LA ESTUPIDEZ DEL GOBIERNO DESTRUYE A COLOMBIA

La capacidad de asombro ante las decisiones del Gobierno Nacional no tiene fin, pero la última medida, el infame Decreto 0572 de 2025 –cuya problemática fue acertadamente expuesta en un Editorial del diario El Espectador bajo el título “El decreto tributario es irresponsable”–, traspasa cualquier umbral de la lógica, la sensatez y la mínima responsabilidad fiscal.

Con esta norma, que de manera desesperada pretende anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente a 2026, el Gobierno de Gustavo Petro no solo desnuda la catastrófica e irresponsable gestión de las finanzas públicas, sino que, peor aún, pone en blanco y negro que al parecer le fastidia, y no poquito, todo lo que huela a empresa formal, a esa gente que se rompe el lomo para generar empleo y lograr que el país eche pa’lante. La estupidez del Gobierno Nacional actual no tiene límites y su voracidad fiscal es insaciable.

Desde los salones del palacio presidencial se destila una visión de la economía tan torpe como peligrosa: la idea de que quienes generan empresa en Colombia son una partida de ricachones que tienen una maquinita de hacer billetes en el sótano y bolsillos sin fondo y listos para satisfacer cualquier capricho fiscal del gobernante de turno. ¡Qué ceguera tan tremenda! No se dan cuenta, o peor, hacen como que no ven que con esa mentalidad depredadora están degollando a la gallina de los huevos de oro, esa que con tanto esfuerzo pone el sustento en la mesa de miles.

La nueva ocurrencia no es otra cosa que apretarles la soga al cuello a todos los empresarios, desde el más grande hasta el pequeño tendero de barrio. Los están empujando, sin misericordia, a endeudarse hasta las cejas, a guardar en un cajón los planes de inversión –esos que sí traen progreso de verdad-. Y a los más frágiles los arrastran sin apelación a bajar la persiana para siempre. Es una asfixia lenta y calculada, como un satánico «chu chu chu«, una sentencia de muerte para el motor que mueve este país, para quienes de verdad quieren trabajar y prosperar.

Lo que cualquier empresa requiere como condición para operar, crecer, innovar y generar empleo de calidad es un horizonte predecible. Las inversiones son clave para progresar y se planean con mucho cuidado. El dinero que entra y sale cada día, que es vital para que un negocio funcione, se maneja con lupa. Si de la noche a la mañana, por un capricho gubernamental nacido de su propia incompetencia administrativa, se cambian las reglas del juego, si se exige pagar más y, para colmo de la arbitrariedad, antes de lo financieramente previsto, se dinamita cualquier planificación sensata. Es como si a una familia que cuenta con un ingreso fijo mensual con base en el cual organiza su subsistencia y sus compromisos le notificaran abruptamente que su salario será recortado de manera sustancial y que, con lo que le sobre, deberá ingeniárselas para cubrir todas sus necesidades, sin que valga protesta alguna porque, simplemente, “de malas”.

Esta es la frialdad con la que el Gobierno trata ahora al sector productivo. ¿Y todo esto, este despropósito monumental, ¿por qué? ¿La razón? Pues que al Gobierno le faltó la más mínima habilidad, o quizás la voluntad, para administrar la plata de todos con algo de juicio. Prefirió, cerrado a la banda, seguir despilfarrando en gastos superfluos, engordando una burocracia inútil y regalando la plata en una lluvia de contratos de servicios que son un verdadero escándalo por sus enormes cuantías, en lugar de tener el carácter para efectuar los recortes que cualquier persona con sentido común habría hecho.

Es una pesadilla para Colombia y para los colombianos, quienes ven cómo la improvisación se ha vuelto política de Estado. Es aquí donde se manifiesta con claridad meridiana que, con tanta irresponsabilidad, el Gobierno Nacional borra con el codo lo bueno que hace con la mano -porque no todo es malo-, anulando cualquier avance esporádico con la pesada carga de su ineptitud fiscal.

La ironía resulta dolorosa. En momentos en que alguna estadística oficial sobre el empleo parece ofrecer un efímero rayo de esperanza, sugiriendo una leve mejoría después de mucho tiempo, el Gobierno, en un acto de ceguera o desprecio, decide clavar un puñal por la espalda precisamente a aquellos que con tesón luchan por generar empleo formal y sostenible. El Gobierno sale a hacer fiesta con unos numeritos de empleo que suenan muy bonito en televisión, pero si uno raspa un poquito esa pintura brillante y engañosa, lo que encuentra debajo es bien feo y da hasta escalofrío; de hecho, la mayoría de esa gente que “consiguió trabajo”, en realidad anda en el ‘rebusque’ del día a día. Es el señor que vende dulces en el semáforo o la señora que hace tintos para llevar algo a la casa; eso no es empleo, es pura supervivencia criolla. La informalidad devora la estabilidad laboral y niega la protección social a millones de compatriotas, continúa extendiéndose como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, erigiéndose como la cruda y desalentadora norma. Mientras tanto, las empresas que sí se arriesgan, que sí cumplen con la pesada carga de las normativas laborales y ofrecen empleos con todas las de la ley, ven con desesperación cómo sus costos operativos se disparan, asfixiadas no solo por las dinámicas propias de un mercado complejo, sino también por la insaciable voracidad fiscal de una administración que parece considerarlas más como adversarias a exprimir que como aliadas indispensables del progreso.