Si la unión de voluntades para cometer delitos es la definición legal del concierto para delinquir, no cabe la menor duda que este Gobierno, auto denominado el “Gobierno del Cambio” es, en suma, un verdadero concierto para delinquir. No hay ministro ni alto funcionario de este Gobierno, exento de responsabilidad en este delito, como tampoco en el de nepotismo, que es otra forma de corrupción política y administrativa, caracterizada por el abuso de poder para favorecer a familiares y amigos. Mientras el sistema de salud atraviesa penosa crisis por la insuficiencia de recursos, el ministro del ramo Guillermo Alfonso Jaramillo ha beneficiado con 22 contratos a sus más cercanos familiares en más de $3.000 millones de pesos, empezando por su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, quien ocupa el cargo de Superintendente Delegada para Prestadores de Salud. Su cuñada, María Clara Berrocal, tiene contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por $390 millones y sus sobrinos; Sebastián y Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, disfrutan contratos que superan los $1.450 millones de pesos. No contento con la vinculación de estos parientes, colocó en la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) a su hijastro Sebastián Laverde Gómez y en Pro Colombia, a su hijo Alejandro Jaramillo, en el Reino Unido, con salario de 40 millones mensuales. El ministro del Trabajo Antonio Sanguino, tiene a su esposa Diana Mesa, a su hermano e hija con altos contratos desde el comienzo del Gobierno, contratos que suman más de $1.000 millones de pesos. La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, tiene, además de su madre y hermano, a la cuñada y esposa de un tío con millonarios contratos en los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores. La Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino tiene a su esposo Jaime Osorno como vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), junto con otros cercanos parientes. La ministra de Vivienda, Helga Rivas, tuvo a su esposo en la secretaría de la Agencia de Reincorporación. El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, tiene un hijo como jefe de contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez Fajardo, contrató con funciones de asesoría en la dirección a su prima Jasbleidy Fajardo. Familiares de Hollman Morris, actual director de RTVC Sistema de Medios Públicos, concentran 10 contratos por un valor de $732.282 pesos. La senadora Martha Peralta Epieyú del MAIS-Pacto Histórico, tiene a varios parientes en cargos y contratos como a su concuñado Carlos Enrique Herazo, cuyos ingresos se han disparado considerablemente desde el inicio de este Gobierno, al igual que el suyo. El expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, tiene a nueve parientes con jugosos contratos en distintas entidades del Estado. En fin, la lista es interminable, contando con Verónica Alcocer y sus cercanas amistades como los españoles nacionalizados por Petro, los que conjuntamente con los escandalosos desfalcos al erario público, constituyen una verdadera asociación para delinquir. Se trata de un patrón de conducta que contradice abiertamente la propuesta del “cambio” y de lucha contra la corrupción, prometida por Petro en campaña. El uso del poder para ubicar a parientes en la nómina oficial, erosiona la confianza ciudadana y deslegitima el discurso de justicia social, debiendo el Procurador Eljach impedir que el Estado sea convertido en botín de cuotas familiares.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
