Las elecciones del pasado 8 de marzo dejan varias lecciones que deben ser examinadas con serenidad y con sentido institucional. El Congreso de la República seguirá siendo el escenario de discusión y decisión, pero también el espacio desde el cual se confrontará o acompañará el talante gubernamental que se instale a partir del 7 de agosto. En términos de votos, el oficialismo aparece como ganador numérico indiscutible de la jornada, seguido por el CD.
Según los primeros informativos, de los 103 escaños del Senado, (sin la vigencia de los de las FARC), la distribución aproximada sería la siguiente: 25 el Pacto Histórico, 17 el Centro Democrático, 13 el Partido Liberal, 11 la Alianza por Colombia, 11 el Partido Conservador, 9 La U, 6 Cambio Radical–Alma,5 Ahora Colombia, 3 Salvación Nacional, 2 la Circunscripción Indígena y 1 el candidato que resulte perdedor en la segunda vuelta presidencial.
En la Cámara de Representantes, cuyos 182 escaños completan el poder legislativo, la distribución preliminar mostraría un panorama igualmente fragmentado: Pacto Histórico 41, Centro Democrático 28, Partido Liberal 28, Partido Conservador 19, Partido de la U 12, Cambio Radical 10, Alianza Verde 7, Nuevo Liberalismo 3, Colombia Renaciente 3, ASI 3, Partido Demócrata 2, Creemos 2, Putumayo También es Colombia 1, La Fuerza 1, 16 curules de paz, representación indígena 1, afro 2, circunscripción internacional 1 y la correspondiente a la fórmula vicepresidencial derrotada.
En esta conformación las alianzas serán inevitables. En el Senado, por ejemplo, el número mínimo para aprobar iniciativas es de 52 votos. Si bien el Pacto Histórico, con 25 curules, parte de una base significativa, necesitará socios políticos para sacar adelante sus proyectos. Algo similar podría decirse del Centro Democrático si articula posiciones con fuerzas afines como Salvación Nacional. En ambos casos, la construcción de mayorías dependerá de acuerdos puntuales y de la orientación que tome el próximo gobierno. No existe un frente dominante; por el contrario, las fuerzas aparecen relativamente equilibradas en su capacidad de buscar apoyos para sus propósitos. A ello se suma un problema persistente en la política que es la indisciplina partidista; con frecuencia las directrices de bancada son desconocidas por dirigentes que responden más a maquinarias electorales o a directorios improvisados. De allí surgen prácticas conocidas como las “operaciones avispa”, expresión popularizada por el presidente Alfonso López Michelsen para describir estrategias destinadas a captar votos por diversas vías, muchas de estas corruptas. En ese terreno florecen la compra de sufragios, el intercambio de favores burocráticos, los contratos, el “familiarismo” y la “mermelada”. Estas distorsiones generan incertidumbre sobre el rumbo institucional, cuando en el escenario también se discuten proyectos ideológicos que buscan modificar el modelo económico vigente, algunos de ellos inspirados en las tesis del llamado “socialismo del siglo XXI”, que plantean etapas iniciales de mayor estatismo y autoritarismo mediante una constituyente.
La tarea inmediata consiste en reacomodar las fuerzas dentro de la democracia. La elección de los legisladores ha dejado una fotografía política clara: Colombia atraviesa un momento de profundas tensiones sociales, fiscales y políticas. El país, igual como lo expresó en su momento el presidente Carlos Lleras Restrepo, se encuentra “descuadernado”. Sin embargo, también es evidente que el discurso del presidente Gustavo Petro encuentra eco en sectores amplios que se sienten históricamente olvidados en las políticas de desarrollo y bienestar. Son, como lo señalaba Alfonso López Caballero, los excluidos, “los ninguneados”, en expresión de Francia Márquez para referirse a quienes han sido marginados de las oportunidades. Comprender esa realidad social y política, será determinante para interpretar el rumbo de la Nación en los próximos años. Porque más allá de las cifras y las curules, lo que verdaderamente está en disputa no es solo el poder político inmediato, sino el modelo democrático que los ciudadanos desean construir con equidad, paz y trabajo.
