En la fría mañana del 2 de marzo de 2026, la sala del juzgado en Pereira se convirtió en escenario de un desenlace largamente esperado. Allí, un joven de 21 años escuchó la sentencia que marcará el resto de su vida: 44 años y 24 días de prisión por el crimen que estremeció a la ciudad y dejó una huella imborrable en la memoria de quienes conocieron la historia.
El caso se remonta al 14 de enero de 2022, cuando la vida de una bebé de apenas 21 meses se apagó en circunstancias que, en un principio, el condenado intentó disfrazar de accidente. “La niña dejó de respirar”, dijo entonces, intentando ocultar la verdad. Pero la ciencia habló más fuerte: el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal reveló que la pequeña había sido asfixiada, y que su cuerpo mostraba señales de maltrato —hematomas, laceraciones, marcas de violencia que contaban lo que sus labios aún no podían decir.
La investigación destapó un patrón oscuro: la madre de la niña también había sido víctima de un ciclo de agresiones. Golpes, mordiscos, intentos de estrangulamiento… episodios que mostraban la crudeza de una convivencia marcada por el miedo. En una ocasión, la mujer perdió el conocimiento tras ser arrojada al suelo por el mismo hombre que ahora enfrenta la justicia.
La captura llegó en mayo de 2022, y desde entonces el acusado permaneció tras las rejas, aguardando el veredicto que finalmente lo declaró responsable de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Hoy, la sentencia no solo representa un castigo, sino también un mensaje claro: la violencia no quedará impune.
En Pereira, la noticia se recibe con un aire de alivio y reflexión. La justicia ha hablado, pero la herida que deja la ausencia de una niña de 21 meses y el sufrimiento de su madre recuerda que detrás de cada cifra y cada fallo judicial hay vidas truncadas, historias que nunca debieron escribirse de esta manera.
