La historia constitucional de Colombia es también la historia de su democracia. Antes de 1991, el país vivía bajo un Estado de derecho formalista, las leyes se cumplían, aunque muchas veces fueran contrarias a los derechos humanos.
El orden institucional descansaba en tres poderes clásicos —ejecutivo, legislativo y judicial—, con un bipartidismo cerrado y sin órganos de control como la Corte Constitucional o la Fiscalía. Los alcaldes eran designados por los gobernadores, y solo a partir de 1986 se introdujo la elección popular de estos cargos.
La Asamblea Constituyente de 1991 transformó ese esquema. Con la nueva Constitución, Colombia dejó de ser un Estado de derecho para convertirse en un Estado social de derecho, donde la dignidad humana, la justicia social y la igualdad real se convirtieron en mandatos obligatorios. Se reconocieron derechos fundamentales en todas sus dimensiones, se creó la acción de tutela como mecanismo inmediato de protección, y se fortaleció la participación ciudadana. Fue, sin duda, un salto histórico hacia una democracia más incluyente.
Tres décadas después, la Constitución de 1991 enfrenta un dilema, su carácter garantista, celebrado en su origen, hoy es cuestionado por sectores que la consideran excesiva.
La proliferación de derechos, sumada a la falta de cultura ciudadana, ha derivado en abusos y en una peligrosa pérdida de respeto por la autoridad y por el otro.
En la arena pública se calumnia, se injuria y se acusa sin pruebas, como si la libertad de expresión fuera licencia para la difamación.
La política, en lugar de ser un espacio de deliberación programática, se ha convertido en un escenario de ataques personales.
La contienda electoral actual lo demuestra, ante la ausencia de propuestas sólidas, muchos candidatos recurren a la descalificación y al espectáculo mediático.
El panorama de los aspirantes al Senado, la Cámara y la Presidencia refleja una crisis de representación.
La mayoría carece de trayectoria en la vida pública, son “aparecidos” impulsados por casas políticas que los convierten en proyectos de negocio.
La política se ha transformado en una industria lucrativa, donde el poder se mide por el gasto en publicidad y no por la capacidad de construir consensos o defender principios.
La pregunta es inevitable: ¿ cuántos de estos candidatos buscan realmente representar los intereses de sus electores y trabajar por el bien común?
La práctica demuestra lo contrario. El Parlamento, por ejemplo, ha sido incapaz de aprobar reformas necesarias para el pueblo, bloqueadas por intereses de grandes grupos económicos que presuntamente financian campañas.
El riesgo es claro, la democracia colombiana, que en 1991 se fortaleció con mecanismos de participación y protección de derechos, hoy corre el peligro de degradarse en un Estado de opinión, donde lo que importa no es la construcción de políticas públicas sino la capacidad de manipular emociones y titulares.
La Constitución de 1991 fue concebida para garantizar la dignidad y la justicia social. Pero su espíritu se ve amenazado por una clase política que, en lugar de honrarla, la instrumentaliza.
La democracia no puede reducirse a un mercado de candidaturas ni a un escenario de insultos. Requiere líderes con conciencia de clase, con principios, con visión de país.
Colombia necesita recuperar el sentido original de su Constitución, un pacto social que obliga al Estado y a los ciudadanos a construir condiciones reales de igualdad y respeto.
La política no puede seguir siendo un negocio ni un espectáculo.
Si la democracia se convierte en un circo de acusaciones y publicidad vacía, el Estado social de derecho corre el riesgo de ser una promesa incumplida.
Javier Ríos Gómez
Hola Javier,buenos comentarios estoy de acuerdo,la.política se volvió un negocio lucrativo y de pura corrupción.