Por: Carlos Alfredo Crosthwaite F.
En pasados días, el video podcast Conducta Delictiva, publicó una entrevista que concedió desde la cárcel uno de los cabecillas de la célebre banda criminal “Los R-15”; rememorando detalles del “modus operandi” como esta organización criminal, entre 1995 y la primera década del 2000, ejecutó atracos a 50 oficinas bancarias y carros de valores en el país. En estas acciones delictuosas se apoderaron de al menos $20.000 millones de esa época, aproximadamente $110.000 millones actuales. Informó que su libro “Mis Memorias, Banda los R-15, la verdadera historia”, se consigue en Amazon, Mercado Libre y otras plataformas digitales. Es un “Best Seller”. País de bandidos.
No nos engañemos, nuestra clase política y contratistas inescrupulosos, disponen de novedosos mecanismos para robarse nuestros impuestos, y estafar a la ciudadanía. Esto ocurre, mientras ciudadanos y medios de comunicación se hacen los desentendidos y pretenden desconocer que, en casos similares, como el gran robo a la UNGRD perpetrado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, asociados con políticos y contratistas facinerosos, no fue nuevo, esto venía sucediendo hace muchos años. La gente ve estas actuaciones como normales. O es que acaso olvidaron el “Gran robo a Caldas”.
Dentro de pocos años conoceremos la promoción de libros y entrevistas de los ejecutores de estos robos, narrarán sus peripecias, lo bien que la pasaron en prisión, y cómo vivirán una vez obtengan su libertad. Los incuantificables robos al patrimonio público y las permanentes violaciones a los procedimientos que rigen las concesiones y contrataciones que suscriben las entidades públicas, se repiten de manera calcada, sin que exista por parte de las entidades de control la más mínima intención de frenar y poner en cintura a los responsables.
Eso es lo que ocurre en Pereira con las concesiones y contrataciones que administraciones anteriores y presentes, han suscrito. Solo dejan ver la ausencia de respeto por las normas que las rigen, y la desvergüenza al tomar las decisiones encaminadas a contratar y ejecutar las mismas. Son muchos los gastos ordenados que no se ejecutan, se hacen a medias, o se sustraen ilícitamente recursos asignados.
Es el caso del servicio de alumbrado público. Volvamos atrás, este servicio era prestado hasta 1998 por las antiguas Empresas Públicas, de manera óptima, calidad, y costo razonable. En 1999 se concesiona con Enelar a 20 años y con nuevo impuesto por la prestación del servicio, mal calculado y costo inflado. Esta concesión fue declarada nula en 2014 por el Consejo de Estado, ordenando su liquidación. El alcalde Vásquez procedió en consecuencia, pagando una abultada y dudosa cifra, de varios miles de millones al concesionario. Se recibió un sistema deteriorado, en ruinas, más del 65% de las lámparas estaban en obsolescencia. Desde esa fecha al presente año, no se hizo inversión técnica y planificada en el sistema, como lo ordena el Decreto 2424 de 2006. Solo cambios de algunas luminarias y nada más, se dejó colapsar como estrategia.
Los alcaldes Vásquez, Gallo, Maya y Salazar nada hicieron para responder por su deber de prestar un buen servicio, lleno de fallas y quejas no atendidas, sin corresponder al valor del impuesto cancelado mensualmente. Ni siquiera la alcaldía de Gallo cumplió con las nuevas disposiciones emanadas de la Ley 1819 de 2016, que estableció en sus artículos 349 al 353, una nueva reglamentación de este servicio. No tramitó un nuevo acuerdo que cumpliera con los nuevos elementos del tributo, el límite del impuesto a recaudar, y que su destinación es “exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, …”; que “a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos”, solo pueden destinarse recursos sobrantes.
Finalmente, el alcalde Salazar dio el zarpazo, concesionó a 25 años este servicio y su interventoría, en un proceso amañado. Una falla grave, el Acuerdo 122 del 2000 de tarifas perdió su vigencia, no fue adecuado a la ley dentro de los términos. La Secretaría de infraestructura colaboró en este cometido, no invirtió y atendió el sistema en el 2024 y lo corrido del 2025. Las cifras no mienten, el sistema de alumbrado se dejó de atender para obtener su concesión. No fue falta de recursos, era el encargo de privatizar el sistema. Entre 2020 y 2024 los pereiranos cancelaron por este impuesto $129.592 millones y se gastaron $116.559, o sea que a 31 de diciembre de 2024 existía un remanente de $13.033 millones. Se gastaron en este mismo período $18.745 millones en alumbrado navideño, no permitido por ley, y se han gastado $1.346 millones cancelando la energía del sistema de cable aéreo, un peculado a ojos vistos del Alcalde. No sabemos en 2025 cuánto dinero del impuesto dejó de invertirse, pues se destinaron para alumbrado navideño, fiestas, alboradas y parranda, la bobadita de $11.828 millones de pesos.
Estas concesiones ilegítimas del alumbrado público y su interventoría es el triunfo de la corrupción. Esa es la necesidad apremiante de consolidar un propósito nacional de rechazar todas estas formas de criminalidad con los bienes y renta públicas. No queremos más corruptos y criminales escribiendo libros contándonos sus modus operandi. ¡Qué jartera!
