ESTADO PROFUNDO EN COLOMBIA: PODER Y BUROCRACIA

Un “Estado Profundo”, en inglés “Deep State”, también conocido como las “cloacas” del Estado, hace referencia a una forma de gobierno clandestino operado por grupos de poder al servicio de los grandes grupos económicos, que están encubiertas en todas las instituciones del estado, actúan de manera coludida, es decir, que pactan ilícitamente con otras personas naturales o jurídicas para perjudicar a terceros con el fin de mantener su statu quo. Buscan cumplir con sus objetivos en paralelo a un gobierno elegido democráticamente, muchas veces cometiendo actos de corrupción. Operan dentro del gobierno independientemente de los líderes políticos electos. Pretende mantener en el largo plazo sus privilegios.

Las redes ocultas que ejercen el control secreto sobre los gobiernos no son nuevas, hay precedentes históricos al concepto moderno de “Estado Profundo”. A lo largo de la historia, las sociedades han expresado sus temores de enemigos furtivos, clandestinos, fuerzas oscuras, actividades militares y de inteligencia secretas que socavan la gobernanza legítima. Estos temores han variado a lo largo del tiempo. Las élites comparten redes conspirativas y de control que tienen sus propias agendas independientes del estado social de derecho. No importa la tendencia política. Este vocablo conlleva connotaciones con enormes efectos negativos.

«El término de “Estado profundo” implica que hay gente secretamente en algún lugar, fuera de la mirada pública, escondida incluso de la burocracia,tirando de las cuerdas y manipulando cosas», dice a BBC Mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la American University, experto en política de defensa y seguridad nacional.

Están de manera soterrada en todas las instituciones de gobierno, especialmente en cargos de dirección para la toma de decisiones que afectan de manera positiva a grupos económicos corruptos, grupos ilegales, políticos desenfrenados y todos aquellos que buscan exprimir el presupuesto público. La expedición de normas que los benefician en los servicios públicos es otro item que desarrollan. Tratan de capturar los órganos de regulación de primer nivel como el Congreso de la República, sectores clave como la salud, la educación, las fuerzas militares, las comisiones de regulación de energía y gas, saneamiento básico y agua potable, telecomunicaciones, medio ambiente, las superintendencias, los organismos de control; Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Las altas cortes, es importante como parte de su engranaje. El control de las juntas directivas de las empresas más grandes del estado. Tener la intervención indirecta en el Banco de la República es un “dulce” muy apetecido, por la inmensa importancia en el control y manejo de la masa monetaria, las tasas de interés mínimas y máximas, entre otras decisiones macroeconómicas que benefician al sistema financiero.

Buscan la permanencia de algunos funcionarios con alta formación académica, que no buscan el beneficio social, sino que con su estabilidad laboral influyen en la toma de decisiones de lo público para hacer caer la balanza de las políticas públicas en favor de intereses particulares. Es una burocracia permanente. Es un sistema de administración clandestino que tiende a resistir cambios impuestos por líderes electos. Es vox populi la enorme desconfianza en las altas cortes con fallos cuestionados en asuntos que el sentido común indica la falta de rigor legal, incluso con fallos contradictorios. Es notable la falta de objetividad y transparencia, sus decisiones son interpretadas por los gobernantes como ataques de este «poder en la sombra». El poder económico de las élites sugiere que en Colombia el “Estado Profundo” también estaría integrado por grandes grupos económicas, aliados de políticos tradicionales que redefinen el rumbo del país más allá de quién ostente la presidencia. Es una arquitectura de desigualdad.

Los medios de comunicación han sido fundamentales en el ejercicio de este poder en la sombra. El periódico El Tiempo es un ejemplo, según su mayor accionista, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, no brinda una buena rentabilidad, pero el “qui” del asunto no son las utilidades, va más allá, es enviar mensajes a la población para favorecer los intereses de su grupo económico. Igual ocurre con los otros medios de comunicación privados. Hoy por fortuna existe periodismo independiente, más las redes sociales nos han mostrado otra realidad.

En Colombia se ha utilizado recientemente en la narrativa política para describir supuestas redes de poder que operan desde las instituciones estatales para sabotear al gobierno de turno. Lo hemos vivido en los últimos años. En una inmensa “cloaca” que existe debajo del tapete rojo. Es una conspiración contra el estado.

Basta un caso de análisis para ver con claridad cómo las élites actúan al amparo del “Estado Profundo”. El sector de la salud. Tenemos un modelo que no es un accidente, está diseñado por la línea neoliberal para el manejo a su discreción de billones de pesos cada año. Protegen sus intereses económicos, por ello cuando se ha tratado de mejorar el sistema de salud, el gobernante de turno se estrella con un entramado que ha sobrevivido a los cambios de gobierno. Varios presidentes de la república se han manifestado desde 1998 acerca de las inmensas dificultades que tiene el modelo. Estas estructuras han dilatado el cumplimiento del objeto fundamental de brindar un mejor servicio. Buscan conservar sus privilegios, neutralizando cualquier reforma, y han capturado parte del Congreso, patrocinando campañas electorales, un hecho abiertamente ilegal. Políticos que en campaña dicen proteger a sus votantes, pero en la realidad actúan de manera ilegitima. Más de 32 años de intervención financiera, consolidando actores con una inmensa capacidad de presión política, jurídica y económica.

Cómo es posible que el Congreso no atienda en mejorar el sistema en aspectos fundamentales para mejorar el servicio, cito algunos.

1. ¿Son necesarias las EPS? Es un modelo inusual en el mundo. Por su intermediación se ganan el 8%.

• El manejo de las reservas técnicas en 2025 solo cuatro EPS cumplieron con este parámetro. Para estas la Unidad Por Capitación – UPC ha sido suficiente, entonces, ¿dónde queda el discurso de algunos gremios que piden mayores incrementos? La regulación ha relajado medidas en el cumplimiento de indicadores mínimos de capital y patrimonio. Existe una pobre regulación.

• Deficiente control y sanción. Las Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y la Fiscalía están en deuda en responder ante las quejas e incumplimientos de las EPS.

• Integración vertical. Es una mala práctica por ser costosa e inflexible que genera ineficiencias. No pueden desviarse recursos de las cotizaciones para otros fines. El 5% de las IPS concentran el 81% del gasto, debido en gran parte a la integración vertical.

• Deficiente información financiera. Datos contables inexactos, incompletos y desactualizados afectan la capacidad para tomar decisiones. Esto ocurre por errores y manipulación que inducen al error en el control. La no entrega de información oportuna y confiable es un hecho inaceptable. En síntesis, no hay un sistema de información confiable. No hay rendición de cuentas.

• El velo corporativo. Levantar del velo corporativo significa que los accionistas son responsables directos y solidarios de sus obligaciones. Hacerlo evitaría que se cometan fraudes. Se requiere de cambios legislativos para modificar el manejo de los recursos públicos. Estos deben ser de dominio público.

• Costos de referencia en procedimientos y medicamentos. El ADRES ha mostrado muchos procedimientos con cifras erróneas, que, comparados entre las IPS, existen casos con diferencias superiores a diez mil por ciento. Hay un mal servicio en más de 450 municipios.