En Risaralda, hablar de salud pública no es hablar de prevención ni de calidad, es hablar de esperas interminables, de cirugías aplazadas por meses y años, de medicamentos que no llegan y de pacientes que aprenden a vivir con el dolor, porque el sistema no responde. En el centro de ese malestar ciudadano aparece con frecuencia la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del país y, paradójicamente, una de las más cuestionadas por su inoperancia en la atención efectiva de los usuarios.
La situación dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un asunto de derechos fundamentales. En Pereira y en varios municipios del departamento, la tutela ya no es un recurso excepcional; es el camino ordinario para acceder a procedimientos o tratamientos. Y, aun así, ni siquiera la orden judicial garantiza resultados. Los incidentes de desacato se acumulan como constancias escritas de un sistema que promete, pero no cumple; que responde en papel, pero no en la práctica.
La tutela se convirtió en la puerta de entrada al servicio, y el desacato en la prueba de su fracaso. Lo que debería ser un mecanismo heroico de protección constitucional terminó degradado a trámite rutinario, de paso congestionando más a la rama judicial. Detrás de cada expediente hay una historia: un adulto mayor sin medicamentos para la presión, un paciente oncológico esperando autorización, una persona con enfermedad crónica que raciona pastillas porque la entrega nunca llega completa.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emite alertas, hace llamados y convoca mesas de trabajo. Pero en la percepción ciudadana, su voz se diluye entre comunicados y promesas que no cambian la realidad cotidiana. Muchos empiezan a ver en esta institucionalidad una figura decorativa, presente en la norma, ausente en la corrección efectiva del daño. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién responde cuando la omisión mata? Porque, aunque no siempre sea posible cuantificar con exactitud cuántos decesos son atribuibles a la negligencia del sistema, es innegable que la interrupción de tratamientos, la demora en cirugías y la falta de medicamentos tienen consecuencias fatales. La salud no admite dilaciones administrativas; el tiempo que se pierde en un escritorio se paga en camas de hospital y, a veces, en funerales silenciosos.
El problema no es solo operativo. Es estructural. La Nueva EPS arrastra una crisis financiera que impacta directamente su capacidad de respuesta; redes de prestadores desfinanciadas, clínicas que limitan servicios, farmacias que no despachan por falta de pago. A esto se suma la reciente crisis en la entrega de medicamentos, que dejó a miles de usuarios en la incertidumbre justo al comenzar el año. El anuncio de aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), su valor sigue siendo insuficiente y en medio de la infamia, el Minsalud, políticamente, busca aumentar la nómina burocrática en 60 %, con costo anual de $60 mil millones.
Si la Nueva EPS es una entidad con mayor aporte público y hoy se encuentra bajo intervención estatal, la responsabilidad no puede diluirse en informes técnicos. Risaralda, en particular, tiene derecho a exigir resultados concretos y responsables identificables. Aquí la Procuraduría General de la Nación debería asumir un papel decisivo, no solo preventivo. La omisión reiterada frente a órdenes médicas y judiciales no es una falla menor; es una vulneración directa del derecho fundamental a la salud, que amerita investigaciones disciplinarias serias e incluso inhabilidades para quienes han permitido que esta crisis se normalice. Es urgente un plan de choque real, con metas verificables, sin cirugías represadas, cumplimiento riguroso de fallos de tutela y sanciones ejemplares frente al desacato. Sin eso, la intervención será apenas un cambio de membrete, y un Estado que permite que una tutela fallida sea la esperanza a una cita, termina convirtiendo a la Constitución en un afiche: bonito, solemne e inútil.
Jaime Cortés Díaz
