LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) Y SUS CONDENAS A COLOMBIA.

En estos días que se conmemoran 25 años de otro hecho luctuoso para la sociedad colombiana, la  masacre de El Salado; por eso quiero resaltar que las violaciones de derechos humanos en el país, a pesar del maridaje grupos ilegales -Estado, no ha carecido de personas que alzaron su voz para denunciar esos atropellos, desenmascarar a esos grupos ilegales que le hacían los trabajos sucios a los organismos armados del Estado colombiano, cuyos gobernantes muchas veces fueron cómplices activos de los violadores y, que por esa connivencia con ellos, en muchas ocasiones el Estado posó descaradamente de ciego, sordo y mudo.

“Hasta diciembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) había condenado a Colombia en 13 ocasiones por violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH emite sentencias, que son documentos internacionales que sustentan un reclamo por violaciones de derechos humanos. Estas sentencias tienen un valor jurídico internacional. La Corte IDH ha resuelto más de 190 casos y ha dispuesto más de 1.000 reparaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos” (Visión general creada por IA).

“Desde el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte inter- americana por parte del Estado colombiano, el mismo ha sido condenado en veintidós oportunidades” (bdigital.uexternado.edu.co). Estas condenas no son para un gobernante en particular, son para un Estado que a se ha dedicado a impedir la justicia, denuncian una responsabilidad estatal por las actuaciones de presidentes en ejercicio, no hablo solo del Dr. Uribe, recordemos la “violencia de los años 50” impulsada desde el gobierno de Ospina Pérez; Turbay y su antidemocrático Estatuto de Seguridad; Barco y el exterminio de la UP, entre otros.

“Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a un Estado por violar los derechos de un grupo de abogados defensores de derechos humanos. Las víctimas son miembros de un colectivo que fue blanco de amenazas, seguimientos, hostigamientos y exilio. Colombia es, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país más letal de América para los defensores de derechos humanos. Setenta de los 126 asesinatos en América Latina que reportó esta entidad en 2023 ocurrieron en Colombia. La situación, que ha alcanzado cifras récord, la viene alertando hace décadas la CIDH porque hasta esa instancia internacional han llegado casos que demuestran lo peligroso y letal que resulta defender los derechos humanos en el país” (elespectador.com/judicial 19 marzo 2024).

“Como “la mejor reparación que hemos obtenido” calificó el destacado defensor de derechos humanos y apoderado de Iván Cepeda, la histórica sentencia de la Corte Interamericana que condena a Colombia por la grave persecución oficial en contra del colectivo de abogados al que el abogado Reinaldo Villalba pertenece. Relata la atroz estigmatización que durante décadas sufrieron él, su familia, y los demás integrantes de esa organización, sin que nadie les creyera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) condenó esta semana a Colombia por la violación de los derechos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar). ¿Por qué esa sentencia ha sido calificada como “trascendental” en el marco del continente americano? La sentencia de la corte Interamericana es transcendental porque los defensores de derechos humanos hemos sido históricamente perseguidos en el continente por trabajar del lado de las víctimas del poder y de la población más vulnerable. Esta sentencia constituye una herramienta para exigir que los Estados cumplan sus obligaciones respecto de la protección efectiva de las organizaciones defensoras y sus miembros, y para que se garantice el libre ejercicio de esta labor, que la Corte Internacional califica como un derecho autónomo. Es la primera sentencia en el continente en que se condena al Estado por violar el derecho a defender los derechos humanos” (elespectador.com/judicial “La historia nos ha dado la razón”: abogado Reinaldo Villalba, 24 de marzo 2024).

“Como un punto a destacar en el fallo, la Corte reconoce por primera vez el derecho a la autodeterminación informativa como un derecho autónomo, cuyo contenido esencial es la facultad de acceder y controlar los datos de carácter personal en poder de todo órgano público y de registro o bases de datos de particulares. Este derecho, garantiza a su vez otros derechos, como la privacidad, la honra, el acceso a la información, a la salvaguarda de la reputación y, en general, a la dignidad de la persona.

La Corte señaló que el derecho a la protección de datos personales exige que la recopilación, almacenamiento, tratamiento y divulgación de tales datos se lleve a cabo solamente en virtud del consentimiento libre e informado del titular de los datos o, de un marco normativo que faculte expresamente a los organismos públicos para desarrollar tales acciones. En virtud de ello, la Corte ordenó al Estado colombiano, modificar la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, para que se adecue a los estándares internacionales de protección; entregar a las víctimas la información recolectada ilegalmente; así como crear un mecanismo para que toda persona pueda acceder a la información de inteligencia producida o recolectada por inteligencia estatal.

Otro derecho autónomo que reconoce el Tribunal interamericano, es el derecho a defender los derechos humanos, referido a la posibilidad de ejercer, sin limitaciones, ni riesgos, actividades y labores dirigidas a la defensa, promoción, y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas. Además, la Corte señaló una falta de actuación efectiva del sistema de justicia para esclarecer los hechos de agresión, subrayando la necesidad de que el Estado impulse, dirija, continúe y concluya las investigaciones a fin de determinar lo ocurrido y establecer responsabilidades

Otras de las medidas de reparación ordenadas por la Corte incluyen el reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas; el establecimiento de un Día Nacional de las personas defensoras de los derechos humanos; la creación de un fondo de protección para personas defensoras, entre otras cosas: El Estado reafirma su compromiso con el cumplimiento de la decisión interamericana y la reparación integral de las víctimas” (minjusticia.gov.co 6/08/2024).

“En la sentencia emitida el 18 de marzo de 2024, el Tribunal determinó que, desde los 90, diversas dependencias estatales realizaron actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros de CAJAR y sus familiares. En ese contexto, las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y “hojas de vida” que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos, según corresponda.

Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización”. “Este caso se originó con la presentación de una petición conjunta  por parte del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el colectivo de abogados y abogadas ”José Alvear Restrepo” (CAJAR), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en mayo de 2022, la Corte IDH realizó la audiencia pública en la cual se escuchó las declaraciones de las víctimas y peritos y también los alegatos orales del Estado colombiano y representantes” (inredh.org/corte interamericana. 20 de marzo 2024).

“El Tribunal también estableció que las víctimas sufrieron distintos hechos de violencia, hostigamiento e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales. A su vez, el Estado creó una situación de riesgo para la vida y la integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a las organizaciones paramilitares información personal de éstas últimas, obtenida con motivo de las labores de inteligencia desarrolladas. A eso se sumó un escenario de impunidad ante la falta de investigación de los hechos de violencia, amenazas y hostigamientos. Tal situación provocó que algunos de los miembros del CAJAR, junto con sus familiares, decidieran desplazarse, por motivos de seguridad, del lugar de sus residencias, tanto dentro como fuera del territorio colombiano” (elespectador.com/especial 08 de septiembre 2024).

En esta nación, dominada por bandidos que la han convertido en una narco cleptocracia, se espiaba a través de su dependencia de inteligencia DAS a políticos, abogados, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, algunos de ellos se mandaron a eliminar por los sicarios estatales ilegales, los paramilitares; aunque no hay que dejar de recalcar que las fuerzas armadas del estado pusieron su cuota de sangre (por ej: la eliminación de la UP en el gobierno Barco), todo con el propósito siniestro de evitar la oposición, impedir la divulgación de sus crímenes, obstaculizar la defensa de las víctimas, y evitar la toma del poder por otros actores diferentes a esa derecha narco y corrupta (el mejor ejemplo: el intento de la segunda reelección del gobierno Uribe, para evitarle a Colombia “una hecatombe”, que ya ocurrió: el destape de todas sus actuaciones nefastas).

Merecen una ovación de pie, estos abogados defensores de los derechos humanos de los colombianos, en especial los abogados y abogadas de CAJAR, también víctimas de violencia estatal, porque se enfrentaron no a una banda delincuencial, lo que ya es de por sí sumamente peligroso sino a un estado y sus órganos de poder, a sus espionajes, perfilamientos, estigmatizaciones y amedrentamientos que buscaban atemorizarlos para evitar su gran trabajo en bien de la Justicia y la verdad.

La diáfana actuación del colectivo CAJAR, contrasta con las actuaciones de otros abogados: faranduleras, tramposas y dilatorias, incluso uno auto-llamado aboganster, que buscan la preclusión de las acusaciones contra sus defendidos, dilatando los procesos; acerca de esos acusados recuerdo dos frases;  la del DR. Galvis Cipagauta en el sentido que los inocentes se defienden solos y los culpables necesitan abogado defensor;  la  otra es de Álvaro Gómez Hurtado:” En Colombia hay muchos inocentes por vencimiento de términos”.

Esa es la realidad que hemos construido entre todos: unos abusando del poder, otros siendo cómplices activos y, la mayoría de nosotros callando de manera obsecuente o medrosa.