Nuestra querida Pereira no ha logrado, desde que inició la elección popular de alcaldes, elegir un mandatario capaz de resolver de forma concluyente las problemáticas que nos aquejan. Por el contrario, asistimos a un listado de deudas sociales que se agravan día tras día.
La educación pública no responde a las demandas de la población y su infraestructura amenaza ruina. Somos una de las ciudades con más muertes violentas y enfrentamos graves crisis de salud mental. El sistema de transporte es costoso e ineficiente, lo que empuja el crecimiento de la informalidad y el caos vehicular. No existe política pública para ofrecer vivienda digna a quienes la requieren. A esto se suma el grave retraso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, obras de mala calidad y una hacienda pública fallida, marcada por una altísima cartera morosa y una inequidad tributaria evidente.
Resulta indignante analizar el manejo presupuestal. El presupuesto municipal para 2025 fue aprobado en 1,51 billones de pesos, pero al cierre del año el recaudo ascendió a 1,98 billones; es decir, se percibieron $470.000 millones adicionales. Sin embargo, este aumento de recursos no se tradujo en bienestar. ¿Dónde está la eficiencia del desbordado gasto público?
Un sector enorme de propietarios soporta desde 2022 un impuesto predial oneroso, producto de una nefasta actualización catastral bajo el modelo de «catastro multipropósito». Esta gestión no fue un ejercicio de equidad, sino un atropello técnico que ignoró la capacidad de pago de los ciudadanos. Al convertir el catastro en una herramienta netamente fiscalista y voraz, dispararon una cartera morosa que, sumada a las altas tasas de interés del Banco de la República, hace la deuda inmanejable. Al cierre de 2024, la cartera se tasó en $469.000 millones; tras un decreto de deterioro por $242.377 millones, la cifra volvió a subir a $477.000 millones al cierre de 2025. Es un círculo vicioso: el municipio pretende recaudar más con avalúos inflados, pero termina con las arcas llenas de cuentas incobrables y ciudadanos empobrecidos. A lo anterior se suma la actitud temerosa de los afectados que guardan silencio con una administración ausente de transparencia.
Para mitigar esta morosidad, se recurre a descuentos por pronto pago que en 2025 costaron $53.641 millones; una herramienta del Estatuto Tributario que raya en la ilegalidad, pues tales beneficios no están contemplados en la ley nacional. A pesar de esto, el municipio cerró el 2025 con una deuda pública de $167.917 millones.
La corrupción galopante se manifiesta de forma cruda. ¿Cuándo se informará sobre el estado real de la avenida Los Colibríes? ¿Cuánto costará rehabilitar lo que ya se hizo mal? ¿Dónde están las aseguradoras respondiendo por este atraco al patrimonio? Mientras el silencio rodea esa obra, avanza otro esperpento: la intersección Corales. Este proyecto es el monumento a la improvisación; fue licitado con estudios y diseños desactualizados que no corresponden a la realidad del terreno ni al flujo vehicular existente. Lo que vemos hoy es una mutación del contrato original: obras de mayor magnitud, parches técnicos y costos adicionales no pactados que terminaremos sufragando nosotros. Es el «modus operandi» preferido: licitar a ciegas para luego justificar adiciones presupuestales infinitas bajo la excusa de la necesidad técnica.
En Colombia, parece que nadie responde por el erario. Estos fracasos no son accidentales; son deliberados. Están diseñados para dilatar tiempos, encarecer costos y permitir el desvío de recursos sin que los organismos de control se inmuten. La ausencia de justicia permite que la ingeniería de bolsillo y la corrupción local no solo se tolere, sino que, lamentablemente, se premie en las urnas. El ciudadano paga el recibo, pero el político se queda con la obra… y con el vuelto.
Nota. Se anuncia convocatoria para este próximo 9 de abril de un GRAN PARO NACIONAL por unos avalúos e impuestos justos. Es la oportunidad de manifestarnos.
