Los números decimales son fundamentales para la precisión en nuestra vida cotidiana, permitiendo medir, pesar y calcular valores menores que la unidad como en la moneda, longitud, peso, etc. Mentalmente los tomamos sin darles la importancia que merecen. A diferencia de los números naturales, los decimales detallan porciones exactas, siendo indispensables en ciencias, finanzas y deportes. Al ser considerados sin importancia por muchos, son utilizados en beneficio de terceros que tienen la capacidad mental, técnica para la toma de decisiones.
Veamos un par de casos de la vida real, y que afectan el bolsillo de los consumidores.
Los decimales en el sector eléctrico, especialmente en facturación por el consumo de energía en nuestros hogares, se muestran cuatro decimales, es decir, un peso lo dividen hasta 10.000 pequeñas unidades. ¿Cuál es la razón? Colombia en 2025 tuvo un consumo de energía eléctrica por encima de los 85.000 millones de kilovatios/hora. Es decir, que cada peso de costo adicional sin justificar representa $85.000 millones. Es por esto que debe medirse con precisión, no es prudente, ni sensato, ni ajustado con el bolsillo de cada hogar hacer aproximaciones al peso, serían miles de millones de pesos que se estaría incorporando el sector eléctrico sin justificación.
Por lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, en cumplimiento de la ley 142 de 1994 que regula los servicios públicos domiciliarios, establece el derecho a la medición real del consumo y la facturación, garantizando tarifas justas y la responsabilidad de las empresas en la precisión de los medidores, evitando cobros excesivos por promedios. A través de resoluciones determina la actualización de la tarifa de energía eléctrica para la liquidación y determinación del valor total del costo unitario de cada kilovatio/hora en la factura; que se utiliza el número entero resultante, seguido de los cuatro primeros decimales.
Hagamos un ejercicio sencillo, si a alguno de nosotros nos preguntaran si sube el costo de la energía en solo un ($1,00) por kilovatio/hora, es muy posible que encojamos los hombros en señal de ver lo poco que representaría en nuestro bolsillo. Pero estamos lejos de la realidad, como se indicó, este peso representa $85.000 millones de pesos de ingresos adicionales para el sector eléctrico. Si el incremento fuera de $12 por cada kilovatio/hora sin un soporte en la estructura del costo unitario de la tarifa de energía, significaría que se embolsillaría un billón de pesos sin justificación el sector. Mírese bien, un billón de pesos.
Por lo anterior hay que estar muy pendientes de los decimales en la liquidación del costo unitario del servicio de energía eléctrica, como decían nuestros ancestros “hay que cuidar los centavos que los pesos se cuidan solos”, dicho que contiene toda una catedra de microeconomía.
La creación de comisiones de regulación resulta fundamental para garantizar la supervisión técnica, legal, administrativa y financiera. Es el monitoreo y control del funcionamiento de mercados monopólicos. La gran preocupación de la existencia de estas comisiones es su posible captura por parte de los controlados.
Todo este enjambre de decimales y de pesos ha generado una gran discusión entre el gobierno y muchos actores del sector eléctrico quienes se han visto más controlados en el manejo de la bolsa de energía, los embalses, que han llevado a tensiones.
Un segundo caso se dio inicio entre el Gobierno y las empresas gasíferas por una orden del gobierno nacional, conocida el 4 de marzo presente, para que se le reembolsen más de $150.000 millones a usuarios del gas natural. Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía señaló a las compañías como responsables de un cobro excesivo que data de 2023. Actores del sector acusaron un intento de controlar artificialmente los precios de un servicio que crece en costos de materias y operación.
La raíz del dilema es la caída en la disponibilidad de gas para atender la demanda. Según las proyecciones de la CREG,este mismo año el mercado exigirá 800 millones de pies cúbicos por día (mpcd), pero la producción estará por el orden de los 500 mpcd. Es decir, hay una brecha y debe importarse la molécula para responderle a los consumidores.
En ese contexto de precios crecientes, los comercializadores, quienes son los que venden el gas al consumidor final, habían solicitado a la CREG que el valor del transporte, que es el servicio de gasoductos para traer el gas desde el campo de producción hasta los centros de consumo. Mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023, la tasa WACC para el transporte de gas natural pasó de 10,94% a 11,88%. La decisión la adoptó la CREG, entidad encargada de regular monopolios naturales como el transporte de gas cuando la competencia no es posible y garantizar tarifas eficientes. Ese ajuste surgió de una regla automática prevista en la Resolución CREG 004 de 2021 estableció que, si variables macroeconómicas se alteraban, como es el impuesto de renta y las tasas de interés, se debe efectuar el recálculo de la tasa de descuento, cuando la tarifa supere el umbral del 4%. Como ocurrió, debido al aumento en el impuesto de renta y la disminución de las tasas de interés. Estas últimas cayeron desde 13,25% en 2023, a 9,25% en 2025, pero el impuesto de renta pasó de 31% a 35%.
Así, el nuevo cálculo, publicado para comentarios en abril de 2023 y aprobado en junio de ese año, fijó la tasa en 11,88% antes de impuestos. Ese cambio, que en apariencia parece marginal, pero tiene un efecto directo sobre la tarifa. Cuando el porcentaje del WACC sube, la remuneración reconocida también aumenta. Y ese incremento se traslada de inmediato al componente de transporte que pagamos los usuarios. Ese cambio, en apariencia parece marginal, pero tiene efectos directos sobre las tarifas. El WACC define la rentabilidad reconocida a las empresas por su inversión en infraestructura.
¿Qué es el WACC? En español es el Costo Promedio Ponderado del Capital, es la tasa de descuento utilizada para valorar inversiones, representando el costo medio de financiar los activos de una empresa mediante deuda y con fondos propios. Mide la rentabilidad mínima esperada que satisface a acreedores y accionistas. En su medición se tienen en cuenta datos muy importantes que pueden afectar la rentabilidad de los inversionistas, como son las tasas de interés que pueden variar debido a variables internas y externas que son de difícil predicción, como también las tasas impositivas, que varían dependiendo de cómo se desarrolle la economía y de decisiones del ejecutivo y el legislativo. En este orden, es normal que en los contratos de largo aliento se consideren cláusulas que permitan la revisión de este cálculo.
Es“lógico” que la CREG tomara esa decisión de reconocer el 10,94% en el WACC, ya que es impopular para el Gobierno que no se dispare el precio de la factura en los hogares. La CREG debe definir los mecanismos y cronogramas para que las empresas devuelvan el dinero cobrado de más a los usuarios.
“La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga de las familias”, indicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Complementando a la frase del ministro; la regulación económica debe proteger al más débil, el usuario, quien no tiene la información oportuna y confiable, además, en su inmensa mayoría no conoce el complejo mundo de la regulación de mercados monopólicos. El estado debe regular los mercados, sin regulación se generan injusticias económicas y sociales, que es en esencia lo que busca la teoría neoliberal, la liberación de todos los mercados.
La síntesis de este caso es ver cómo ese mayor valor de 0,94% de reconocimiento a los inversionistas, según la CREG, representan $150.000 millones de pesos de mayor cobro a los usuarios, en promedio, son $13.500. En apariencia es poco el impacto en los usuarios, pero de una inmensa significancia para los inversionistas. Aquí también aplica el dicho de nuestros ancestros.
