El presupuesto de rentas del municipio de Pereira viene creciendo de manera significativa de mucho tiempo atrás. No solo aumentan las transferencias de la nación, sino entre otros, los ingresos por impuestos de industria y comercio, sobretasa a la gasolina y predial, este último de manera significativa, por la desmedida actualización catastral. Al cierre de la vigencia 2024, el sector central del municipio alcanzó ingresos por 1.6 billones de pesos. La cifra anterior no contabiliza los recursos de las entidades descentralizadas. Una situación que poco se discute al valorar los ingresos del municipio, es que muchos de los servicios que antes estaban a cargo del mismo, hoy son pagados por los ciudadanos. Costosa nos ha salido la privatización de la salud, la educación, los servicios públicos y el transporte.
Pero esos mayores ingresos que obtiene la entidad municipal no garantizan el mejoramiento de la calidad de vida de los gobernados, y mucho menos, solución a los graves problemas que atraviesa la ciudad en materia de seguridad, calidad de la educación, mejor espacio público, limpieza urbana, vivienda para miles de familias que habitan zonas de riesgo, alumbrado público, control urbano, agua potable para sectores rurales que hoy carecen de ella, entre otras problemáticas que demandan solución, mediante una planificada y transparente inversión de los impuestos. Otra plaga que crece de forma escandalosa es la corrupción, y gastos en fines no prioritarios. O como se dice coloquialmente, en pan y circo para el pueblo, y lo que le debe quedar al mandatario por hacer la obra. Recordemos que estamos en tiempos de campaña al senado de nuestra primera dama o gestora social.
Mientras la alcaldía de Pereira desde hace varios años clausura establecimientos educativos públicos, en razón a que se encuentran en total deterioro y amenazan colapso en un sismo, trasladando estudiantes a otros planteles, que están en iguales o peores condiciones de vulnerabilidad, generando hacinamiento y altos riesgos para estudiantes y profesores, aumentan los gastos en actividades que dejan muchas dudas, en cuanto su importancia y transparencia. El pasado año en los denominados servicios logísticos para realizar eventos institucionales se celebraron contratos por $25.314 millones. Cifra que pudo haberse invertido en la modernización y reforzamiento de al menos 4 planteles educativos. El pasado mes de abril se celebró, con la misma empresa de siempre, y para los mismos fines, el primer contrato de este año electoral por $6.750 millones. Vamos a estar de fiesta en fiesta.
El municipio desprecia sus obligaciones legales. Para la muestra. En 2019 la firma Técnicas Colombianas de Ingeniería entregó estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de 11 planteles educativos de la ciudad, contratados en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 400 de 1997 sobre construcciones sismo resistentes, presentando conclusiones y recomendaciones que han sido desoídas, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas ante la eventualidad de un sismo. Nadie modula, los responsables guardan cobarde silencio. Para el caso de la I.E. Pablo Emilio Cardona dictaminó: “Se adopta como conclusión general la demolición, diseño y reconstrucción de un nuevo colegio”. En enero pasado se dio el cierre y traslado de este plantel. Para el colegio Gabriel Trujillo en Caimalito comunicó: “Se adopta como conclusión general la reubicación del colegio”. Allí siguen, son comunidades pobres. Es bueno que pregunten de los demás planteles educativos estudiados.
Nuestras instituciones educativas y guarderías infantiles debieron ser objeto de estudio de vulnerabilidad sísmica y ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos del código NSR10, en el año 2016. Norma incumplida con el consabido silencio de la Procuraduría y la Contraloría. Mientras esto ocurre se han dilapidado miles de millones de pesos en proyectos no prioritarios, sin planeación, con pésimos estudios, sobrecostos y corrupción.
La actual clase política corrompió en forma desmedida nuestras instituciones, lleva al país al despeñadero, secuestró las instituciones de control y vigilancia, para apoderase de nuestras rentas en beneficio de unas camarillas ya identificadas, para lo cual se tomó el derecho de decidir el gasto de inversión a través de los intereses de la politiquería. ¿A dónde van a parar los Impuestos?
Carlos Alfredo Crosthwaite F.
Es una reflexión cruda, pero es la verdad! La clase política tradicional en Pereira hace años se corrompió y solo buscan el beneficio personal, familiar, y han formado grupos y gavillas que ordeñan el erario público a su amaño ante la mirada complice de los estamentos de control, muchas veces también, al parecer copiados por estas estructuras. La política perdió en nuestro medio sus principios y valores de honradez y solidaridad para darle paso al individualismo y a la rapiña tras el beneficio propio. Solo hay un camino… Que la justicia en general se desmarque e investigue y falle con los ojos vendados, con la balanza en una mano y la espada en la otra.