El año pasado el Congreso de la República aprobó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 de educación superior con el fin de modificar la forma en que se determinaba el monto de las transferencias del gobierno nacional a las universidades públicas del país y de esta manera no continuar aumentando el déficit financiero histórico de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
Un reciente estudio de la Contraloría General de la República, “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, concluyó que solo una de las treinta y cuatro universidades públicas del país es autosostenible. Según el ente de control la educación superior pública enfrenta un “desfinanciamiento estructural”.
El 24,2% (8 IES) presenta bajos niveles de solvencia financiera para cubrir sus obligaciones. Solo un 24,2% de las universidades públicas mantiene niveles de endeudamiento inferiores al 10%. El 97% de las IES del estudio no logra sostener su operación con los recursos que ellas generan.
En el estudio también se analizó la proyección del pasivo pensional que constituye una alta carga estructural de las universidades públicas. En el año 2024 el pasivo pensional del sistema universitario público ascendió a los $10,3 billones.
Igualmente, en el análisis se muestra la concentración de los gastos del sistema en las IES públicas más grandes y las diferencias en los ingresos por estudiantes, que fluctúan entre $11.426.139 y $525.777, con un promedio nacional de $4.512.090 en el periodo de análisis (2019-2024).
A pesar de lo anterior, se reconoce los avances de las universidades públicas en materia de inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos.
Puede concluirse del estudio de la Contraloría General de la República que la modificación a la Ley 30 no alcanza a corregir los problemas estructurales de financiación de las IES públicas. También que una mirada integral a la educación superior debe hacerse reconociendo el sistema mixto (IES públicas y privadas) como camino para promover una mayor sostenibilidad institucional, más eficiencia en el gasto público y más equidad y libertad en el acceso a la educación superior.
