Mi paso por el Concejo de Pereira y la Asamblea de Risaralda, cargos que desempeñé con disciplina, juicio y estricto respeto por la Constitución y la ley, me permitió conocer de cerca la dura realidad de nuestras instituciones públicas. En cada debate procuré actuar con coherencia y en defensa de los intereses ciudadanos. Sin embargo, fui testigo de cómo las mayorías, dominadas por la politiquería, aprobaban acuerdos contrarios al bien común. En esas ocasiones solo quedaba dejar constancias. Aunque frustrantes, esas experiencias me enseñaron mucho sobre los orígenes de los males que hoy padece nuestra sociedad.
No dejo de interesarme por los problemas del ciudadano de a pie. Escucho sus quejas, procuro orientarlo y, en lo posible, aportar soluciones. Sigo de cerca las decisiones que adoptan las entidades públicas, informo a la comunidad y radico quejas o demandas cuando corresponde. Aun así, la magnitud de la corrupción supera cualquier cálculo. Existe toda una estrategia para restringir el acceso a la información oficial y proteger a quienes se lucran de la ilegalidad. Esto afecta la vida diaria: impuestos desproporcionados, servicios deficientes y costosos, inseguridad y negación de derechos constitucionales.
La impunidad es el común denominador. No hay justicia que sancione las decisiones ilegales de gobernantes y corporaciones públicas. La mayoría de denuncias en la Fiscalía son archivadas. Lo mismo ocurre en la Procuraduría General de la Nación, que debería ser garante de la disciplina de los servidores públicos. Un ejemplo lo ilustra: el viernes 22 de agosto recibí un Auto fechado el 23 de enero de 2024, mediante el cual la Procuraduría declaró prescrita la acción disciplinaria en un proceso originado por una denuncia radicada el 9 de octubre de 2015 contra funcionarios de la CARDER por multimillonarios convenios. Diez años después, el caso terminó archivado. No digo que necesariamente me asistiera la razón en todo, pero sí es vergonzoso que una entidad tarde una década para concluir sin sanciones. La Procuraduría se ha convertido en un fortín de politiqueros, más preocupados por proteger a sus aliados que por cumplir con la ley.
A pesar de esta inoperancia institucional, es necesario acudir a la Contraloría General, a la Auditoría y a otros organismos de control, para poner en conocimiento este grave caso: el manejo del impuesto del alumbrado público. El artículo 350 de la Ley 1819 de 2018 establece que estos recursos deben destinarse “exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado”. Es decir, la norma otorga una destinación específica. Entró en vigencia el 1 de junio de 2019.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha desviado esos recursos. Según información oficial parcial, entre 2019 y 2024 se usaron $20.409 millones del impuesto de alumbrado para financiar el alumbrado navideño, mientras la infraestructura del sistema permanecía en ruinas y centenares de bombillas seguían apagadas. Los alcaldes y la Secretaría prefirieron destinar los dineros a un “negocito” festivo en lugar de cumplir la ley. Y no es la única irregularidad: también se han financiado con esos recursos los gastos de energía del fracasado proyecto del cable aéreo, mediante contratos por $4.167 millones entre 2022 y 2024. Ante la imposibilidad de sostener ese elefante blanco, recurrieron a la violación flagrante de la norma.
Conviene recordarlo: pagar un gasto público con un rubro presupuestal incorrecto no solo es una falta disciplinaria gravísima, sino que puede constituir el delito de Peculado por aplicación oficial diferente, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. No se trata de simples irregularidades administrativas, sino de conductas con consecuencias penales. La Secretaría de Hacienda, cuya misión es ejecutar y controlar el presupuesto municipal, incumple de manera directa ese mandato cuando desvía recursos.
He venido denunciando desde hace años cómo en el municipio se cobran impuestos sin acuerdos que los autoricen, cómo los recursos recaudados no se ejecutan en su totalidad y cómo se destinan en fines distintos a los previstos por la ley. Ahora, además, han entregado a un tercero la modernización y prestación del servicio de alumbrado público, renunciando a la soberanía administrativa sobre un servicio esencial.
Estamos, pues, ante faltas gravísimas que no pueden pasar inadvertidas. Si las instituciones de control no cumplen con su deber, corresponde a la ciudadanía ejercer veeduría, exigir transparencia y levantar la voz frente a cada abuso. Callar sería hacernos cómplices de quienes convierten el presupuesto en botín, mientras condenan a nuestra ciudad al atraso. Pereira merece instituciones serias y funcionarios comprometidos con la legalidad, no burócratas que negocian con el dinero público.
Carlos buenos días, a quienes vamos a pedir que la entidad correspondiente juzgue y condene???