La sociedad contemporánea enfrenta una crisis profunda, visible en los conflictos armados, el deterioro ambiental y económico, y, quizás con mayor gravedad, en el colapso moral de sus instituciones. Colombia no es la excepción. La corrupción enquistada en los sistemas político, administrativo y judicial ha erosionado la confianza ciudadana, impidiendo el avance hacia soluciones reales. La desconfianza hacia los funcionarios públicos es generalizada y está más que justificada: cada día estallan nuevos escándalos de corrupción que involucran a quienes alguna vez fueron llamados a servir.
Lo más preocupante es cómo la política, otrora concebida como una vocación noble, ha sido reducida, en muchos casos, a una estrategia para el enriquecimiento personal. La frase “aproveche el cuarto de hora” se ha vuelto consigna entre quienes ven en el poder público una oportunidad de negocios, no de servicio.
En septiembre cumpliré 50 años de haberme graduado como ingeniero de la Universidad Nacional. Recuerdo como si fuera ayer aquel 23 de septiembre de 1975, cuando inicié mi labor como director de Obras Públicas del departamento de Risaralda. Ese día, el conductor del vehículo oficial asignado tocó a la puerta de mi casa. Mi padre, un hombre recto y vigilante, solo atinó a preguntarme cuánto ganaría. Le respondí: $8.800 mensuales, una suma importante para la época. Me tomó del brazo, me llevó a un rincón y me dijo con firmeza: “Espero que ejerza su cargo con dignidad, que deje en alto el nombre de su familia y sus educadores, que no traicione la confianza de quienes lo nombraron, y que no vaya a convertirse en un mísero comisionista. Lo voy a estar vigilando. Pórtese bien, que la vida lo premia.”
Esa advertencia paterna me acompañó durante toda mi vida profesional. Ocupé cargos públicos hasta 1979, y luego ejercí con responsabilidad y ética mi profesión en el sector privado. Nunca tuve un solo llamado de atención por parte de los organismos de control, y jamás negocié mi silencio ante actos irregulares, ni siquiera cuando me desempeñé como concejal y diputado. Nunca utilicé mis cargos para obtener beneficios personales ni para favorecer intereses particulares. Esa actitud, como es de esperar, me costó persecuciones por parte de algunos “dirigentes políticos” que no toleran el control, la crítica ni la transparencia.
Hoy veo con tristeza cómo nuestra ciudad atraviesa una crisis de gobierno alarmante. Un amplio sector de la ciudadanía parece haberse resignado a la mentira y al irrespeto de sus derechos. El actual alcalde ha mostrado claramente sus verdaderas intenciones: se escuda en los errores y delitos de sus antecesores para justificar su gestión y desviar la atención. Lo cierto es que las consecuencias de esa corrupción —como el desastre de Los Colibríes— las pagaremos todos con nuestros impuestos. Y aunque la justicia logre probar el dolo y confiscar bienes, lo recuperado no alcanzará ni para barrer los escombros de lo que alguna vez se anunció como una vía de seis carriles.
Pero lo más grave es que esta administración parece más interesada en hacer politiquería que en gobernar. Violando la ley, manipulando la institucionalidad y utilizando el aparato estatal, el alcalde promueve abiertamente las aspiraciones políticas de su esposa al Senado y de una hijastra a la Cámara. Frente a este proceder, siento la obligación moral de advertir: debemos rechazar este abuso de poder y el uso de lo público con fines personales.
No permitamos que el silencio cómplice nos convierta en parte del problema. La dignidad del servicio público aún puede y debe rescatarse. Después, no digan que no se les advirtió.
Totalmente de Acuerdo con tu Apreciación mi apreciado Amigo.
Y como tú muy Bien lo Afirmaste, estamos frente a un Pueblo, indolente y Resignado a que cada Cuatro años llegen Mercaderes a administrar Nuestris Recursos y NO lo que es el Deber Ser de UN Administrador.