculo técnico a una apuesta normativa y social.
En regiones como el Eje Cafetero, donde predominan las Mipymes en comercio, agroindustria y servicios, el impacto será inmediato. El aumento puede tensionar márgenes empresariales, pero también abrir oportunidades de formalización y dinamización de cadenas de valor locales, siempre que se acompañe con políticas de productividad, crédito y capacitación.
El decreto presidencial sobre el salario mínimo vital marca un hito en la política laboral colombiana. Más que un ajuste técnico, es una apuesta por redefinir el estándar de dignidad en el trabajo. El desafío será equilibrar el bienestar inmediato de los trabajadores con la sostenibilidad macroeconómica y la capacidad de adaptación de las empresas.
El desenlace dependerá de tres factores: la evolución de la inflación, la respuesta del empleo formal y la capacidad del Estado para acompañar a las Mipymes en el tránsito hacia una economía más productiva y equitativa.
Javier Ríos Gómez – Economista
Hay que hacer un análisis de hasta dónde la capacidad instalada del país esta subutilizada y cómo responde la elasticidad de la producción frente a la demanda con este notable incremento. México ha hecho incrementos del salario mínimo aún más fuertes y se ha ´presentado una inflación desbordada.