Por la reconstrucción de la intersección de Corales, desde VIGÍA Cívica, volvemos a encender alarmas semejantes a las que habíamos activado en 2019, por la construcción de la desastrosa primera versión de esa obra. Denuncias recientes del exconcejal y profesor Steven Cárdenas, sustentadas en documentos del propio contratista, evidencian serios problemas de planeación que ponen interrogantes no solo sobre el costo final del proyecto, sino su viabilidad urbana y social.
La obra, inicialmente estimada en cerca de $100.000 millones, fue contratada en 2025 con base en estudios de 2015, pese a que era evidente que estos no respondían a las condiciones actuales de movilidad del sector. El contrato de construcción también atribuye al contratista la obligación de revisar los diseños y en su revisión incrementó en 46 % la necesidad de predios: de 35 se pasó a 51. Hoy no existe claridad sobre cómo se financiará la adquisición de los 16 predios adicionales y por consiguiente tampoco del valor final del proyecto.
Un documento del contratista, que tenemos a la vista, fechado el 11 de noviembre, describe con detalle los riesgos que implica no adquirirlos. Por ejemplo, dice que en la manzana 0367, contigua a la Avenida de Las Américas, las edificaciones se encuentran por encima del nivel de la vía y que el nuevo diseño —que incluye el soterramiento de la avenida— haría imposible garantizar accesos adecuados a edificaciones de hasta cinco pisos que existen junto a la vía actual, al no existir espacio para calzadas de servicio. En términos simples: varios predios quedarían sin contacto funcional con una vía pública.
En la manzana 0782, ubicada en la esquina entre la Avenida de La Independencia y la Vía Pereira – Altagracia, barrio Laureles II, el problema es igualmente grave. No demoler dos edificaciones existentes impediría la segmentación del andén, dejándolo con una pendiente superiores al 18 % en 41m, muy por encima de lo permitido por la Norma Técnica Colombiana NTC 4774, que fija un máximo del 10 % hasta 15m, entre descansos. Esto comprometería la seguridad en la circulación de peatones y personas con movilidad reducida.
El contratista es claro: construir sin adquirir esos 16 predios generaría riesgos serios para la seguridad vial y peatonal, limitaría soluciones urbanísticas adecuadas y podría convertir la obra en un nuevo foco de conflicto urbano. En otras palabras, Pereira correría el riesgo de reemplazar un gran problema de movilidad por otro similar, a un costo multimillonario.
El panorama financiero tampoco es alentador. De los $100.000 millones asignados al proyecto, cerca de $40.000 millones ya se invirtieron en compra de predios y $62.000 millones están comprometidos en estudios, diseños, obra e interventoría, entonces, no quedan recursos disponibles para nuevas adquisiciones.
A esto se suma el factor tiempo: aunque el contratista advirtió desde noviembre que la falta de predios afectaría el cronograma a partir del próximo 30 de marzo, dos meses después no se conocen ofertas de compra por parte del municipio. Y entre avalúos, negociaciones, escrituraciones y eventuales procesos judiciales, derivados de los contratos de arrendamiento que seguramente se encontraran en el sector y cuya terminación pude tomar mucho tiempo; harán muy improbable cumplir la fecha de terminación prevista para el 31 de diciembre de 2026.
Todo lo anterior es consecuencia de una falta de planeación difícil de justificar. El municipio firmó un contrato de construcción por más de $54.000 millones sin contar con diseños definitivos y trasladó al contratista la tarea de elaborarlos, lo que deja en evidencia que ninguna de las dos partes sabía con certeza las características de la obra que se iba a construir.
Desde la Corporación VIGÍA Cívica advertimos en 2019, frente a la misma intersección malograda, que insistir en soluciones incompletas por falta de recursos conduciría al fracaso. Hoy, con el endeudamiento municipal cerca de su límite, tememos un desenlace parecido: ejecutar a medias por escasez de dinero.
Por ello, hacemos un llamado a la Asociación de Ingenieros de Risaralda, AIR; a la Cámara Colombina de la Construcción, CAMACOL, Risaralda; a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, Risaralda; y a la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, para que, con rigor técnico y en beneficio de la ciudad, revisen el nuevo diseño, especialmente en lo que tiene que ver con su capacidad futura para absorber el tráfico vial que podrán generar los condominios que seguramente se construirán sobre la Avenida de los Colibríes; evalúen la necesidad real de predios adicionales y orienten al gobierno local. Pereira no puede permitirse repetir un error cuyas consecuencias han afectado su movilidad en el último lustro.
